Las entidades que integran el Foro Permanente de Discapacidad resolvieron un cese de actividades para este martes 21 y miércoles 22 de octubre, acompañado por una movilización nacional que partirá desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud. El reclamo central apunta a la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero suspendida por el Poder Ejecutivo mediante decreto. Desde el sector advierten que las instituciones, los profesionales y las familias están al borde del colapso.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), señaló que “desde comienzo de año hay cero por ciento de actualización de aranceles en discapacidad, y los años anteriores ya venimos arrastrando un desfasaje muy grande”.
“Pedimos que se cumpla la ley, nada más”
Goldman explicó que la ley fue “aprobada por ambas cámaras, publicada en el Boletín Oficial y luego suspendida hasta que se aclare el origen de los fondos”, lo que calificó como una “contradicción del propio Estado”. “Lo que pedimos no es nada que no tenga que ver con la aplicación de la ley. Pedimos la aplicación de la ley, nada más”, sostuvo el dirigente, que apuntó directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, de quien depende la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El paro también busca visibilizar el cierre de centros de atención y pérdida de profesionales que abandonan el área por la falta de actualización salarial. “En Buenos Aires ya cerró el 20% de los servicios. Los profesionales se van porque no pueden sostenerse”, advirtió.
Un reclamo que se replica en todo el país
La medida tiene alto acatamiento en distintas provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta y Corrientes. En Bella Vista, la licenciada en Psicopedagogía Claudia Amarilla explicó que “casi el 90% de los centros y profesionales se adhirieron al paro. Solo se atienden pacientes particulares que abonan sin cobertura”.
Amarilla detalló que los fondos para actualizar el nomenclador —la tabla que fija los valores de las prestaciones— ya fueron girados a la ANDIS, pero “el organismo no hizo la modificación correspondiente”. “El nomenclador paga 12.370 pesos por sesión, lo que es insostenible. Nosotros no pedimos más ni menos: solo queremos cobrar lo que corresponde por nuestro trabajo”, subrayó la profesional.
Marchamos por lo que nos une: la justicia, la empatía y los derechos.
📅 Miércoles 22 de octubre – 11 h
📍 Desde Plaza Congreso hasta el Ministerio de SaludLa Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, pero el Gobierno no la cumple. pic.twitter.com/o0jmMl2GvC
— Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) October 20, 2025
Demoras, precarización y familias angustiadas
El conflicto también se agrava por los retrasos de entre 60 y 120 días en los pagos y la falta de actualización salarial desde octubre de 2024. “Este aumento recién se vería con suerte en enero o febrero del año que viene, mientras todo sube: la luz, el alquiler, los impuestos. Es algo insostenible”, describió Amarilla.
En Bella Vista, los prestadores organizan reuniones con las familias para explicar la gravedad del panorama. “Amamos nuestro trabajo, pero necesitamos condiciones dignas para seguir. Hay escuelas que no permiten el ingreso de niños sin su maestra integradora, y eso genera angustia en las familias”, contó. Amarilla advirtió además que “muchos colegas ya abandonaron el área de discapacidad por la precarización. Los que quedan en el medio son los prestadores, las familias y los niños”.
“El Gobierno no escucha”
Desde CAIDIS, Goldman cuestionó la “falta de sensibilidad del Gobierno Nacional” y aseguró que existe un amplio consenso social para resolver el conflicto: “El 70% de la población apoya la ley de emergencia. Lo que pedimos no es un gasto desmedido: una de cada cuatro prestaciones se financia con el programa federal Incluir Salud, y el resto con obras sociales, prepagas y el PAMI”.
“El problema es queno se actualizan los aranceles porque se está cuidando el bolsillo de las grandes empresas privadas, mientras los centros cierran y las familias quedan sin atención”, denunció.
Una crisis que amenaza derechos
El paro nacional del sector de discapacidad vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema de atención y acompañamiento en Argentina. La falta de actualización de aranceles, la suspensión de la ley y los recortes presupuestarios ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos y el derecho a la inclusión de miles de personas.
Mientras el reclamo se hace escuchar en las calles, los prestadores insisten en un pedido básico: que el Estado cumpla la ley.
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