En año electoral, el gobierno de Javier Milei muestra un patrón preocupante en la administración de recursos públicos que contradice su discurso de austeridad. Mientras acelera significativamente la ejecución presupuestaria respecto al año anterior y destina aumentos desproporcionados a comunicación gubernamental, proyecta para 2026 recortes profundos en derechos sociales y áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
Aceleración sin precedentes en la ejecución presupuestaria
Los datos oficiales revelan una tendencia inquietante en la velocidad de ejecución del gasto público. En recursos propios, el gobierno ya destinó 37 millones de pesos en nueve meses, prácticamente igualando los 38 millones ejecutados durante todo 2024, cuando se contaba con el mismo presupuesto de 48 millones.
La situación es aún más llamativa en los recursos del tesoro. Pese a que para 2025 se proyectó casi el doble que en 2024 (46 millones contra 35 millones), al día de hoy ya se ejecutaron 26 millones, equiparando lo gastado en la totalidad del año anterior. Esta aceleración plantea interrogantes sobre la planificación y el control del gasto público en un gobierno que promete eficiencia administrativa.
Milei manda un proyecto para meter preso a funcionarios que gasten “de más” 🤡
El mismo que ya quemó casi mil millones de pesos + US$ 1, 6 M en giras, hoteles de 5⭐ y vuelos privados.
No subió su sueldo, pero gasta como rey.
La austeridad es solo para vos. El “anticasta” es el… pic.twitter.com/3imJS6XxyY— Marcelo Puella (@puellaok) September 17, 2025
El boom de la comunicación presidencial
El incremento más escandaloso se registra en las partidas destinadas a comunicación gubernamental. La Secretaría de Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei, aumentó su presupuesto en comunicación un 2.400%, pasando de 292 millones a 7.297 millones de pesos entre enero y agosto.
Este aumento se enmarca en un crecimiento general del 46,4% en los recursos de la Secretaría de Presidencia, muy superior a la inflación acumulada de enero a julio (17,3%). En total, esta dependencia incrementó su asignación presupuestaria en 22.950 millones de pesos, una cifra que supera en casi 7 mil millones los recursos adicionales destinados al Hospital Garrahan.
La desproporción se vuelve más evidente al comparar con otros períodos: durante 2021, el presupuesto para seguridad, logística y comunicaciones presidenciales era de apenas 44,5 millones, es decir, 177 veces menor al actual. Sin embargo, ya en 2024 se registraron desvíos significativos, gastándose más de 10 mil millones cuando se habían presupuestado solo 292 millones, representando un sobregasto del 3.324%.
Recortes estratégicos para 2026
Mientras aumenta exponencialmente el gasto en comunicación, el proyecto de presupuesto 2026 proyecta recortes sistemáticos en áreas sociales fundamentales. La eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) representa uno de los retrocesos más significativos en materia de derechos de la infancia.
Esta medida, incluida en el artículo 73 del proyecto enviado al Congreso, implicaría que la AUH deje de ajustarse mensualmente según la inflación y pase a depender de decisiones discrecionales del Ministerio de Capital Humano. Un cambio que afectaría directamente a las familias más vulnerables y constituye una de las promesas del gobierno al Fondo Monetario Internacional.
Pasó desapercibido, pero el proyecto de presupuesto 2026 deroga la ley de educación, la ley de financiamiento científico y la de educación técnica. Este gobierno viene a destruir las capacidades estatales en ciencia y educación, temporada 2 capitulo 24. pic.twitter.com/JVnafAX5WG
— Rodrigo Quiroga 🔬 (@rquiroga777) September 16, 2025
El deterioro del poder adquisitivo
Los efectos de estas políticas ya son evidentes en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La jubilación mínima, incluyendo el bono de 70 mil pesos, presenta una caída del 2,7% interanual ajustada por inflación. Si se compara con julio de 2023, los ingresos más bajos registran una caída real del 13,1%.
La situación se agrava considerando que la Defensoría de la Tercera Edad estima que se requieren 1.200.523 pesos mensuales para una canasta de consumo básica, mientras la jubilación mínima apenas alcanza los 379.295 pesos.
Proyecciones irreales y recortes encubiertos
El presupuesto 2026 presenta proyecciones que contrastan con la realidad económica. Mientras estima un dólar a 1.423 pesos para diciembre del próximo año, la cotización actual ya supera los 1.515 pesos. La inflación proyectada del 10,1% anual también parece optimista considerando el contexto actual.
Imaginate que pusieron que el dólar de 2027 es el mismo dólar que cerró hoy…
Hermoso el dibujo del #Presupuesto2026 pic.twitter.com/rs3DQDRNLa
— Mercedes DAlessandro (@dalesmm) September 16, 2025
En educación, el proyecto elimina la obligación constitucional de destinar al menos el 6% del PBI al sector, suprime el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y reduce significativamente el financiamiento universitario. Las universidades recibirán 4,7 billones de pesos, apenas la mitad de los 7,5 billones necesarios para su funcionamiento normal.
Un patrón de contradicciones
Los datos revelan un patrón consistente: mientras se incrementan desproporcionadamente las partidas vinculadas al aparato comunicacional del gobierno, se recortan sistemáticamente los derechos sociales y las inversiones en desarrollo humano. El contraste entre los 10.009 millones gastados por encima de lo presupuestado en logística y comunicación, frente a los 3,8 millones asignados a la vicepresidencia (sin ejecutar un solo peso), ilustra las prioridades reales del gobierno.
Esta gestión presupuestaria plantea serios interrogantes sobre la coherencia entre el discurso austero del gobierno y sus prácticas administrativas reales, evidenciando que el ajuste fiscal recae principalmente sobre los sectores más vulnerables mientras se expanden las partidas destinadas al marketing político.
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