El mundo digital avanza tan rápido que pocas veces podemos seguirle el ritmo, pero es aún peor cuando se usa para el mal. Este fue el caso en Goya, Corrientes, donde la jueza María Gabriela Dadone debió intervenir para frenar un caso de manipulación digital con fines sexuales que involucró a 2 adolescentes de 15 años y a más de una docena de compañeras víctimas.
Para las menores de edad, no fue un “juego de chicos”, fue un hecho de violencia digital que vulneró su intimidad. Las imágenes ni siquiera eran ciertas, fueron generadas artificialmente y colocadas en contextos sexuales, circularon entre pares y llegaron a los ojos de madres y familias que denunciaron la situación.
La soluciónde la Jueza
Como los acusados son menores de edad resultan inimputables, así que la Jueza resolvió un abordaje integral: talleres de masculinidades, tratamiento psicoterapéutico, lecturas de reflexión y, sobre todo, la aplicación pedagógica de la Ley Olimpia, la norma que desde 2023 reconoce la violencia digital como una modalidad de violencia de género. “Este es un caso que afecta la dignidad y la integridad de varias adolescentes y que no puede quedar sin respuesta”, sostuvo Dadone al dictar la sentencia.
“Lo que buscamos es generar conciencia, prevenir y acompañar. No se trata de culpabilizar, sino de dar herramientas a los adolescentes para que comprendan la gravedad de estas conductas y aprendan a desenvolverse en un entorno digital seguro y respetuoso”, explicó Danone. Además, remarcó que: “Así como las adolescentes son víctimas de la difusión de estas imágenes, los varones involucrados también están en una situación de vulnerabilidad. Nuestro deber es intervenir para que tomen conciencia, cambien conductas y no repitan estas prácticas en el futuro”
La violencia digital como violencia de género
Pero esto no se trata sólamente de la sentencia, el caso de Goya nos muestra cómo las tecnologías potencian formas de violencia contra las mujeres y diversidades que antes no existían, pero que ahora se expanden a una velocidad alarmante. Lo que antes era una foto robada, hoy puede ser un “deepfake” hiperrealista creado en minutos con aplicaciones gratuitas.
Una de las herramientas para hacerle frente a esta situacion es La Ley Olimpia, sancionada en octubre de 2023 e impulsada en la Argentina por la diputada Mónica Macha. La misma incorporó estas prácticas a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entre otras cuestiones, la normativa reconoce como violencia digital a toda acción u omisión que afecte la integridad, reputación, dignidad o identidad de las mujeres en el entorno digital.
Es decir, no solo se trata de difundir imágenes íntimas sin consentimiento, sino también de manipular fotos para sexualizarlas, acosar, amenazar, vigilar o difundir discursos de odio. En palabras de la activista mexicana Olimpia Coral Melo, cuyo nombre dio origen a la norma: “Lo virtual también es real”.
El caso Ema
Lo que sucede es que la Ley Olimpia es la primera ley sobre este tema y sienta precedente, sin embargo, hoy en día se busca complementarla con otras leyes al respecto, como es el caso de la Ley Ema. En 2024, Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps, en Buenos Aires, se quitó la vida luego de que un video íntimo suyo fuera difundido entre compañeros de escuela y viralizado en redes sociales.
Esta tragedia derivó en la presentación de la Ley Ema, un proyecto complementario de la Ley Olimpia que busca prevenir la violencia digital en el ámbito escolar, con capacitaciones, protocolos de acción y una guía pedagógica inédita en Latinoamérica. Algo que une a estos casos es la vulnerabilidad de las adolescencias frente a entornos digitales en los que la exposición y la violencia se cruzan con la falta de herramientas. Mientras Ema quedó atrapada en el vacío de la ausencia de acompañamiento, el fallo de Dadone aparece como una respuesta temprana y preventiva.
La Guía Ema
En base a este terrible caso, hace unos días lanzaron la “Guía Ema”, un documento para abordar la violencia digital en las escuelas, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas. La guía está dirigida a docentes, no docentes, familias y estudiantes, y ofrece herramientas prácticas, conceptos clave como “ciudadanía digital” y referencias a normativas nacionales e internacionales. Define la violencia digital como toda conducta dañina mediada por tecnología, incluyendo la difusión, comercialización o edición de material íntimo sin consentimiento, discursos de odio, acoso, amenazas y espionaje virtual.
El documento también evidencia que esta forma de violencia afecta principalmente a mujeres, siendo una extensión de la violencia de género. Según Amnistía Internacional, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en redes, y muchas modifican su comportamiento en línea por temor. El proyecto de ley propone crear un Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el ámbito educativo, con el objetivo de garantizar una educación digital libre de violencias. La ley busca alcanzar a todos los actores del sistema educativo nacional.
De Longchamps, a San Martín, a Corrientes: un problema en expansión
El caso correntino no fue aislado. El año pasado, en San Martín, provincia de Buenos Aires, otro adolescente de 15 años fue allanado por comercializar en internet imágenes de sus compañeras adulteradas con inteligencia artificial. La investigación descubrió que usaba Mercado Pago para recibir dinero a cambio de carpetas con fotos modificadas y no modificadas de al menos 22 chicas.
Se filtraron chats y así fue como se descubrió que era un negocio. El adolescente hacía descripciones de los cuerpos de las menores como si fueran cualquier mercancía y negociaba con compradores anónimos. Este caso es terrible porque además de agredir a niñas y adolescentes, también alimenta un mercado oscurísimo que, aparentemente, tiene compradores más ávidos de lo que uno quisiera creer.
La batalla cultural: lo privado, lo público y lo educativo
La lucha contra esta violencia debe darse en tres frentes: en el ámbito privado, con el acompañamiento emocional y psicológico a las víctimas y sus familias. Por más vergüenza que pueda causar, nadie debería atravesar en soledad la difusión de una imagen sexual no consentida. En el ámbito público, con un Estado presente que legisle, regule plataformas, sancione conductas y garantice la eliminación de contenidos dañinos. Y por último, en el ámbito educativo, se necesita una pedagogía de la prevención que incluya talleres de masculinidades, formación en ciudadanía digital y actualización de la Educación Sexual Integral (ESI) para abordar fenómenos como grooming, sextorsión o deep fakes.
El objetivo, como señaló la propia jueza Dadone, no es sólo castigar, sino prevenir y transformar. Un aspecto novedoso del fallo de Goya fue la incorporación de los talleres de masculinidades como parte del proceso. Allí se reconoce que los varones que ejercen violencia digital no son meros “infractores”, sino adolescentes atravesados por mandatos de género que los empujan a cosificar y violentar.
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