El Gobierno nacional anunció que acatará la resolución judicial que ordena restituir 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas durante el último año. La medida fue dispuesta por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y publicada en el Boletín Oficial a través de la disposición N.º 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución exige al organismo restablecer los beneficios en un plazo de 24 horas y abstenerse de aplicar nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.
Un fallo con impacto nacional
El amparo colectivo fue promovido por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), con el patrocinio del Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera. Según el juez, las bajas dispuestas por la ANDIS afectaron “derechos de indudable naturaleza colectiva, pero también individuales”, vulnerados por “una ejecución irregular y una norma inconstitucional”.
La causa, caratulada “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, amplía los alcances de un fallo previo que beneficiaba solo a Catamarca y Formosa, extendiéndolo a todo el país. El magistrado se basó en el precedente “Halabi” de la Corte Suprema, que habilita el reclamo colectivo cuando un mismo acto administrativo afecta a un grupo homogéneo de personas.
Cumplimiento parcial y polémica
Desde el Gobierno aclararon que el cumplimiento no será total. Voceros oficiales aseguraron que ya se restituyeron 622 pensiones a beneficiarios que acreditaron su incapacidad laboral, y que el resto será evaluado caso por caso.
“El resto de las personas no ha demostrado aún que el beneficio les corresponde. No están dadas de baja definitivamente, pero estamos revisando cada expediente”, explicó el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien además excluyó del restablecimiento a las personas detenidas, a pesar de que el fallo judicial abarca a todos los suspendidos.
Esta decisión reavivó las críticas de organizaciones de discapacidad, que denuncian que el Gobierno incumple parcialmente la medida judicial y mantiene un criterio discriminatorio en la restitución de derechos.
El Gobierno defiende las auditorías y denuncia irregularidades
Desde el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, defendieron el proceso de auditorías sobre el sistema de pensiones, argumentando que busca “reordenar un esquema históricamente usado con fines políticos y clientelares”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que desde el inicio de la gestión “se detectaron 27.149 pensiones de personas fallecidas y más de 55.000 beneficiarios renunciaron al beneficio en vez de acreditar incapacidad laboral”. Según el funcionario, esto demostraría “una defraudación al Estado que se está corrigiendo”.
“El objetivo de la gestión es garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y que no haya desvíos ni cobros indebidos”, afirmó Adorni, en un discurso que busca respaldar la política de recortes y auditorías implementada por el oficialismo.
Un proceso judicial que cuestiona el ajuste
El fallo del juez Díaz Martínez representa un duro revés para el Gobierno, que venía defendiendo la suspensión masiva de pensiones como parte del ajuste fiscal y la “depuración” del padrón. Las organizaciones civiles y de derechos humanos sostienen que el Decreto 843/2024, firmado bajo la gestión de Diego Spagnuolo, elevó arbitrariamente el umbral de discapacidad laboral al 66% y amplió las causales de baja sin respetar criterios médicos ni marcos normativos claros.
Para los movimientos sociales, el proceso careció de transparencia, accesibilidad y perspectiva de derechos humanos, afectando a miles de familias que dependen de esos ingresos para cubrir tratamientos, movilidad y alimentación básica.
Entre el cumplimiento judicial y la política del ajuste
Si bien la ANDIS anunció que cumplirá con la resolución, sus funcionarios remarcaron que “restituir indiscriminadamente las pensiones implicaría devolver beneficios a personas que no cumplen los requisitos legales”, incluyendo casos de trabajadores formales, presos o certificados apócrifos.
La tensión entre la Justicia y el Ejecutivo vuelve a poner en el centro la discusión sobre el rol del Estado y la protección social. Mientras el Gobierno intenta mostrar eficiencia y control del gasto, las organizaciones reclaman que el ajuste no puede hacerse a costa de los sectores más vulnerables.
Con información de Misiones Online.
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