En una decisión que expone las contradicciones de su autoproclamado «motosierra» al Estado, el presidente Javier Milei estatizó de facto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante los decretos 426/2025 y 571/2025, eliminando la participación privada que caracterizó al organismo durante sus casi siete décadas de existencia.
El mandatario que se presenta como el «topo que destruye el Estado desde adentro» tomó la decisión inversa: concentró el poder de decisión del principal instituto de investigación agropecuaria del país en manos de un solo funcionario designado por su gobierno, eliminando la matriz público-privada que había garantizado políticas de mediano y largo plazo.
🚨AHORA🚨 Sturzenegger continúa con la motosierra, un nuevo Decreto para destruir organismos claves, entre ellos el INTA, Secretaría de Industria y Comercio, etc.
El mismo Sturzenegger que por su decisión hoy tenemos 100 muertos, el mismo que destruyó ANMAT. pic.twitter.com/RXrPz9vibs— Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) August 18, 2025
El fin de un modelo exitoso
Hasta la publicación de estos decretos, el INTA funcionaba con un modelo único: su Consejo Directivo estaba integrado por diez miembros donde la representación se dividía equitativamente entre el sector público y privado. Tres representantes del Ejecutivo (presidente, vicepresidente y un vocal), uno por las facultades de Veterinaria, otro por las de Agronomía, uno por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), y cuatro por las entidades que conforman la Mesa de Enlace: Federación Agraria Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina.
Esta estructura garantizaba que, paradójicamente, el gobierno siempre fuera minoría en las decisiones, lo que permitía mantener políticas científicas y tecnológicas más allá de los cambios de administración. «Gracias a eso, se pudieron mantener políticas de mediano y largo plazo, que es lo que se necesita en ciencia y tecnología«, explican los documentos internos del organismo.
Concentración de poder
Con los nuevos decretos, toda la autoridad quedó concentrada en el presidente del INTA, actualmente Nicolás Bronzovich, ingeniero agrónomo designado por Milei en octubre de 2024. El decreto 571/2025 eliminó específicamente la Dirección Nacional del instituto, cargo que ocupaba Ariel Pereda, un veterinario con especialización en Salud Pública que había accedido al puesto por concurso en agosto de 2023.
La decisión no solo elimina la representación privada, sino que también suprime el carácter técnico-científico de la conducción. Donde antes había un órgano colegiado con representación equilibrada, ahora existe una «dirección autocrática» según califican los propios investigadores del organismo.
El nuevo esquema contempla un «consejo técnico asesor ad honorem» al que el presidente podrá consultar «a voluntad», pero sin poder de decisión. Este consejo deberá elaborar objetivos y planes para «su posterior aprobación por el Presidente», establecer lineamientos de investigación y evaluar impactos, pero siempre bajo la autoridad final de la figura política designada por el Ejecutivo.
Más Estado, menos privados
La contradicción con el discurso libertario es evidente. Mientras Milei promete reducir el Estado y aumentar la participación privada en la economía, en el INTA hizo exactamente lo contrario: eliminó a los privados y concentró todo el poder en el Estado.
Cristian Bagnardi, presidente del Consejo Regional Sur del INTA y productor ganadero tandilense, resumió la paradoja: «Se quejan de la politización de la ciencia y lo que hacen es concentrar la dirección del INTA en un solo cargo político. Esto rompe con el carácter democrático que tenía el Consejo Directivo e instala una dirección autocrática».
La medida afecta a un organismo que cuenta con 6.389 empleados distribuidos en 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias, 359 Unidades de Extensión y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos, extendidos por las cinco ecorregiones argentinas.
Repudiamos el desguace del #INTA por parte del Gobierno Nacional y su plan de destrucción del Estado y del desarrollo productivo del país. Su eliminación deja a miles de trabajadores sin empleo y a miles de productores a la deriva. @intaargentina pic.twitter.com/LlwufewLmC
— Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) August 12, 2025
El contexto de la «motosierra»
Los decretos se enmarcan en una serie de modificaciones que también afectaron al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que perdió su autonomía y pasó a depender de la Secretaría de Industria y Comercio, y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), incorporado al ámbito de la Secretaría de Agricultura.
El gobierno justificó las medidas señalando «estructuras sobredimensionadas» y «elevado costo para el Estado», pero los números revelan otra realidad: el presupuesto 2025 del INTA es de $224.357 millones, equivalente apenas al 0,23% del presupuesto total de la Administración Pública.
Resistencia federal
La decisión generó el rechazo unánime de los quince consejos regionales del INTA, que firmaron un documento crítico advirtiendo sobre el «ajuste irracional e inconsulto». Los representantes regionales, que incluyen desde Buenos Aires hasta Patagonia, cuestionaron que las autoridades tomen decisiones «con las anteojeras centralizadas en la región del Puerto de Buenos Aires».
Carlos Paz, ex presidente del INTA entre 2008 y 2009, defendió la importancia del organismo recordando contribuciones clave como la siembra directa, las silobolsas, la genética de arroz, técnicas de producción lanera y los mapas de suelo de Argentina. «El 80 por ciento de los productores son pequeños o medianos», advirtió, señalando que en muchas regiones «la única alternativa está en la oficina del INTA para la transferencia de tecnología».
El INTA no se toca
Hoy el Gobierno Nacional dio otro paso para desarticular una de las instituciones científicas más importantes de nuestra historia: eliminó la Dirección Nacional del INTA, un cargo técnico, concursado y ajeno a la política partidaria.
No es modernización: es… pic.twitter.com/dvf1YGLuxY
— Gustavo Fita (@FitaGustavo) August 12, 2025
Una paradoja ideológica
El caso del INTA expone una de las principales contradicciones del gobierno de Milei: mientras predica la reducción del Estado y el fortalecimiento del sector privado, en la práctica concentra poder estatal y elimina la participación privada allí donde existía.
La «motosierra» que prometía destruir el Estado desde adentro terminó siendo una herramienta para estatizar un organismo que funcionaba exitosamente con gestión mixta. El «topo libertario» cavó hacia el lado opuesto al que prometió en campaña.
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