La Justicia Federal de Formosa resolvió sancionar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con una multa diaria de $100.000 hasta que cumpla con la sentencia que ordena restituir las pensiones por invalidez suspendidas en la provincia. La medida fue dispuesta por el juez federal Pablo Fernando Morán, tras constatar que el organismo no acató lo dispuesto en agosto pasado.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, explicó que la Fiscalía Federal deberá evaluar si corresponde imputar a la ANDIS por desobediencia judicial, lo que podría agravar las sanciones contra el organismo.
Reclamo en barrios de Formosa
Mientras tanto, asesores legales del Instituto de Previsión Social (IPS) y del área de Discapacidad continúan acompañando a cientos de personas afectadas. Los operativos se realizan en diferentes barrios de la capital provincial, como el Venezuela, Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), Lote 4 y Eva Perón.
Auditorías y ajuste
La Defensoría del Pueblo de Formosa recordó que en 2024 el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, impulsó una auditoría masiva sobre casi un millón de pensiones. Sin embargo, los resultados demostraron que:
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Más de la mitad de las cartas enviadas no pudieron ser entregadas.
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El 91,6% de los citados asistieron a la revisión.
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Solo se registraron 7.211 fallecidos y 9.027 renuncias.
Pese a estos datos, el Gobierno nacional de Javier Milei suspendió más de 111.000 pensiones, lo que, según denunció Gialluca, responde a una política de ajuste y no a un proceso transparente.
Un derecho recortado a las personas con discapacidad
El Gobierno de Javier Milei ha calificado el crecimiento de estas pensiones como un “curro”. Sin embargo, especialistas remarcan que el aumento se debe a cambios legislativos que ampliaron derechos: la eliminación de cupos en 2003 y la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014.
En Argentina, de los casi 6 millones de personas con discapacidad registradas en el censo 2022, solo el 20% accede a una pensión no contributiva, cuyo monto equivale al 70% de la jubilación mínima, por debajo incluso de la canasta básica de indigencia.
La decisión judicial en Formosa marca un precedente clave frente a la política de recortes de la Nación. Mientras la ANDIS acumula sanciones por incumplimiento, miles de beneficiarios siguen esperando que se restituya un derecho básico que representa su único sostén económico.
Con información de la Defensoría del Pueblo.
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