La idea de una reforma laboral no es nada nuevo bajo el sol patrio, de hecho la idea ya se usó en Argentina. 3 veces. Desde la Ley de Empleo de Carlos Menem a comienzos de la década de los noventa, pasando por el fallido intento de Cambiemos bajo Mauricio Macri, hasta la propuesta que el Gobierno de Javier Milei promete enviar al Congreso, todas tienen la idea de que la “flexibilización” de los derechos y condiciones laborales van a terminar generando más trabajo. Sin embargo, la vasta experiencia histórica muestra que lo que termina creciendo no es el trabajo digno, sino la precarización laboral.
Menem y los “contratos basura”
La Ley de Empleo 24.013, sancionada en 1991, fue la piedra angular del modelo neoliberal en el mundo del trabajo. Desde este momento se dejó de hablar de “trabajo” y se empezó a hablar de “empleo”, pasando de un valor social a un bien de mercado. Como esa época también estuvo marcada por las recetas del FMI, se instaló en la población y en la política, la necesidad de “ajustar las leyes laborales para atraer inversiones”.
Entre las novedades más polémicas, la ley habilitó un abanico de contratos temporales, que más tarde fueron conocidos como “contratos basura”, que permitieron la contratación precaria bajo condiciones especiales y plazos limitados. Modalidades como “práctica laboral para jóvenes” o “trabajo por lanzamiento de nueva actividad” fragmentaron al colectivo de trabajadores en permanentes y contratados, debilitando los vínculos sindicales.
Al momento de su aprobación, la Ley de Empleo contaba con 160 artículos y tenía como eje principal la “flexibilización” laboral. Esto significaba facilitar a las empresas la posibilidad de modificar su personal según el mercado financiero, traspasando así el peso del riesgo económico a los trabajadores y trabajadoras.
En ese entonces, el “pleno empleo” todavía era considerado un pilar de las políticas económicas, el desempleo masivo y la pobreza crónica eran fenómenos marginales y la tasa de criminalidad en Argentina estaba entre las más bajas del planeta. Todo eso cambió cuando el modelo reventó en la crisis del 2001, dejando una cuarta parte de la población económicamente activa desocupada, un 50% de empleo informal y un índice de pobreza 20 veces mayor.
Macri y sus 145 artículos
En 2017 vuelve a aparecer en nuestras vidas la reforma laboral, esta vez de la mano de Mauricio Macri y con la narrativa de la “modernización”. Si bien el intento quedó trunco, se trataba de una reforma laboral de 145 artículos que, entre otras cosas, buscaban modificar la ley de Contrato de Trabajo, reducir las indemnizaciones por despido, limitar los juicios laborales y promover nuevas modalidades de formación profesional.
El mercado también fue la razón de este proyecto, supuestamente, la reforma laboral iba a ser un paso necesario para competir a nivel mundial. Algo que terminó de hundir el proyecto fue la reforma previsional de 2017, que buscaba elevar el mínimo de edad jubilatoria a 70 años modificando la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal que la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse sólo podía aplicarse a partir de los 70 años de edad del trabajador. Además, incluía la reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019, con un recorte presupuestario en seguridad social de 72.000 millones de pesos (aproximadamente 4.100 millones dólares) para el año fiscal 2018.
Milei y su reforma “a medida”
Con la bandera de la “modernización laboral”, el Gobierno de Javier Milei se prepara para un nuevo intento. Si bien todavía no presentó formalmente el proyecto de ley, fuentes del Ejecutivo y el texto presentado por la Diputada Romina Diez (La Libertad Avanza) dan pistas de su contenido. A ello se suman declaraciones del secretario de Trabajo, Jorge Cordero, y el fallido capítulo laboral del DNU 70/2023.
Una de las propuestas centrales es pasar de los convenios por actividad a los convenios por empresa, lo cual permitiría fragmentar la negociación colectiva e imponer escalas salariales diferenciadas. También se discute eliminar la “ultraactividad” de los convenios, lo que dejaría sin efecto adicionales como antigüedad o zona desfavorable una vez vencidos los contratos colectivos.
El proyecto incluye la posibilidad de pagar indemnizaciones por despido en cuotas, hasta 12 en caso de las PyMEs, y habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral para financiar anticipadamente las indemnizaciones, aunque su implementación real sigue en veremos. En paralelo, se estudia la incorporación de aumentos salariales ligados a la productividad individual, desplazando las paritarias como eje de negociación.
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¿Vuelven los tickets canasta?
Como un guiño a los ’90, la propuesta del gobierno incluye la posibilidad de que parte del salario vuelva a pagarse en tickets alimentarios. Los famosos tickets canasta, o vales, que circularon bajo nombres como “Luncheon Ticket” o “Ticket Restaurant”, fueron derogados en 2007 tras demostrarse que implicaban una reducción efectiva del salario y una pérdida millonaria para los trabajadores, las obras sociales y el Estado.
El problema de que vuelvan es justamente ese: los tickets no se computan como parte del salario, por lo tanto, no aportan a jubilación, aguinaldo ni indemnización, y favorecen la ganancia de un puñado de empresas emisoras.
Una misma receta
Menem habló de “eficiencia”, Macri de “competitividad” y Milei de “modernización”, pero las 3 reformas apuntan a lo mismo, reducir los costos laborales trasladando el ajuste al trabajador. En todos los casos se prometió que las reformas iban a llevar a la creación de empleo formal, pero basta solamente con ver los datos actuales para ver que el mercado no sigue esa lógica. En el segundo trimestre del 2025, la informalidad laboral (es decir, puestos de trabajo que no cuentan con estabilidad, aportes jubilatorios, obra social o vacaciones pagas) fue de 43,2% según el INDEC, es decir 1,6% más que el mismo período de 2024.
Mientras tanto, el impacto concreto lo sienten sobre todo los sectores más precarios: jóvenes, mujeres, trabajadores informales y quienes dependen de convenios que podrían dejar de existir. El discurso de Milei promete no ir “por los derechos de nadie”, pero los antecedentes dejaron demostrado que las reformas flexibilizadoras no crean empleo, crean desigualdad.
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