Hace unos días salieron a la luz audios que comprometen tanto a Karina Milei como a los Menem, en un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sabiéndose esto, el oficialismo prendió todas las alarmas ya que, de confirmarse, el entramado plantea una paradoja cruel: mientras el Gobierno Nacional se jacta de que “no hay plata” mientras da de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad, funcionarios cercanos al Presidente Javier Milei reciben coimas millonarias por la compra de medicamentos.
Los audios que comprometen a Karina y a los Menem
El martes se difundieron en el canal de streaming Carnaval una serie de audios en los que Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y abogado personal de Javier Milei, explica el circuito de recaudación ilegal montado en la agencia. En ellos asegura: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”. Según detalla, los laboratorios y droguerías que querían acceder a contratos con el Estado debían pagar un retorno del 8% que era gestionado a través de la droguería Suizo Argentina, empresa vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El reparto, de acuerdo con los registros sonoros, era sencillo: de ese 8% exigido a los proveedores, un 3% iba directo a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, otro tanto quedaba en “la operatoria” y el resto engrosaban la red de negocios bajo control de los riojanos. Spagnuolo cuenta que los retornos oscilan entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
Lo grave de las declaraciones radica en que el funcionario admite haber hablado del asunto con el propio Javier Milei. “Yo hablé con el Presidente. Le dije: no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mí este fardo”, se escucha en los audios.
El decreto y la intervención de ANDIS
La difusión de los audios aceleró la crisis. El miércoles por la noche, la Casa Rosada anunció la remoción preventiva de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini. Al día siguiente, el decreto 599/2025 oficializó su desplazamiento y la “limitación de designaciones” por razones de “público conocimiento”.
El mismo jueves, el Ejecutivo intervino la ANDIS y nombró como interventor al médico Alejandro Alberto Vilches, hasta ahora secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será una auditoría “profunda” y la revalidación de pensiones. El vocero Manuel Adorni dijo en Twitter: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este Gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”.
Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.
El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.
Su primera misión será realizar una profunda…
— Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025
La denuncia judicial
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón denunció al Presidente Milei, a Karina, a “Lule” Menem, a Spagnuolo y al empresario Eduardo Kovalivker por los delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa recayó en el juzgado federal 11, subrogado por Sebastián Casanello, con el fiscal Franco Picardi.
Dalbón sostiene que: “La operatoria no se limita a un contrato aislado: constituye un verdadero sistema paralelo de recaudación que condiciona la entrega de medicamentos esenciales a laboratorios y droguerías dispuestas a pagar retornos. La participación de Andis en este mecanismo agrava la situación. Dicho organismo es la columna vertebral de la política de discapacidad en nuestro país, responsable de asegurar prestaciones básicas, terapias, insumos y apoyos para personas que dependen del Estado para vivir con dignidad”.
Una historia repetida
La imputación contra Karina Milei no es un hecho ni aislado ni sorprendente. La hermana del mandatario ya había aparecido en el centro de otro escándalo meses atrás, cuando se empezó a hablar de LIBRA. El diputado Agost Carreño viajó a Estados Unidos y se inscribió como abogado para poder acceder a la investigación por la estafa de Libra. Dice que el entorno del Presidente está «comprometido» porque “en la causa Libra de Estados Unidos empiezan a nombrar a Karina Milei»
En este caso, la coincidencia temporal agrava la situación: mientras se revelaban los supuestos sobornos, la ANDIS avanzaba con la baja masiva de pensiones por discapacidad, una medida que afecta directamente a los sectores más vulnerables del país.
El recorte de pensiones
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció con bombos y platillos que el Gobierno Nacional dio de baja más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. La decisión, explicó, responde a una auditoría que habría detectado “irregularidades” en la documentación y en el cumplimiento de requisitos. El ahorro fiscal de la medida ronda los 35.000 millones de pesos mensuales, un monto que coincide de manera llamativa con lo que se destinaría al pago de sobreprecios y retornos en los contratos investigados.
Desde la Casa Rosada justificaron las suspensiones con ejemplos casi caricaturescos, como radiografías idénticas presentadas por cientos de beneficiarios. Sin embargo, las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron que la auditoría se implementó de forma arbitraria: citaciones en horarios imposibles, notificaciones incompletas y exigencias burocráticas que dejaban a miles de personas fuera del sistema de manera automática.
En Formosa, la Defensoría del Pueblo junto a asociaciones como Camino Azul TEA denunciaron la suspensión masiva de pensiones y reclamaron medidas urgentes. “La burocracia no puede dejar sin sustento a quienes dependen de este ingreso para sobrevivir”, expresaron en una resolución oficial.
El contraste obsceno
Si se confirma la veracidad de los audios, el contraste es demoledor: lo que el Estado dejó de gastar en pensiones por discapacidad habría servido para financiar la caja negra de Karina Milei y los Menem. En números: el ahorro mensual de 35.000 millones de pesos coincide con los 27.000 millones que la ANDIS habría pagado en contratos con la droguería Suizo Argentina, denunciados por el periodista Tomás Méndez.
Es decir que mientras más de 100.000 personas perdían su ingreso vital (290 mil pesos mensuales en promedio), los funcionarios más cercanos al Presidente se repartían coimas millonarias. Pero además, las asociaciones de personas con discapacidad, que desde hace meses vienen realizando marchas y reclamos frente a la Casa Rosada, vienen advirtiendo que no se trata solo de un ajuste presupuestario, sino de una persecución que busca deslegitimar sus derechos.
Según datos oficiales, las pensiones no contributivas por discapacidad alcanzaban a más de 1,2 millones de personas en diciembre de 2023. La baja de más de 110.000 significa que cerca del 10% de los beneficiarios quedó sin cobertura en pocos meses. Para quienes dependen de esa ayuda, el ingreso hacía la diferencia entre comer o no comer. Quitarlos equivale a condenar a la indigencia a todas esas familias.
Las internas del oficialismo
Pero el escándalo también refleja la interna feroz que atraviesa al Gobierno y, más específicamente, al triángulo de hierro. Según versiones, la filtración de los audios habría sido impulsada por Santiago Caputo, asesor presidencial enfrentado a los Menem y a Karina. El trasfondo es una puja por el control de los negocios del Estado en áreas sensibles como salud y medicamentos.
Alejandro Fantino, periodista cercano al oficialismo, ya había deslizado críticas públicas a Spagnuolo en una entrevista. Allí habló de “gente genéticamente voraz”, en una referencia directa a los Menem. Las tensiones se agudizaron tras las muertes por fentanilo adulterado, que pusieron bajo la mira al Ministro de Salud, Mario Lugones, hombre cercano a Caputo.
No es la primera vez que la ANDIS aparece salpicada por denuncias de corrupción. Durante la gestión de Cambiemos ya habían surgido versiones sobre retornos en contrataciones vinculadas a programas de salud y asistencia. Pero la diferencia es que, bajo Milei, el organismo se convirtió en el blanco de un ajuste brutal. El gobierno insiste en que las bajas son parte de un “saneamiento” del sistema, pero si se comprobara el tema de las coimas, el único saneamiento que habría es el de los bolsillos de la “casta”.
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