El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, rechazó enérgicamente las declaraciones de la titular de la oficina central de ANSES en Formosa, Patricia Arias, quien había asegurado que el operativo conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estaba trabado por la falta de emisión del Certificado Médico Oficial (CMO) por parte de la Provincia.
Arias sostuvo que la ausencia de este documento —clave para acreditar el grado de discapacidad— impedía avanzar con los trámites, afirmando que «sin el CMO quedamos atados de manos, es algo que escapa a nuestra competencia y depende exclusivamente de la Provincia».
Frente a esas afirmaciones, Gialluca las calificó de «infundadas, maliciosas y confusas», advirtiendo que generan intranquilidad entre miles de titulares de pensiones suspendidas por el Gobierno Nacional. Según explicó, existe una orden judicial y presentaciones realizadas por el propio interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, ante el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa, que disponen la devolución de los beneficios desde la fecha en que fueron interrumpidos.
Las personas pueden recurrir a acciones de amparo
Además, el Ombudsman señaló que el Decreto N.º 681/2025, dictado por el Ejecutivo Nacional, es «nulo de nulidad absoluta e insanable», por lo que vulnera derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, recordó que los afectados pueden recurrir a acciones de amparo individuales o colectivas, e incluso presentar denuncias penales por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Finalmente, Gialluca subrayó que cualquier ciudadano también puede solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político contra el presidente Javier Milei, por mal desempeño en sus funciones y la presunta comisión de delitos en el ejercicio del cargo, en los términos de los artículos 248 y 249 del Código Penal.
ADEMÁS EN NEA HOY:
La Justicia intimó a la ANDIS a pagar pensiones por discapacidad suspendidas en Formosa
