La administración nacional de Javier Milei mantiene una política de distribución asimétrica y discrecional de los recursos. El gobierno central redujo el envío de fondos al conjunto de las provincias, afectando tanto a las transferencias automáticas como a las no automáticas. En este contexto de asfixia financiera, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se consolidaron como una herramienta de coacción política: solo en el tercer trimestre de 2025 se repartieron $27.500 millones a ocho provincias aliadas, mientras que el fondo total ascendió a $572.189 millones entre enero y septiembre. En octubre, el esquema continuó y benefició a otras dos.
Según la Ley 23.548, en su artículo 5°, el Fondo de ATN debe destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el Gobierno libertario utilizó estos recursos para favorecer a los distritos que respaldan su programa de ajuste social, mientras acumula más fondos que le permiten sostener un circuito de coerción financiera.
El reparto discrecional del tercer trimestre y la moneda de cambio legislativa
Entre julio y septiembre, un total de ocho provincias recibieron ATN, acumulando un reparto de $27.500 millones. Es relevante señalar que esta ejecución se produjo a pesar de que el fondo no distribuido durante los primeros nueve meses del año ascendió a $572.189 millones, lo que demuestra que el Presidente no solo cuenta con recursos, sino que decide no utilizarlos para aliviar el ahogo financiero que impone al conjunto de las provincias.
Los registros documentales muestran que el reparto discrecional del tercer trimestre de 2025 se dirigió a:
- Entre Ríos: $6.000 millones ($3.000 millones en agosto y la misma cifra en septiembre)
- Misiones: $4.000 millones (septiembre)
- Catamarca: $3.500 millones (julio)
- Salta: $3.500 millones (julio)
- Tucumán: $3.500 millones (julio)
- Santa Fe: $3.000 millones (septiembre)
- Chaco: $2.500 millones (septiembre)
- Corrientes: $1.500 millones (septiembre)
Los montos transferidos a estos distritos se vinculan directamente con las decisiones clave que sus legisladores adoptaron cuando el oficialismo requería apoyo. Esta dinámica evidencia que los aliados no solo aceptaron el manejo coercitivo y discrecional del Ejecutivo, sino que convirtieron su voto en una herramienta de negociación política.
Luego de que en agosto casi no se repartieran ATN, en septiembre el oficialismo sufrió una dura derrota legislativa con el rechazo a los vetos sobre fondos para universidades públicas y salud pediátrica. ¿Qué ocurrió posteriormente? En septiembre se liberaron nuevamente los ATN fondos y fue el mes con mayor reparto del trimestre.
Los datos de septiembre y octubre: la recompensa explícita
En septiembre de 2025, la distribución de estos fondos discrecionales alcanzó su nivel más alto desde mayo: fue de $14.000 millones y la estrategia de coerción continuó en octubre, para asegurar la agenda legislativa del oficialismo.
Uno de los proyectos que el Gobierno está interesado en paralizar es la restricción al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo cual logró gracias al apoyo de legisladores de Neuquén y San Juan, cuya colaboración tuvo una recompensa financiera inmediata. Según una investigación del medio Raíz Federal, el reparto de ATN en octubre fue el siguiente:
- Neuquén: $3.000 millones (acumulando $18.000 millones en el año)
- San Juan: $2.000 millones (acumulando $6.000 millones en el año)
Este esquema demuestra que el Poder Ejecutivo utiliza fondos bajo su control exclusivo para premiar a distritos con figuras alineadas políticamente.
Un esquema de premios y castigos
El uso de transferencias discrecionales para premiar a los aliados se da en un contexto de fuerte caída de las transferencias no automáticas (TNA). El panorama financiero de las provincias es crítico: las TNA se desplomaron un 56,1% interanual en septiembre, el peor registro en dos décadas y el nivel más bajo desde 2005.
Al concentrar mayor recaudación, la Nación incrementa su poder de negociación frente a los gobiernos provinciales. Los legisladores aliados, al convalidar este esquema de transferencias, transforman la representación popular que se les otorgó en una moneda de cambio, afectando directamente a la sociedad que dicen representar.
ADEMÁS EN NEA HOY:
La industria en caída libre: la metalurgia trabaja al nivel más bajo desde la pandemia
En busca de votos y apoyo, Milei combina campaña y promesas de renovación del gabinete
¿Provincias Unidas o Estados Unidos?: la oposición que no incomoda al Gobierno
