La fiscal de Estado de la provincia de Formosa, Stella Maris Zabala, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que rechazó un amparo de una comunidad originaria contra la instalación de la planta de procesadora de uranio de la empresa Dioxitek. Con este fallo, el máximo tribunal de la Argentina desestimó el pedido para frenar la construcción de la planta y cerró el amparo «absolutamente”.
La fiscal de Estado de Formosa recordó que esta causa había sido planteada ante la CSJN “por un sector de una comunidad originaria y (Luis) Naidenoff, cuando ocupaba el cargo de Senador nacional por la provincia». «Fue sumamente resonante porque presentaron un amparo solicitando que se paralizara la construcción de la planta procesadora de uranio de la empresa Dioxitek”, explicó Zabala.
El argumento que sostenían era que no se había efectuado el procedimiento de consulta previa que establecía el convenio 169 de la Organización General del Trabajo (OIT). También, planteaban que éste iba a contaminar y enfermar a todos los habitantes, cuestionando hasta el lugar dónde se hacía y cómo se lo había adquirido.
Al contestar la demanda, la fiscal de la provincia de Formosa planteó una cuestión de competencia. “Fue resuelta en el sentido de que le correspondía entender a la CSJN y rechazó, desde el primer momento estos planteos porque no se aplicaba el convenio de la OIT en el proyecto de Dioxitek, ya que no afectaba directamente a ninguno de los pobladores ni a los vecinos del lugar”.
Zabala detalló que “aún cuando no se aplicaba el convenio de la OIT, se hicieron audiencias públicas para clarificar y darle participación a todos los que quisieran, explicando con científicos cómo era el procedimiento con respecto al uranio. Además, quienes plantearon el amparo habían estado en la audiencia pública”.
Dioxitek: la Corte Suprema cerró el amparo y avaló el procedimiento provincial
“La Corte fue sumamente terminante y le dio la razón, contundentemente, a la provincia de Formosa”, resaltó Zabala. «Dijo que el convenio 169 de la OIT no es aplicable, ya que ese derecho a la consulta no se concede en todos los casos”, aseguró la fiscal de Estado.
“Además la Corte especificó que nosotros hemos dado en audiencias públicas todas las explicaciones y no hemos provocado ningún daño de ninguna manera”, marcó. «Las tierras donde se emplaza este proyecto no pertenecen a los aborígenes de ninguna manera, sino que fueron compradas a un particular como correspondía con el procedimiento que la ley marca”, sostuvo Zabala.
Por otro lado, puso de resalto que esta planta procesadora de uranio de Dioxitek va a aportar calidad nuclear para la fabricación de elementos combustibles que “son necesarios para el funcionamiento de Atucha 1 y 2 y Embalse, generadores de energía núcleoeléctrica que aportan al sistema interconectado del país”. «Esta planta de Formosa que se está desarrollando forma parte de la política federal en materia nuclear», concluyó Zabala.
Fuente: Noticias Formosa
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