El Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, brindó una conferencia de prensa para detallar los alcances de la medida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que, tras una acción judicial presentada por la Defensoría, permitió reactivar el pago de pensiones suspendidas a más de 15 mil beneficiarios de la provincia, tras una resolución de la agencia nacional que se dio a conocer anoche. Además del pago de la pensión, se debe restituir la prestación médica que fue suspendida por el mismo motivo.
Gialluca, junto a su equipo legal y Laura Romero, una referente de la asociación Camino Azul con la que se trabajó judicialmente, explicaron que los beneficiarios recibirán un pago retroactivo desde el mes en que se suspendió su pensión. “Si a alguien le dieron de baja en julio, deberán abonarle julio, agosto y septiembre junto con el reinicio de los pagos”, aclararon.
No obstante, se indicó que los beneficiarios deben presentar la documentación requerida por la Justicia, manteniéndose vigente el plazo para regularizar su situación administrativa. La abogada de la Defensoría, Ana Laura Gómez, recordó que es necesario presentar la documentación médica actualizada, requisito exigido por la Justicia dentro de un plazo de tres meses. Este trámite puede realizarse mediante ANSES, con turno previo y un descargo por escrito, o de manera electrónica.
“Si a alguien le dieron de baja en julio, deberán abonarle julio, agosto y septiembre junto con el reinicio de los pagos”, aclararon.
Aunque desde la Defensoría no hay certeza sobre la fecha exacta de acreditación de los pagos, se confirmó que continuarán disponibles los espacios de atención para consultas en Formosa, como el Centro de Inclusión Digital del barrio Fray Salvador Gurrieri, Casas de la Solidaridad, y los Espacios de la Comunidad Organizada (ECO).
Un triunfo formoseño que podría tener eco nacional
Con esta resolución, Formosa logra un gran triunfo colectivo que se espera se replique en otras provincias: la restitución de las pensiones por discapacidad y el reconocimiento de los pagos adeudados, un avance significativo considerando que la falta de pago generó conflictos sociales.
Con la resolución reciente de la ANDIS se espera que se resuelvan reclamos de otras provincias, y se genere un efecto dominó que podría resolver la situación de personas que perdieron sus pensiones en todo el país. “Se trata del primer caso en el país que alcanza de forma colectiva a beneficiarios con discapacidad, lo que marca un precedente para otras provincias”, señalaron desde el organismo.
Cabe recordar que la ANDIS había iniciado un proceso de auditorías polémico, citando a beneficiarios a lugares lejanos o enviando notificaciones que no llegaban, lo que derivaba en la suspensión automática de pensiones sin ofrecer instancias de regularización.
Ante esta situación, la Defensoría impulsó una acción de amparo junto con Camino Azul, aceptada por el Juzgado Federal a cargo de la dra. López Mace, que en agosto ordenó restablecer las pensiones y otorgó tres meses para presentar la documentación requerida.
La ANDIS, sin embargo, no cumplió con la reactivación ni completó los pagos adeudados, lo que llevó a la Defensoría a iniciar acciones complementarias: se aplicó una multa monetaria a la entidad y se denunció al titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, por incumplimiento como funcionario público. Durante la conferencia, se cuestionó además la desobediencia del organismo a la orden judicial y se confirmó la denuncia penal correspondiente.
Reclamo por el cumplimiento de la Ley de Discapacidad
En la conferencia además se reclamó la inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto presidencial fue rechazado por el Congreso. “La norma establece que las auditorías deben realizarse respetando los derechos de las personas con discapacidad y de manera transparente, dejando atrás criterios estigmatizantes”, afirmaron.
La Vicepresidenta de la Asociación Camino Azul, Laura Romero, madre de dos niñas con autismo, destacó la importancia de la resolución obtenida tras los reclamos judiciales hechos junto con el Gobierno provincial: “Nos da tranquilidad y orgullo de saber que no estamos solos. Este es un avance en materia de derechos y una respuesta a años de vulneración y estigmatización hacia las personas con discapacidad”.
Romero agregó que, al conocerse la noticia, el grupo de WhatsApp que la asociación compoarte con otras organizaciones nucleadas en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) se llenó de mensajes de felicitaciones y solicitudes de información. “Estoy muy orgullosa de la provincia que tengo, con la cual se pudo obtener este gran logro y de poder defender los derechos de las personas con discapacidad. Es un orgullo decir: ‘yo soy de Formosa y esto es lo que logramos’”.
La Defensoría del Pueblo subrayó que el proceso de restitución se articula con el Instituto de Pensiones Sociales, el Ministerio de la Comunidad, municipios, comisiones de fomento y el Instituto de Comunidades Aborígenes, con el objetivo de garantizar que la medida llegue a todo el territorio formoseño.
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