La administración nacional de Javier Milei mantiene una política de distribución asimétrica y discrecional de los recursos. El gobierno central redujo el envío de fondos al conjunto de las provincias, afectando tanto a las transferencias automáticas como a las no automáticas. En este contexto de asfixia financiera, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se consolidaron como una herramienta de coacción política: solo en el tercer trimestre de 2025 se repartieron $27.500 millones a ocho provincias aliadas. Al mismo tiempo, el monto no distribuido —que al no ser utilizado es retenido en el Tesoro Nacional— ascendió a $572.189 millones entre enero y septiembre; es decir, estos recursos sirvieron únicamente para “hacer caja” y mostrar un superávit ficticio, ya que son fondos que no se han ejecutado. En octubre, el esquema continuó y benefició a otras dos provincias más.
Según la Ley 23.548, en su artículo 5°, el Fondo de ATN debe destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. No obstante, el Gobierno libertario utilizó estos recursos para favorecer a los distritos que respaldan su programa de ajuste social, mientras acumula más fondos que le permiten sostener un circuito de coerción financiera.
En esa misma línea, esta estrategia continuó en octubre, buscando asegurar la agenda legislativa del oficialismo. Uno de los proyectos que el Gobierno logró paralizar fue la restricción al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), gracias al apoyo de legisladores de Neuquén y San Juan, cuya colaboración tuvo una recompensa financiera inmediata.
De acuerdo con una investigación del medio Raíz Federal, el reparto de ATN en octubre fue el siguiente:
- Neuquén recibió $3.000 millones (acumulando $18.000 millones en el año).
- San Juan obtuvo $2.000 millones (acumulando $6.000 millones en el año).
- Entre Ríos obtuvo $3.000 millones.
- Tucumán obtuvo $3.000 millones.
- Chaco obtuvo $2.000 millones.
Por su parte, los datos del informe del tercer trimestre sobre la distribución de los montos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional muestran que el reparto discrecional se dirigió a:
- Entre Ríos: $6.000 millones (3.000 millones en agosto y la misma cifra en septiembre)
- Misiones: $4.000 millones (septiembre)
- Catamarca: $3.500 millones (julio)
- Salta: $3.500 millones (julio)
- Tucumán: $3.500 millones (julio)
- Santa Fe: $3.000 millones (septiembre)
- Chaco: $2.500 millones (septiembre)
- Corrientes: $1.500 millones (septiembre)
De esta manera, los montos transferidos a estos distritos se vinculan directamente con las decisiones clave que sus legisladores adoptaron cuando el oficialismo requería apoyo. Esta dinámica evidencia que los aliados no solo aceptaron el manejo coercitivo y discrecional del Ejecutivo, sino que también convirtieron su voto en una herramienta de negociación política.
Luego de un mes de parálisis, cuando en agosto casi no se repartieron ATN, el oficialismo sufrió una dura derrota legislativa con el rechazo a los vetos sobre fondos para universidades públicas y salud pediátrica. Sin embargo, en septiembre se liberaron nuevamente los Aportes del Tesoro Nacional, siendo el mes con mayor reparto del trimestre, y se paralizó el proyecto sobre los DNU.
Un esquema de premios y castigos: el reparto discrecional del tercer trimestre y la moneda de cambio legislativa
Un dato relevante es que los ATN se actualizan de manera constante, por lo que el saldo que no se reparte también crece. Es decir, el Presidente no solo cuenta con recursos, sino que decide no utilizarlos para aliviar el ahogo financiero que impone al conjunto de las provincias, en un contexto de fuerte caída de las transferencias nacionales.
En consecuencia, el panorama financiero de las provincias es crítico: las Transferencias No Automáticas se desplomaron un 56,1% interanual en septiembre, el peor registro en dos décadas. Frente a esta situación, los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley en el Congreso para exigir una nueva distribución, luego de que en 2024 solamente se repartiera el 7,3% de $679.898 millones. Se trata de una disputa considerada una verdadera batalla por la supervivencia económica de las provincias, ya que los mandatarios buscan asegurarse fondos destinados a infraestructura, vivienda y caminos, temas críticos para sus jurisdicciones. Los gobernadores, además, han acusado a Milei de “robarse los ATN” y lanzaron esta ley para coparticipar dichos fondos.
De esta forma, al concentrar mayor recaudación, la Nación incrementa su poder de negociación frente a los gobiernos provinciales. Los legisladores aliados, al convalidar este esquema de transferencias, transforman la representación popular que se les otorgó en una moneda de cambio, afectando directamente a la sociedad que dicen representar.
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