El juez Ariel Lijo, que subrogaba el juzgado de María Servini, resolvió que la investigación por la presunta estafa de la criptomoneda $Libra pase a manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Argumentó una “mancomunidad probatoria” con otra causa similar que ya instruía De Giorgi, lo que le permitió desplazar a Servini, quien había dado los primeros pasos en el caso en el que está implicado el presidente Javier Milei.
En los pasillos de Comodoro Py, la decisión fue interpretada como un gesto favorable al presidente Javier Milei, principal señalado en el expediente. Servini había ordenado medidas de prueba clave y mantenía diálogo con la comisión investigadora de Diputados, por lo que su salida genera suspicacias en la oposición y entre organismos que siguen de cerca el caso.
De Giorgi, un juez de tiempos lentos
Con más de treinta años en la Justicia, De Giorgi arrastra un historial de expedientes de alto voltaje que avanzan a paso cansino. Entre ellos figuran el espionaje ilegal en tiempos de Mauricio Macri. Abogados y fiscales lo describen como un magistrado que “sabe hacer tiempo”, multiplicando exhortos y peritajes para dilatar definiciones.
Organizaciones como ACIJ advierten que en su juzgado hay más de un centenar de causas de corrupción abiertas, algunas con una década de antigüedad. Para la oposición, su designación es una mala señal: temen que el expediente $Libra se sume a esa lista de investigaciones que se enfrían sin llegar a juicio.
La trama cripto y el accionar de la Comisión Investigadora en el Congreso
El caso investiga la meteórica suba y caída de la criptomoneda $Libra, cuyo valor se disparó tras un tuit del presidente Javier Milei y generó ganancias millonarias para algunos inversores antes del derrumbe. La Justicia sigue la pista de operaciones por millones de dólares que involucran a los empresarios cripto Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de asesores y funcionarios cercanos al Presidente.
Mientras tanto, la comisión investigadora de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), acelera su propio trabajo. Envió oficios a bancos y exchanges de criptomonedas, citó a Karina Milei y evalúa pedir la declaración de otros funcionarios que ya se ausentaron de audiencias previas. El Congreso busca así reunir pruebas que podrían tardar en aparecer en el fuero federal.
Con información de C5N y ACIJ.
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