Las personas con discapacidad atraviesan un momento crítico en todo el país, y en Corrientes la situación no es distinta. El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, dejó sin efecto medidas que buscaban garantizar la actualización de aranceles, proteger empleos y asegurar el acceso a medicamentos y terapias para miles de personas.
La norma vetada contemplaba, entre otros puntos, la actualización mensual de los aranceles para prestadores del sistema de salud, educación, rehabilitación y transporte; la reforma del sistema de pensiones no contributivas; el sostenimiento de talleres protegidos y centros de día; y el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Ante esta situación, familias, prestadores y organizaciones de Corrientes se movilizaron este martes 12 de agosto por el centro de la ciudad con un reclamo claro: «No al veto» y «Queremos la Ley de Emergencia en Discapacidad». En este marco, NEA HOY dialogó con la familia de una persona con discapacidad y un abogado especialista que anticipó cómo será el panorama crítico si el veto de Milei no es revertido por el Congreso en los próximos días.
“No sé si en unos meses podré conseguir la medicación de mi hijo”
María Elba Mohando, integrante de TGD Padres TEA Corrientes y madre de un joven con autismo, contó a NEA HOY que el panorama ya era difícil antes del veto y que ahora se agrava: “Con el veto la situación de la discapacidad se volverá más difícil. Mi hijo tiene cubiertas sus terapias hoy, pero no sé si en unos meses los profesionales podrán seguir atendiéndolo o si conseguiré su medicación en tiempo y forma”.
Mohando señaló que el problema de fondo es la desactualización del nomenclador nacional: “Una hora de terapia figura en $12.000, pero en el mercado real cuesta entre $20.000 y $30.000. Si una familia tuviera que pagar todo de su bolsillo sería imposible. Y con los medicamentos pasa lo mismo”.
La madre también pidió empatía a los legisladores nacionales de todo el país: “Si hay algo que está mal, se revise, pero que no se quite lo que tantas familias necesitan”.
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“El veto coloca en extrema vulnerabilidad a las personas con discapacidad”
Carlos José Almeida, abogado y diplomado en discapacidad y derecho, explicó a NEA HOY que la Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba dar previsibilidad mediante la actualización mensual de aranceles tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor: “Hoy llevamos ocho meses de atraso y los prestadores trabajan con valores congelados de diciembre de 2024. Esto puede hacer que muchos dejen de trabajar con ese arancel y cobren según el mercado, obligando a las familias a pagar la diferencia”.
El especialista advirtió que también se afectará el acceso al empleo y el sostenimiento de centros de día y talleres protegidos: “Quien niega esta ley probablemente no conviva con una persona con discapacidad. La discapacidad puede llegar a cualquiera en cualquier momento”.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la oposición en la Cámara de Diputados acelera los esfuerzos para conseguir los dos tercios necesarios que permitan revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, junto con otros proyectos como el aumento de jubilaciones y fondos para el Hospital Garrahan. Diversos bloques, entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y partidos provinciales, ya han manifestado su compromiso para aprobar estas iniciativas.
En un contexto político complejo y con la campaña electoral en marcha, los opositores confían en lograr los votos necesarios antes de la sesión especial prevista para el 20 de agosto. “Tenemos la ambición de discutir la emergencia en discapacidad… los números van a estar”, afirmó Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria. Mientras tanto, las familias y organizaciones esperan mantener su presencia en las calles para que el oficialismo nacional se ocupe de garantizar una vida digna a las personas con discapacidad en todo el país.
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