La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, volvió a sacudir los tribunales. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes fijó un plazo perentorio de dos meses para avanzar en el tramo central de la investigación: saber qué hicieron con el niño. La decisión genera un efecto inmediato: obliga a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a dejar de dilatar y a tomar definiciones concretas.
Los camaristas Luis González y Selva Spessot advirtieron que resulta “irrazonable” mantener una investigación abierta sin plazos, como había pedido la jueza, bajo el argumento de esperar a que Loan Peña aparezca. Según el fallo, ese criterio podía llevar a un proceso “indefinido”, con imputados que permanecen bajo la incertidumbre de no ser juzgados.
La resolución golpea de lleno a la magistrada y al fiscal Mariano De Guzmán, quienes hasta aquí comandaron un expediente que nunca logró responder la pregunta esencial: ¿dónde está Loan?
Un límite a la inacción judicial
El fallo no solo marca un plazo. Expone, además, las falencias del juzgado. La Cámara le ordena a Cristina Pozzer Penzo que, antes del 29 de noviembre, se expida sobre la situación de los imputados o bien avance en nuevas imputaciones si existen elementos suficientes. En otras palabras, ya no hay margen para seguir estirando tiempos en un caso que conmueve al país y cuya resolución se vuelve cada vez más urgente.
El fiscal General Carlos Schaefer cuestionó la medida por considerar que se trata de un “delito continuado”: Loan no aparece y, por lo tanto, la investigación no debería cerrarse. Incluso comparó la situación con la del estudiante correntino Cristian Schaerer, desaparecido en 2003 y cuya búsqueda nunca fue abandonada. Schaefer adelantó que podría recurrir a la Cámara de Casación para intentar revertir el plazo impuesto.
Un juicio que se aproxima
En paralelo, el caso tiene otro frente en marcha: el juicio a los 17 acusados por la sustracción y el encubrimiento. Allí figuran nombres centrales como Bernardino Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y el comisario Walter Adrián Maciel, todos señalados como partícipes de la desaparición del niño. También están los integrantes del grupo de los llamados “falsos Dupuy”, acusados de delitos vinculados a fraude, estafa y encubrimiento.
Ese debate oral aún no tiene fecha, pero ya se comenzaron los trámites preliminares. El fiscal Schaefer propuso una lista monumental de 745 testigos, lo que muestra la magnitud de un proceso que promete ser histórico.
La presión sobre la jueza
El límite fijado por la Cámara Federal significa, en los hechos, un ultimátum. La jueza Pozzer Penzo deberá mostrar resultados concretos antes de fin de noviembre. De lo contrario, el descrédito que arrastra por la falta de respuestas en uno de los casos más resonantes de Corrientes podría convertirse en un cuestionamiento institucional abierto. A más de un año de la desaparición, la causa Loan se enfrenta a su mayor encrucijada: o la Justicia encuentra un rumbo claro o quedará expuesta, una vez más, en su propia parálisis.
Con información de El Litoral.
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