El Gobierno nacional oficializó este miércoles un aumento escalonado en las prestaciones básicas para personas con discapacidad, que alcanzará entre el 29,7% y el 35,4% en total. La actualización se aplicará en tres tramos consecutivos —octubre, noviembre y diciembre—, según confirmaron fuentes oficiales, y será publicada en el Boletín Oficial de este jueves.
El incremento fue definido en la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, integrada por representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Con este ajuste, el Ejecutivo busca recomponer los ingresos de instituciones, profesionales y servicios que trabajan con personas con discapacidad, tras meses de reclamos por la falta de actualización del nomenclador nacional.
El nuevo esquema alcanzará a prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
Contexto judicial y reclamos del sector de discapacidad
La decisión se da en medio de tensiones judiciales y políticas. La semana pasada, el Ministerio de Salud acató una orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que dispuso restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral suspendidas. Sin embargo, se prevé que el ajuste presupuestario de 2026 establezca un tope para el ingreso de nuevos beneficiarios al sistema.
Desde el entorno del interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, señalaron que la actualización “no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos”, con el objetivo de garantizar que “la plata vaya donde corresponde”.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que el incremento forma parte del “compromiso del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención en todo el país”.
Una suba por debajo de la ley
Pese a la actualización, las organizaciones del sector consideran que el aumento sigue siendo insuficiente. La Ley de Emergencia en Discapacidad impone un ajuste del 70%, el doble del concedido por las autoridades nacionales. La última actualización del nomenclador había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024, lo que provocó cierres de centros de atención, demoras en los pagos y la suspensión de varios servicios.
Durante 2025, distintos colectivos como el Foro Permanente de Discapacidad se movilizaron frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir “que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley y brinde respuestas a la crisis terminal que atraviesa el sector”.
Entre el ajuste y la presión judicial
Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron la medida asegurando que en 2023 “las partidas del nomenclador se incrementaron por debajo de la inflación”, y que ahora el Gobierno “avanza en la mejora integral del sistema de atención a la discapacidad, priorizando una gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento de los compromisos con beneficiarios y prestadores”.
Con la resolución ANDIS 13901/2025, publicada el 23 de octubre, el Gobierno intenta mostrar señales de cumplimiento ante las recientes órdenes judiciales y las críticas por la gestión de fondos en el área. El aumento —por encima de la inflación proyectada para 2025, según estimaciones oficiales— representa una medida de contención en un contexto de creciente malestar entre prestadores y organizaciones sociales.
Con información de El Destape.
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