La polémica por la criptomoneda $LIBRA, impulsada y defendida públicamente por el presidente Javier Milei, sumó un capítulo explosivo en las últimas horas. La Justicia de Estados Unidos, a través de la jueza federal Jennifer Rochon, advirtió sobre posibles responsabilidades del mandatario, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del empresario estadounidense Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures.
El pronunciamiento surge en el marco de una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York, donde cuatro fondos de inversión internacionales reclamaban al Estado argentino el cobro de activos generados por la criptomoneda $Libra. Aunque la magistrada rechazó el planteo y sostuvo que la Argentina como país no debería responder por esos criptoactivos, dejó asentada una observación que reaviva el escándalo: las responsabilidades personales del presidente y de su entorno más cercano.
“Habrá que ver qué responsabilidad tienen los particulares, como Davis y los funcionarios, entre ellos Javier Milei y Karina Milei”, advirtió la jueza, según informó la periodista Vanesa Petrillo en el programa De Una (C5N).
La resolución judicial abre una línea de investigación directa sobre los vínculos financieros entre los fondos de $LIBRA y el entorno presidencial. Según fuentes judiciales, se ordenó analizar los chats y comunicaciones de los imputados con Javier y Karina Milei, en el marco de la causa por presunta estafa y manipulación de mercado.
$Libra: un proyecto “privado” con aroma a estafa
El caso estalló en febrero, cuando Javier Milei sorprendió al publicar en sus redes sociales un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA, vinculada a un supuesto Proyecto Viva La Libertad. “La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas”, escribió el mandatario en X (ex Twitter).
El 14 de febrero, el presidente Milei publicó este tuit, promocionando el “Viva la Libertad Project” y su “memecoin” $LIBRA.
Según el mandatario, el proyecto financiaría emprendimientos argentinos. pic.twitter.com/HezEpsqZ38— Marín Pilatti (@pilattivergara) February 26, 2025
La publicación redirigía a un sitio web (vivalalibertadproject.com) que, con estética amateur y sin respaldo institucional, prometía inversiones privadas para “impulsar la economía argentina”. Detrás de ese sitio estaba Kip Network, una entidad sin registro público, cuyo correo de contacto era una simple dirección de Gmail.
Pocas horas después del posteo presidencial, la criptomoneda se desplomó más de un 60%. Según la red social X, el 84% de los tokens quedó concentrado en solo diez billeteras, y se detectaron movimientos sospechosos por más de 87 millones de dólares en SOL y USDC, en un esquema similar al de Generación Zoe, la estafa piramidal liderada por Leonardo Cositorto. “Vendían humo, la gente entraba y después se quedaban con la guita de todos”, explicó el periodista Mauro Federico en Minuto Final.
Una advertencia judicial con impacto político sobre los Milei
Aunque el gobierno argentino intentó minimizar el caso, el pronunciamiento de la jueza Rochon representa un golpe político y judicial de alto impacto. La investigación ya no se centra en la Argentina como Estado, sino en funcionarios públicos del más alto nivel, lo que podría implicar responsabilidades personales en delitos financieros internacionales.
El propio Milei intentó despegarse de las acusaciones, asegurando que su gestión “es transparente” y que las denuncias sobre corrupción y el caso $LIBRA forman parte de una “campaña de desprestigio”. Sin embargo, en tribunales y en el círculo financiero internacional, el caso ya tiene otro peso. Lo que empezó como una publicación en redes sociales del presidente se transformó en una investigación judicial que lo involucra directamente a él y a su hermana, en lo que podría ser la mayor criptoestafa vinculada a un jefe de Estado en ejercicio.
Con información de C5N.
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