El 17 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Profesor, una fecha que debería celebrarse en reconocimiento a la tarea de quienes sostienen, con esfuerzo y vocación, el derecho social a la educación. Sin embargo, en 2025 la jornada llega atravesada por un clima de angustia y resistencia. No es exagerado decir que la docencia, en todos sus niveles, se encuentra en estado de emergencia: salarios depreciados, presupuestos recortados, aulas vaciadas de recursos y una política gubernamental nacional que no esconde su desprecio hacia la universidad pública y la escuela estatal.
La gestión de Javier Milei ha transformado la motosierra en política de Estado. Bajo el argumento del «equilibrio fiscal», se ha descargado el ajuste sobre los sectores más sensibles: la educación y la salud. Las cifras son elocuentes. Desde diciembre de 2023, los salarios docentes perdieron alrededor de un 40% de su poder adquisitivo. Un relevamiento reciente de la Universidad Arturo Jauretche reveló que casi uno de cada cinco profesores se ve obligado a manejar un Uber o repartir pedidos para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, más del 20% reconoció que debió empeorar su dieta y un 6% admite saltearse comidas. Esta precariedad material no es un efecto colateral: es la consecuencia directa de un plan de desfinanciamiento deliberado.
El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso con amplio respaldo opositor, terminó de confirmar el rumbo. La norma buscaba actualizar salarios y partidas presupuestarias al ritmo de la inflación, pero Milei la desechó con un decreto que repite la misma fórmula: «genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica». Detrás de esa frase tecnocrática, hay realidades concretas: profesores que abandonan la docencia, investigadores que emigran, estudiantes que no pueden continuar sus estudios por falta de becas y laboratorios que cierran por falta de insumos.
Milei contra la salud y la educación
La motosierra también alcanzó a la salud. El Hospital Garrahan, emblema de la pediatría en América Latina, atraviesa un vaciamiento presupuestario similar al de las universidades. La renuncia de profesionales, la precarización de residencias y el pluriempleo amenazan la atención de más de 600.000 consultas anuales. La ley de emergencia en pediatría, que buscaba recomponer parte de los fondos, corrió la misma suerte que la de educación: fue vetada. En el mismo acto, el Gobierno atacó dos de los patrimonios más preciados de la sociedad argentina: el acceso a la salud infantil y la universidad pública.
En este contexto, las calles se han convertido en aulas y en hospitales de campaña. Estudiantes y profesores organizan clases públicas frente al Congreso, médicos y enfermeros levantan guardias simbólicas en plazas, y organizaciones sociales llaman a marchar bajo la consigna «Nuestro futuro no se veta». La protesta es, además de un reclamo material, un acto pedagógico en sí mismo: se enseña con el cuerpo que los derechos no se mendigan, se defienden.
No se trata de un debate técnico ni de un problema corporativo. La caída del presupuesto universitario, que pasará de representar el 0,718% del PBI en 2023 al 0,462% en 2026 si se aprueba el nuevo proyecto oficial, implica mucho más que números. Significa menos becas, menos investigación científica, menos posibilidades de que el hijo de un obrero, de un comerciante o de un desocupado pueda convertirse en médico, ingeniera o docente. Significa que la movilidad social ascendente, esa promesa que alguna vez hizo de la educación pública argentina un orgullo, se está desmoronando.
El cinismo de Milei
El Gobierno responde con cinismo. «No se cerraron las universidades», ironizó Milei en un foro en Paraguay, como si la ausencia de candados en los portones alcanzara para garantizar el derecho a la educación. Las universidades no se cierran de un día para otro: se vacían lentamente, se deterioran, se asfixian. Y cuando finalmente colapsan, la clausura aparece como un simple trámite.
Este 17 de septiembre no habrá mucho para festejar. Los profesores argentinos llegan a su día con salarios de pobreza, sobrecargados de trabajos paralelos, sin recursos para investigar ni condiciones para enseñar. Pero sí habrá algo para conmemorar: la resistencia. Porque mientras la motosierra avanza, miles de docentes, estudiantes y médicos ocupan las calles para recordarle al poder político que la educación y la salud no son un gasto, sino derechos.
La historia argentina ha demostrado una y otra vez que los intentos de degradar la educación pública terminan chocando con la tenacidad de quienes la defienden. Hoy, bajo la gestión de Milei, esa base está siendo dinamitada. Pero la movilización social también enseña otra lección: que no hay veto capaz de clausurar la voluntad de un pueblo que sabe que sin profesores, sin estudiantes y sin hospitales, no hay futuro posible.
En el Día del Profesor, la pregunta que resuena en las calles no es retórica: ¿qué proyecto de país puede sostenerse sobre la ignorancia y la enfermedad? La respuesta está escrita en los carteles que se multiplican en las universidades y hospitales a través de la voz de las calles: «Nuestro futuro no se veta».
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