El Ejecutivo confirmó este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, del 10 al 31 de diciembre, con posibilidad de extenderlas durante enero y febrero. El anuncio, que llega luego de la reunión entre Javier Milei y los gobernadores, busca mostrar una imagen de consenso político en torno a una agenda de reformas estructurales. Sin embargo, las resistencias gremiales, opositoras y judiciales prometen un escenario de alta tensión.
Desde Casa Rosada señalan que el paquete legislativo apunta a “modernizar el Estado y liberar la economía”. Pero puertas adentro del Congreso, la oposición ya advierte que las reformas implican un retroceso en derechos laborales y en la progresividad tributaria.
Reforma laboral: el eje más conflictivo del Congreso
El proyecto más sensible es la reforma laboral, que busca flexibilizar la contratación y reducir costos empresariales. Entre los puntos más controvertidos se destacan:
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Extensión de la jornada laboral hasta 12 horas.
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Pago de indemnizaciones en cuotas.
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Acuerdos laborales por empresa y no por actividad.
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Vacaciones fraccionadas y banco de horas.
El oficialismo argumenta que estas medidas permitirán “dinamizar el empleo formal y aliviar la carga sobre las Pymes”. Pero los sindicatos ya anticiparon un rechazo frontal: la CGT prepara una movilización nacional si el Congreso intenta avanzar sin diálogo social.
Críticos advierten que el esquema reproduce buena parte de lo que el Gobierno intentó imponer por decreto con el DNU 70/2023, declarado inconstitucional. La duda es si ahora el Congreso, con una nueva correlación de fuerzas, servirá de aval político para reintroducir los mismos contenidos bajo otro formato.
Reforma tributaria: alivio para algunos, presión para otros
El segundo gran eje del paquete será la reforma tributaria integral, que busca simplificar el sistema y bajar la presión impositiva. Entre los cambios previstos se mencionan:
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Suba del Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias.
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Nuevas deducciones personales y beneficios para contribuyentes simplificados.
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Un IVA “dividido” entre Nación y provincias.
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Revisión de los impuestos provinciales más distorsivos, como Ingresos Brutos.
El discurso oficial se apoya en la idea de “competencia fiscal” entre provincias, pero economistas advierten que esa lógica puede acentuar las desigualdades territoriales. Las provincias más pobres, que dependen de la coparticipación, temen perder autonomía fiscal frente a los distritos más desarrollados.
Reforma penal: endurecer la ley en nombre del orden
El tercer proyecto en agenda apunta a una reforma profunda del Código Penal. Inspirada en el lema “el que las hace, las paga”, propone endurecer las penas y ampliar los delitos imprescriptibles. Incluye medidas como:
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Prisión perpetua sin libertad condicional para delitos graves.
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Decomiso anticipado de bienes vinculados al delito.
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Presunción en favor de la autoridad para casos de legítima defensa.
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Nuevas figuras penales vinculadas a ciberdelitos, pornovenganza y trata de personas.
Si bien el endurecimiento penal tiene respaldo social, juristas y organismos de derechos humanos alertan sobre riesgos de discrecionalidad y regresión en garantías constitucionales, especialmente en el uso de la fuerza por parte del Estado.
Una mayoría más cómoda, pero no absoluta en Diputados
El oficialismo llega a este debate fortalecido por las elecciones legislativas de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO lograron asegurarse un tercio del Congreso, suficiente para bloquear vetos y negociar desde una posición dominante.
Sin embargo, la diversidad de fuerzas provinciales y la fragmentación opositora obligarán al Gobierno a sostener un fino equilibrio entre pragmatismo político y radicalidad ideológica.
Análisis: el laboratorio de las reformas
Las sesiones extraordinarias se perfilan como un laboratorio político donde el Gobierno pondrá a prueba su capacidad real de conducción institucional. Las reformas prometen transformar el país, pero también ensayan un modelo de poder que combina centralización, tecnocracia y una retórica de “shock modernizador”.
El desafío será evitar que la velocidad legislativa se imponga sobre el debate democrático. Porque detrás de la promesa de eficiencia, lo que está en juego es el tipo de contrato social que la Argentina está dispuesta a redefinir.
Con información de C5N.
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