La investigación por la desaparición forzada de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024, colocó a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en una encrucijada institucional y política de máxima complejidad. La magistrada no solo enfrenta un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, sino que también fue limitada por la Cámara Federal de Apelaciones para alcanzar una resolución en los próximos meses, dejando al descubierto lo que críticos señalan como una presunta inacción judicial ante una compleja trama de encubrimiento que alcanzaría a las más altas esferas del poder provincial en Corrientes.
La Cámara Federal de Corrientes dictó un plazo perentorio de dos meses para que la jueza Pozzer Penzo avance en la parte central de la investigación y se expida sobre la situación procesal de los imputados. Esta decisión, tomada a finales de septiembre de 2025, se fundamentó en que resultaba «irrazonable» mantener una investigación abierta sin plazos bajo el argumento de esperar la aparición del niño, lo que podía llevar a un proceso «indefinido». El ultimátum obliga a la jueza de Goya a tomar definiciones concretas antes del 29 de noviembre.
El nudo del encubrimiento: Valdés y Pellegrini bajo la lupa
El momento crítico que atraviesa Pozzer Penzo se agrava por las serias denuncias de encubrimiento agravado presentadas por la Fundación La Alameda, que apuntan directamente a funcionarios del gobierno provincial y legislativos, sugiriendo que permitieron que el caso no obtuviera resolución.
La Alameda denunció que se orquestó una maniobra para obstruir, entorpecer y desviar la causa. Esta trama de encubrimiento apuntaría directamente al Gobernador Gustavo Valdés, el Senador Diego Pellegrini, y el abogado José Fernández Codazzi, entre otros.
Un testigo clave en la causa por encubrimiento, uno de los choferes, habría admitido y corroborado en su declaración la información aportada por La Alameda. Según las denuncias, el Senador Pellegrini, tras recibir un supuesto «encargo del gobernador» (Valdés) durante un almuerzo político el 28 de junio, habría instruido a Codazzi en un guion ficcional de un «accidente».
La maniobra incluyó el traslado de Laudelina Peña y su hija Macarena desde 9 de Julio a Corrientes para declarar un relato falso ante la fiscalía provincial, eludiendo el fuero federal. El vehículo utilizado para el traslado, un Volkswagen gris patente AB300BU, pertenecería a una agencia de vehículos del Senador Pellegrini, un estrecho colaborador de Valdés. La operación se habría consumado cuando, horas después de la declaración ante los fiscales provinciales, el gobernador Valdés tuiteó que el caso estaba «casi resuelto».
Gustavo Valdés miente cuando dice que se enteró por los medios y lo volcó a Twitter
Ningún medio a las 11:38 tenía esa información todos se hicieron eco de la noticia por sus tuits
En la entrevista con TN a las 13hs no dice nada sobre su conocimiento por los medios#LOAN pic.twitter.com/b3Sg7N4z4F
— Sole Libertaria (@soleLibertaria) July 10, 2024
La denuncia de La Alameda: vínculos con el poder y desestimación de la pista narco
La Fundación Alameda ha colocado a la jueza Pozzer Penzo en el centro de la crítica, presentando una denuncia formal por mal desempeño, encubrimiento e inacción ante el Consejo de la Magistratura.
El 4 de diciembre de 2024, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por admitir la denuncia presentada por La Alameda, notificando y citando a la magistrada para que ejerza su derecho a defensa en un plazo de 20 días. La Fundación sostiene que en la causa Loan Peña se instaló un mecanismo de encubrimiento que busca obturar la investigación de lo sucedido y proteger especialmente a funcionarios públicos.
Nadie busca a LOAN
Gallego vende humo. La jueza permite acosos escandalosos. Nadie se hace cargo!
VERA DENUNCIO A POZZER PENZO POR MAL DESEMPEÑO pic.twitter.com/u8HUvJcn5m
— Fundación Alameda (@AlamedaCABA) November 7, 2024
Una de las críticas centrales es la supuesta desestimación de la hipótesis narco y la falta de investigación de los vínculos con el poder, a pesar de las claras pruebas que La Alameda afirma tener. La denuncia ampliada por la Fundación en junio de 2025 presenta 30 «preguntas incómodas» que, según la organización, la jueza nunca investigó. Entre los puntos sin investigar que apuntan a la hipótesis narco y la vinculación con el poder se encuentran:
- La evidente desaparición forzada estaría vinculada al crimen organizado, sea trata o narcotráfico, o ambos combinados.
- La falta de indagación a Juan Maidana, un condenado por narcomenudeo con prisión domiciliaria, a quien muchos vecinos señalaban como el principal dealer de 9 de Julio y que seguiría operando.
- Los presuntos vínculos frecuentes entre Mariano Peña (familiar de Loan) y Juan Maidana.
- La posible conexión entre el allanamiento al Clan López un día antes y la desaparición de Loan.
- La supuesta persecución política e ideológica durante algunas testimoniales, donde se indagaba hostilmente sobre la ideología de periodistas, abogados y miembros de ONGs, en lugar de concentrarse en el objeto procesal.
La Alameda alega que la jueza denegó solicitudes de defensores y querellantes para solicitar testimoniales de funcionarios políticos, policiales y judiciales del gobierno de Corrientes, lo que refuerza la crítica sobre su reticencia a investigar los vínculos con el poder.
#URGENTE 💣
José Codazzi tiene una causa en el fuero federal desde 2018 por averiguación de delito que lleva la Jueza Federal Pozzer Penzo
IPP 12842/2018
Está siendo investigado por irregularidades en el registro automotor de Esquina mientras fue interventor. #Loan pic.twitter.com/ci7w7aT1yL— TN Goya (@tn_goya) July 21, 2024
Caso Loan Peña: presión y desgaste judicial
La complejidad del caso también se ve reflejada en las presiones internas y externas que la jueza manifiesta sufrir. Pozzer Penzo ha expresado públicamente que el juzgado federal de Goya cuenta con muy pocos recursos y que necesita más personal para dar respuesta a los requerimientos sociales.
Además de los escasos recursos, la jueza dice estar enfrentado un «viento en contra» y ataques constantes que buscan hacerla ver como deshonesta o incompetente, mencionando que esto busca generar un desgaste en su carrera judicial y afectar la independencia. De hecho, la jueza también ha sido objeto de denuncias por parte del sindicato judicial (UEJN) liderado por Julio Piumato, quien la acusa de maltrato y violencia laboral contra el personal de su juzgado, y de intentar desviar el foco de su propio proceso disciplinario.
En este contexto de presunta inacción frente al poder, denuncias internas de mal desempeño y un ultimátum de dos meses impuesto por la Cámara Federal, la jueza Pozzer Penzo se encuentra en el punto más álgido de su carrera. La falta de una respuesta clara sobre el paradero de Loan Danilo Peña, sumada a la sospecha de que la justicia federal fue cómplice en el encubrimiento de un sistema mafioso que involucra la élite correntina, intensifica la crisis de confianza en el sistema judicial.
El futuro del caso Loan Peña y la carrera de la jueza dependen ahora de las definiciones concretas que logre tomar antes de que finalice el plazo impuesto por sus superiores.
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