La recaudación tributaria de septiembre volvió a mostrar un retroceso en términos reales: los ingresos totales fueron de $15,44 billones, lo que implica una caída del 9% interanual. El golpe se explica en parte por la alta base de comparación de 2024 —cuando se habían cobrado de forma anticipada tres ejercicios de Bienes Personales—, pero también por decisiones del propio Gobierno nacional, como la eliminación transitoria de retenciones al agro.
El resultado no solo ajusta las cuentas nacionales, sino que golpea directamente a las provincias, que reciben menos fondos coparticipables al tiempo que cargan con más responsabilidades transferidas por el Gobierno de Javier Milei sin recursos para financiarlas.
El impacto de las medidas nacionales
Los derechos de exportación aportaron apenas $562.892 millones, una caída real del 21%, producto de la baja de aranceles dispuesta en los decretos 526/2025 y 682/2025, que redujeron las alícuotas a 0% para granos y carne. El IVA, que refleja el consumo interno, no mostró variación: 0%. Esto reafirma la parálisis de las compras y la pérdida del poder adquisitivo como consecuencias directas de la recesión.
En cambio, los tributos con mejor desempeño fueron aquellos que recaen directamente sobre la gente común: combustibles (+59%), importaciones (+20,7%) y seguridad social (+18,8%). Es decir, mientras se alivió al agro y a los sectores concentrados, la presión se trasladó sobre los trabajadores y consumidores.
Provincias: menos plata, más obligaciones
Si se excluye al Impuesto PAIS, en los primeros nueve meses del año se registraron fuertes caídas en impuestos coparticipables como Bienes Personales (-30%) e Internos (-10,3%). Esto significa menos recursos para las provincias, que además deben afrontar nuevas cargas impuestas por la Nación:
- La eliminación del Fondo Nacional Docente, que obligó a provincias como Formosa o Misiones a cubrir con recursos propios para que los maestros no perdieran poder adquisitivo.
- La desaparición del Fondo PROCREAR, que empuja a los distritos a responder a las demandas habitacionales sin respaldo federal.
La combinación de menor coparticipación y mayor gasto explica las quejas de los gobernadores. Axel Kicillof lo sintetizó en mayo: “Hay infraestructura abandonada, un rol ausente del Gobierno nacional y la necesidad de defender las economías regionales”. En la misma línea, el aliado de Javier Milei, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, advirtió que hoy las provincias cargan con salud, educación, seguridad e infraestructura: “Cada vez más responsabilidades y cada vez menos fondos”.
El dilema del federalismo fiscal
El panorama revela un patrón: el Gobierno nacional cede ingresos a sectores específicos (retenciones al agro, rebajas a patrimonios altos) mientras traslada gasto social y educativo a las provincias, que son las que terminan sosteniendo la estructura del Estado frente a la población.
La recaudación que se esfuma en las cuentas nacionales no solo ajusta a las arcas provinciales, sino que debilita al federalismo fiscal: menos recursos para los distritos, más obligaciones para atender demandas básicas. El resultado es una transferencia de responsabilidades sin fondos, un esquema que amplía las desigualdades entre jurisdicciones y expone el vacío de un Gobierno nacional que concentra las decisiones, pero se desentiende de los costos.
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