La mañana del miércoles 29 de octubre, los vecinos de las favelas del Complexo da Penha y Alemão encontraron decenas de cadáveres en una zona boscosa conocida como Mata da Vacaria. La escena era dantesca: cuerpos con perforaciones de bala en la nuca, varios con las manos atadas, depositados uno al lado del otro en la Plaza San Lucas. Según testimonios recogidos por medios locales, muchas de las víctimas habrían sido ejecutadas sin presentar resistencia, en lo que constituye uno de los episodios más oscuros de la violencia policial brasileña.
El responsable político de esta tragedia tiene nombre y apellido: Cláudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro y miembro del Partido Liberal, la misma fuerza política que lidera el expresidente Jair Bolsonaro. Castro no solo defendió el operativo que dejó al menos 132 muertos, sino que lo calificó de «éxito» y solo lamentó el fallecimiento de los cuatro policías caídos en los enfrentamientos. Su indiferencia frente a las más de 120 víctimas civiles, en su mayoría jóvenes negros de las periferias, revela la esencia de su proyecto político: el exterminio como estrategia de gobierno.
La planificación de la masacre
La llamada «Operación Contención» movilizó a 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar, decenas de vehículos blindados, helicópteros artillados y drones. El objetivo oficial era detener a 100 personas con órdenes de captura vinculadas al grupo criminal Comando Vermelho. Sin embargo, el resultado fue un baño de sangre que paralizó a toda la ciudad: escuelas, hospitales, universidades y comercios cerraron, las principales vías quedaron bloqueadas y el terror se apoderó de millones de cariocas. Ignacio Cano, sociólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, señaló que se trató de un «déjà vu» de las operaciones habituales en la ciudad, pero «a una escala nunca vista anteriormente».
Lo que distingue este caso de otras masacres policiales en Brasil es su evidente motivación electoral. Cáudio Castro, quien busca postularse al Senado en 2026, necesita mostrarse como un líder «duro contra el crimen» ante su base electoral bolsonarista. Mariana Araujo, directora del Instituto Fogo Cruzado —organización que monitorea la violencia armada en Brasil—, fue contundente: «Las mayores masacres policiales en Río de Janeiro ocurrieron en los últimos cuatro años, con este gobernador«. Según Araujo, Castro utiliza la seguridad pública como «propaganda para su candidatura», cambiando de «enemigo público número uno» cada pocos meses sin que ninguno termine preso.
Qual o conceito de “operação de sucesso” de Cláudio Castro?
É ter a operação mais letal da história do Brasil, milhares de pessoas em pânico e o RJ num cenário de guerra?
Todo esse caos para apreender menos fuzis do que na casa do amigo do Ronnie Lessa, assassino de Marielle e… pic.twitter.com/KQeWtaYrlt
— Matheus Gomes (@matheuspggomes) October 29, 2025
La estrategia de Castro se inscribe en un proyecto político más amplio impulsado por el clan Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, aplaudió públicamente la masacre desde su posición como jefe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Una semana antes del operativo, Flavio había sugerido una intervención militar estadounidense en la Bahía de Guanabara, alineándose con la agenda de Donald Trump de combatir el «narcoterrorismo». Los mensajes no fueron casuales: los Bolsonaro buscan militarizar la lucha contra el crimen organizado, una agenda que requiere demostrar la supuesta «gravedad» de la situación con hechos espectaculares.
César Muñoz, director para Brasil de Human Rights Watch, fue categórico: «Una operación policial exitosa es la que termina con la detención de los sospechosos, su enjuiciamiento y su condena, y eso no es lo que ha pasado aquí. Esto es un baño de sangre, una enorme tragedia«. Muñoz exigió que la fiscalía investigue no solo las muertes, sino las decisiones tomadas por el comando policial y las autoridades estaduales al ordenar la acción. El problema, advirtió, es que históricamente la misma policía se encargaba de investigar las muertes causadas por sus agentes, en un claro conflicto de intereses.
La ineficacia de estos operativos es otro aspecto crucial que Castro prefiere ignorar. Los expertos coinciden en que estas acciones cuasimilitares no desmantelan a los grupos criminales: si un joven muere, al día siguiente otro ocupa su lugar. Cano explicó que si el gobierno realmente quisiera debilitar al Comando Vermelho, debería investigar sus tentáculos financieros y los funcionarios corruptos que siempre están detrás de estas organizaciones. En cambio, lo que se aplica es «el principio de que el bandido bueno es el bandido muerto a escala amplia, como si fuera una política pública».
La respuesta del gobierno nacional
La respuesta del gobierno federal fue inmediata. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó «aterrado» ante la noticia y «sorprendido» por no haber sido notificado del operativo. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, cuestionó si lo sucedido «es compatible con el Estado democrático de derecho» y calificó la acción de «fuerza bruta». Significativamente, Lula se negó a firmar el envío de las Fuerzas Armadas a las favelas, como pedían Castro y Flavio Bolsonaro, evitando alimentar la estrategia bolsonarista de militarización.
Esta masacre superó a la tristemente célebre matanza de la prisión de Carandirú en 1992, que con 111 muertos había sido hasta ahora la mayor de la historia brasileña. Aquel episodio, llevado al cine por Héctor Babenco, fue un parteaguas que generó repulsa social y dio origen al Primer Comando de la Capital (PCC), principal rival del Comando Vermelho. La pregunta que queda flotando es qué consecuencias tendrá esta nueva barbarie en un país donde la violencia estatal parece no tener límites.
Cláudio Castro, músico católico que combina citas bíblicas con discursos de «mano dura», representa la continuidad más brutal del bolsonarismo. Su mensaje es claro: en su Río de Janeiro, los jóvenes pobres y negros de las favelas no son ciudadanos, sino enemigos internos que pueden ser exterminados en nombre del «orden público». Y mientras los cadáveres se acumulan en las plazas de las comunidades cariocas, Castro ya piensa en su próxima campaña electoral, construida sobre la sangre de quienes dice proteger.
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