Este lunes se conmemora el Día Internacional de los Inquilinos, una fecha que busca visibilizar la lucha por el derecho a una vivienda digna y accesible, en un contexto global y nacional atravesado por la crisis habitacional. El lema de este 2025, establecido por la Unión Internacional de Inquilinos (IUT), es “Respuesta a la crisis de la vivienda urbana”, un llamado urgente a los gobiernos para atender el impacto del encarecimiento de los alquileres y la especulación inmobiliaria.
La jornada se celebra cada primer lunes de octubre desde 1986, cuando la IUT impulsó su creación para promover políticas públicas que garanticen el acceso a viviendas seguras y justas. La fecha coincide con el Día Mundial del Hábitat, subrayando que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido por la ONU.
Cada año, el organismo define un tema de trabajo. En 2025, el foco está puesto en las ciudades y sus crisis habitacionales, donde la desigualdad y la falta de regulación del mercado inmobiliario se combinan con la precarización laboral y la inflación, dejando a millones de familias en situación de vulnerabilidad.
Alquileres inestables y endeudamiento en Argentina
En el país, la efeméride llega en medio de un panorama crítico para los inquilinos. De acuerdo con los primeros resultados de la Encuesta Nacional Inquilina 2025, elaborada por la organización Inquilinos Agrupados, más del 65% de los hogares sufre aumentos de alquiler cada tres o cuatro meses, una frecuencia que impide cualquier planificación económica y agrava el endeudamiento familiar.
El informe, de alcance federal, muestra que el 58,6% de los contratos dura apenas dos años, mientras que un 6,2% de los hogares no cuenta con contrato escrito. La inestabilidad contractual se combina con incrementos indexados por inflación —en un 57,2% de los casos— y decisiones unilaterales de propietarios —en un 6%—, lo que deja a los inquilinos expuestos a abusos y desalojos.
Un esfuerzo cada vez más insostenible
Según el relevamiento, el 66% de los hogares destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% supera el 60%, superando ampliamente los parámetros internacionales de “vivienda asequible”. En la Ciudad de Buenos Aires, el 82,4% paga expensas, y en la Provincia, el 48%.
Uno de cada seis hogares debió mudarse recientemente por no poder afrontar los aumentos, y casi nueve de cada diez anticipan dificultades para pagar en los próximos meses. A esto se suma un endeudamiento generalizado: el 72,8% debe dinero en tarjetas, servicios o alimentos.
Un llamado urgente a políticas públicas
El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió que el Decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, “ha dejado a millones de familias completamente indefensas frente a la crueldad del mercado inmobiliario”. Según la organización, la desregulación total del sector favoreció los contratos informales y los aumentos arbitrarios, profundizando una crisis que ya se sentía en los últimos años.
La situación se agrava en un contexto donde no existen programas nacionales de acceso al alquiler ni de créditos asequibles para vivienda, y donde las provincias también enfrentan limitaciones presupuestarias para intervenir en el mercado.
Un derecho en retroceso
Mientras el lema internacional llama a responder a la “crisis de la vivienda urbana”, la realidad argentina muestra una tendencia de exclusión creciente. En las principales ciudades, los inquilinos soportan la inflación, la falta de regulación efectiva y la especulación.
El Día Internacional de los Inquilinos se convierte así en una jornada de reivindicación y denuncia, que interpela directamente a las autoridades: garantizar una vivienda digna no es solo una necesidad económica, sino una obligación constitucional y un compromiso con la cohesión social.
Con información de Nota al Pie y Diario La Opinión.
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