Hace 4 años ninguno de nosotros tenía mucha idea sobre quién era Fred Machado y parece que la justicia tampoco, ya que su causa estaba, digamos, descansando gracias al silencio judicial. Pero, como el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero estuvo en el centro del narcoescándalo de José Luis Espert, la causa tuvo un despertar repentino. Estados Unidos pidió su extradición y Javier Milei tuvo que firmarla para dar una muestra de independencia judicial. Pero en lugar de eso, más bien parecería confirmar que la justicia argentina sigue moviéndose al compás del poder político y de los intereses externos.
¿Quién es Fred Machado?
Pero aunque era un desconocido para nosotros, los círculos empresariales del sur argentino conocían bien a Fred Machado. Nacido en Chubut, se formó como piloto en Estados Unidos y comenzó a construir un perfil empresarial en torno a la aviación y proyectos inmobiliarios. Ambas cosas fueron pantallas para una red de actividades ilícitas, según las investigaciones judiciales.
En abril de 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén porque la Interpol lo estaba buscando a pedido de los tribunales de Texas. El propio Estados Unidos lo acusaba de integrar una organización de narcotráfico que transportaba cocaína al país. A eso se le sumaban los crímenes de lavar activos y cometer fraudes electrónicos a través de la compra, venta y registro de aeronaves con documentación adulterada.
Estos crímenes involucraron a varios vuelos que partían de Sudamérica y pasaban por Colombia, Guatemala y México, países conocidos, justamente, por sus carteles y lazo con el narcotráfico, en especial de cocaína. Además, se le atribuyen estafas millonarias a inversores a través de operaciones inexistentes, que habrían servido para blanquear dinero del narcotráfico. Esto último es, justamente, desde donde explotó el escándalo de Espert.
Un caso que se aceleró de repente
Desde ese “roce” con la ley, cumplía prisión domiciliaria en la casa de su madre y durante 4 años, su expediente se mantuvo en los márgenes de la agenda nacional. Las demoras judiciales, los recursos presentados por la defensa y los vaivenes de la diplomacia argentina con Estados Unidos hacían de esta simplemente otra causa burocrática de extradición de uno de los tantos que tenemos en la patagonia. Pero todo cambió de repente.
El mes pasado salió a la luz un documento que demostraba que José Luis Espert recibió 200.000 dólares de Fred Machado. La evidencia vino del Bank of America y fue incorporada en el juicio “USA v. Mercer-Erwin et al.” en Texas, donde se investigaba una red internacional de narcotráfico que incluía a Machado y su socia Debra Mercer-Erwin. Espert intentó justificar el pago como una consultoría para una empresa minera guatemalteca vinculada al empresario, pero los registros muestran que el dinero salió directamente de la estructura de Machado y que el candidato utilizó aviones del empresario al menos 35 veces durante su campaña de 2019.
Un detalle no menor es que el abogado que defiende a Machado es el mismísimo abogado personal de Javier Milei, Francisco Oneto. Esto presentó algunas preguntas acerca de la ética pero antes de que se hicieran más olas, el Gobierno firmó el decreto que autorizó el traslado de Machado a Estados Unidos. Tal vez urgidos por calmar el narcoescándalo, tal vez aterrados de las cosas que podría decir el acusado.
El papel extranjero
La presión norteamericana fue clave. Según fuentes diplomáticas, el Departamento de Justicia había transmitido su “preocupación” por las demoras en la extradición, recordando los compromisos de cooperación judicial asumidos por Argentina. En paralelo, la Cancillería buscaba recomponer vínculos tras meses de frialdad por la política exterior errática del gobierno libertario.
El resultado fue un decreto firmado en tiempo récord, anunciado sin conferencia de prensa y difundido por el Boletín Oficial con una sobriedad que contrastó con el tono grandilocuente habitual del presidente. Milei no habló del tema. Ni una palabra en redes, ni un comentario en sus habituales apariciones mediáticas. Silencio absoluto.
Lo raro es que, a pesar de esa costumbre que tiene el Presidente de hacer por todo un espectáculo, Milei no capitalizó públicamente la extradición. Sabía que no era un triunfo, era una obligación. Puede que también haya entendido que cualquier gesto podía abrirle la puerta a más preguntas sobre sus vínculos anteriores con el acusado. Pero la paradoja es que, en su intento de despegarse, el Presidente terminó mostrando que en la Argentina, incluso cuando la justicia avanza, lo hace condicionada por el poder político.
Del lawfare a la revancha
Otra cosa que llama la atención es que el caso Machado se resolvió a los pocos días de que Milei asegurara que el narcoescándalo de José Luis Espert era una operación en su contra como «venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que (Cristina Kirchner) vaya presa». A confesión de partes, relevo de prueba, el Presidente admitió que la justicia puede (y fue) ser usada como arma política.
El término lawfare es un término acuñado para describir la persecución judicial contra líderes progresistas en América Latina y vuelve al centro del debate de la mano de Javier Milei. El Presidente que construyó su discurso sobre la promesa de “terminar con la casta”, entre ellos la judicial, no sólo convalidó sino que reivindicó la utilización del aparato judicial para disciplinar adversarios políticos.
Una justicia a la medida del poder
Pero la independencia judicial se viene erosionando desde hace tiempo, con gestos, tiempos irrisorios y omisiones. El caso Machado mismo es un gran ejemplo: 4 años de dilaciones, recursos y tecnicismos, y una extradición que solo se concretó cuando coincidieron los intereses del Ejecutivo, de la Corte y de una potencia extranjera.
Entonces, cuando los fallos dependen del clima político, no hay justicia: hay cálculo. Nadie puede negar que la extradición sea correcta, pero todos saben que si el escenario político fuera otro, todavía estaríamos esperando la firma. Además, la defensa de Machado no ayuda al relato, porque insiste que es su extradición responde a presiones de la DEA (Drug Enforcement Administration, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) confirmando así que la justicia argentina se mayor celeridad cuando el resultado favorece al poder político nacional a al norteamericano.
¿Cómo los favoreces? El poder ejecutivo de Estados Unidos necesitaba la extradición para demostrar que aún conserva poder en nuestra región y el Gobierno de Milei necesita de buenos gestos estando en medio de una nueva negociación para otro salvataje financiero.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Fred Machado admitió entregarle a José Luis Espert más de u$s200.000 y calificó de error negarlo
