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Lunes 15 de septiembre de 2025
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Cristina Kirchner no podrá votar en octubre: la Cámara Nacional Electoral revocó su habilitación

El máximo tribunal electoral dejó sin efecto el fallo que mantenía a la expresidenta en el padrón. La decisión se da mientras su defensa busca instancias internacionales para revisar la condena en la causa Vialidad, aún bajo análisis de la Corte Suprema.

El máximo tribunal electoral dejó sin efecto el fallo que mantenía a la expresidenta en el padrón. La decisión se da mientras su defensa busca instancias internacionales para revisar la condena en la causa Vialidad, aún bajo análisis de la Corte Suprema.

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este lunes que Cristina Fernández de Kirchner no podrá emitir su voto en las elecciones legislativas de octubre. El tribunal revocó la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien en agosto había habilitado a la expresidenta a sufragar pese a la condena en la causa Vialidad.

El fallo se apoya en el Código Penal, que establece la inhabilitación perpetua con privación de derechos políticos para quienes reciben este tipo de condenas, y en el Código Electoral Nacional, que excluye del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por el término de la condena”.

El argumento de la Cámara para inhabilitar a Cristina Kirchner

En su resolución, la CNE recordó que en 2016 ya había planteado que corresponde al Congreso Nacional legislar sobre el derecho al voto de personas con condenas penales. En aquel antecedente, el tribunal advirtió que pueden existir casos en los que la inhabilitación electoral esté justificada, como en delitos de corrupción, malversación o defraudación contra la administración pública.

Por eso, el tribunal entendió que no podía sostener la excepción dictada en primera instancia y ordenó la exclusión de Cristina Kirchner del padrón electoral, tal como había solicitado el fiscal nacional electoral Ramiro González.

Defensa y estrategia internacional

Mientras tanto, el equipo legal de Cristina Kirchner continúa una ofensiva en organismos internacionales. Su abogado, Gregorio Dalbón, presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya y prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa alega que la expresidenta es víctima de una persecución judicial y política, con irregularidades en las distintas causas que enfrenta. El objetivo es que algún organismo internacional emita una recomendación de revisión, amparada en el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal, que habilitaría un nuevo análisis de la condena.

Cristina Kirchner pasó por el NEA; precisamente, por Corrientes, antes de ser condenada a prisión domiciliaria. Foto: Tincho Ascúa.

La causa Vialidad en la Corte Interamericana 

La sentencia por la que Cristina recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua se encuentra todavía en revisión de la Corte Suprema argentina. Sin embargo, el máximo tribunal dejó firme el fallo de la Cámara de Casación Penal al aplicar el artículo 280, que le permite desestimar recursos sin pronunciarse sobre el fondo.

Ante esta situación, la estrategia de la defensa apunta a que una recomendación internacional obligue a reabrir el expediente en la justicia federal. Dalbón estima que podría haber novedades en un plazo de alrededor de un año.

Repercusiones y contexto regional 

La resolución de la Cámara Nacional Electoral se inscribe en un clima político marcado por debates sobre independencia judicial y precedentes de procesos controversiales en América Latina, como los de Rafael Correa en Ecuador o Lula da Silva en Brasil.

En el plano interno, el fallo llega en plena campaña de cara a las elecciones de octubre y refuerza la discusión sobre la representación política del peronismo en ausencia de su principal referente.

Próximos pasos de Cristina Kirchner en la Justicia

Con esta decisión, Cristina Fernández de Kirchner no podrá votar ni presentarse como candidata en los próximos comicios, mientras su equipo legal aguarda la respuesta de los organismos internacionales y la eventual intervención del Congreso para revisar la normativa sobre el derecho al sufragio de personas condenadas.

La exmandataria mantiene su rol como presidenta del Partido Justicialista, mientras el oficialismo y la oposición siguen de cerca una disputa judicial que podría tener impacto político más allá de las elecciones inmediatas.

Con información de Página 12 y otras agencias.

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