En medio del clima electoral que antecede a los comicios del 26 de octubre, una nueva polémica se desató en Formosa luego de conocerse que La Libertad Avanza (LLA) organizó una convocatoria desde un correo no oficial a un domicilio privado, donde se prometía el pago de $190 mil a beneficiarios de programas sociales a cambio de participar en una supuesta capacitación laboral. La maniobra aparentemente sería ilegal, ya que la ley electoral prohíbe los actos proselitistas impulsados desde el Estado dentro de los 25 días previos a las elecciones.
El hecho salió a la luz gracias a una investigación periodística que encendió las alarmas entre los propios referentes libertarios. La actividad, finalmente, fue suspendida.

Anteriormente, durante la jornada de ayer, la Justicia Federal con competencia electoral ya había emitido una advertencia formal al espacio por la realización de actividades consideradas irregulares durante el período de restricción para actos de Gobierno.

La medida judicial fue notificada al partido luego de constatar la organización de operativos con posibles fines proselitistas, en infracción a las normas que regulan la competencia electoral. En su resolución, el juzgado ordenó la suspensión inmediata de toda actividad masiva o de asistencia social no autorizada, y que pueda interpretarse como una acción destinada a captar votos.
El caso que motivó la intervención fue el llamado “Operativo Libertad”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional en la que participan organismos como ANSES y PAMI. Según la Justicia, este tipo de acciones vulneran los principios de igualdad y equidad electoral, ya que el Código Electoral Nacional prohíbe el uso de recursos estatales o partidarios para influir en el electorado dentro de los 25 días previos a los comicios.
No obstante, lo que más encendió las alarmas fue la segunda convocatoria, que aún no fue notificada formalmente a la Justicia porque se conoció hace pocas horas gracias a la prensa local. Este evento fue difundido desde una cuenta no oficial, a nombre de “Vanesa Soledad”, y ofrecía una capacitación laboral dirigida a beneficiarios de los programas Acompañamiento Social y Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). El mensaje prometía $190 mil a quienes asistieran al encuentro.

La cita para la capacitación era en un domicilio ubicado sobre la calle Padre Grotti, donde este miércoles por la mañana comenzó a reunirse una gran cantidad de personas. Sin embargo, cuando la prensa llegó al lugar, se informó que la actividad había sido suspendida por orden del juez Fernando Morán, tras conocerse la advertencia judicial.
El episodio dejó más preguntas que certezas. Según reveló Radio Formosa, el medio que llevó adelante la investigación, la dirección señalada en la convocatoria no corresponde a ninguna dependencia oficial, sino a un galpón administrado por un ex dirigente radical que actualmente milita con La Libertad Avanza. Además, el uso de una base de datos para contactar a beneficiarios de programas sociales plantea un posible acceso irregular a información sensible.
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