La construcción, uno de los principales motores de la economía argentina, atraviesa una profunda crisis que se refleja en una alarmante destrucción de empleo, la paralización de obras y una creciente incertidumbre entre las empresas del sector. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se han perdido 65.382 puestos de trabajo formales, lo que representa una contracción acumulada del 15,5%.
El panorama es aún más sombrío si se amplía la perspectiva: al comparar julio de 2025 con julio de 2023, la pérdida asciende a 82.978 empleos (-18,9%). Esta tendencia negativa es confirmada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que en un comunicado denunció una «pérdida acelerada de puestos de trabajo» como consecuencia directa de la parálisis de proyectos y la falta de financiamiento.
La crisis de la construcción no golpea de la misma manera en todas las provincias. Desde noviembre de 2023, Santa Cruz (-67,0%) y La Rioja (-66,7%) encabezan las caídas de empleo, mientras que solo Mendoza muestra un leve crecimiento (+1,7%). La situación es particularmente grave en el Noreste Argentino (NEA), que en los últimos dos años acumula una baja del 40,5%.
En la comparación interanual, los números lucen algo más favorables debido a que la base de 2024 fue muy baja. En ese marco, Formosa se destaca con una recuperación del 53,6% interanual y un crecimiento mensual del 3,5%, posicionándose como la primera en el ranking. Esta mejora se explica porque, ante la paralización de la obra pública nacional, el Gobierno provincial desplegó un plan propio de construcción, con el cual ya inauguró más de un centenar de obras en 2025.
En términos salariales, Formosa también mostró un desempeño superior: en julio registró una mejora del 9,8% respecto a 2023 y del 17% en comparación con julio de 2024.
Parálisis de obras y ahogo financiero durante la era Milei
El comunicado de CAMARCO es categórico: la actividad sufre por una «paralización extendida de obras públicas, incumplimientos en los pagos estatales y una retracción de la inversión privada». Según la entidad, la mayoría de las provincias enfrentan la suspensión de proyectos clave como viviendas, hospitales y escuelas, especialmente en el norte y centro del país, donde la inversión pública es determinante.
La demora en el pago de certificados de obra —que en muchos casos supera los 90 días— pone en riesgo financiero a más de 4.000 pymes constructoras, afectando su capacidad de abonar sueldos y cumplir con proveedores.
El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró en julio un crecimiento interanual del 1,4%, pero mostró una caída mensual del 1,8%, reflejando la desaceleración de la actividad. A su vez, el consumo de insumos básicos como cemento y ladrillos también evidenció descensos.
El Indicador CAMARCO, que mide los costos en CABA, señala subas moderadas mes a mes, pero una caída del 3,3% en dólares en agosto, acumulando seis bajas consecutivas. Esto, sumado a las débiles expectativas empresarias —más del 20% prevé una caída tanto en obra pública como privada—, configura un escenario de tormenta perfecta.
Reclamos y advertencias del sector de la construcción
Frente a esta prolongada crisis, el sector reclama medidas urgentes para reactivarse. Entre los pedidos más relevantes se destacan: recomponer la cadena de pagos, reducir las cargas fiscales y habilitar líneas de crédito que permitan sostener la actividad y frenar la sangría de empleos.
Sin una respuesta inmediata, advierten desde CAMARCO, «el margen de resistencia de las empresas está agotado». La crisis de la construcción, sostienen, demanda una acción política y económica decidida para evitar un colapso de mayores proporciones.
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