El presidente Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso insistiera con una mayoría de dos tercios tras su veto inicial. Sin embargo, lo hizo acompañado del Decreto 681/2025, que suspende su aplicación hasta que se definan partidas presupuestarias específicas en el Presupuesto 2026.
De esta forma, el Gobierno reconoce la vigencia de la ley pero evita ponerla en marcha, bajo el argumento de que carece de financiamiento concreto. La decisión fue firmada también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 22, 2025
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma incluye medidas clave:
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Una pensión no contributiva por discapacidad del 70% del haber mínimo jubilatorio.
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Actualización de aranceles a prestadores de servicios.
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Ampliación del Programa Incluir Salud a nuevos beneficiarios.
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Cancelación de deudas con el sistema de prestadores.
El Congreso calculó un costo fiscal de 0,26% del PBI en 2025, mientras que el Ejecutivo elevó la cifra a 0,35%.
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
👉🏼 Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
👉🏼 Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
👉🏼 Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
Reasignación de fondos limitada
El mismo día de la promulgación, Francos firmó la Decisión Administrativa 24/2025, que reasignó $121.364 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar aranceles de prestadores. Los recursos se obtuvieron de recortes a empresas públicas.
Pese a este refuerzo, el Programa Incluir Salud seguirá congelado en su esquema actual, sin incorporar a los nuevos beneficiarios que prevé la ley.
Denuncias y moción de censura contra Guillermo Francos
La jugada de Javier Milei y Francos disparó un frente judicial y político:
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Diputados opositores presentaron una denuncia penal en Comodoro Py por “incumplimiento de una ley vigente”.
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El bloque de Encuentro Federal, con Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, activó una moción de censura contra Francos, mecanismo constitucional que permite remover al jefe de Gabinete con mayoría absoluta en ambas cámaras.
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Organizaciones sociales, como el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, repudiaron la medida: “Se gobierna con crueldad, poniendo en riesgo derechos básicos de miles de personas”.
Hoy me presenté en Comodoro Py para ampliar la denuncia contra @JMilei por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente.
Mientras libera retenciones… pic.twitter.com/DnMrZdfXFh
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) September 22, 2025
Un conflicto institucional abierto
La decisión de Milei de promulgar pero frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad dejó expuesta una batalla institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Gobierno reclama financiamiento, la oposición denuncia un acto inconstitucional y prepara el terreno para un escenario inédito: la posible remoción de Guillermo Francos mediante moción de censura.
En el medio, miles de personas con discapacidad y sus familias permanecen a la espera, sin acceso a derechos que ya fueron consagrados por ley.
Con información de Chequeado, La Nación y Página 12.
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