En un contexto donde el ajuste es bandera y el Estado es desguazado a fuerza de decretos, silencios y vetos, hay voces que no se apagan. Voces como la de Leonarda «Pocha» Correa, Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE en Corrientes que levanta la bandera de los jubilados, de los invisibles, de los que ya dieron todo y hoy apenas reciben las migajas.
«No la estamos pasando bien los jubilados, con el presidente que tenemos, que no quiere ver, más que nada quiere ver muertos a todos, como lo dijo en televisión», denunció con firmeza Pocha, en diálogo con NEA HOY. Y no se trata solo de una declaración encendida: es el reflejo de una realidad que se profundiza a diario con la licuación de haberes, la precarización de la salud pública y la amenaza constante sobre derechos adquiridos.
Desde hace 18 meses, Pocha y cientos de jubilados de la provincia de Corrientes sostienen una lucha que se volvió cuerpo y pancarta: resistir el traspaso del Instituto de Previsión Social (IPS) a la órbita nacional. Una medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei y respaldada por el Gobernador correntino Gustavo Valdés bajo la consigna de la «armonización» previsional, que en los hechos se traduce en ajuste, pérdida de derechos y una merma directa sobre los ingresos de quienes ya han trabajado toda una vida.
Consecuencias del posible traspaso a Nación
«Si se pasa el IPS a Nación, perdemos el 82%. También se caen regímenes especiales como el 4 por 1 para docentes y el 2 por 1 para estatales. Es un retroceso enorme», explicó Correa. Lo que está en juego no es un tecnicismo burocrático, es el sustento diario de miles de personas. Es el acceso a medicamentos, a una pensión digna, a una vejez con algún tipo de tranquilidad.
El reclamo, sin embargo, no ha sido escuchado por las autoridades provinciales. «Hemos presentado notas a todos los diputados y senadores, incluso al gobernador, y no hemos tenido ninguna respuesta», señala Correa. Un silencio institucional que duele y, a la vez, fortalece la convicción de quienes marchan cada semana.
Porque la lucha, como todo en este país, también es desigual. Los recursos para movilizarse escasean, la nafta sube, el transporte es caro, y la edad pesa. Aun así, cada miércoles se organizan movilizaciones en distintos barrios de Corrientes. «Primero empezamos en Plaza Vera, ahora la idea es movernos por los barrios, porque es difícil para los compañeros costear el transporte», contó Pocha.
Cabe destacar que Corrientes forma parte de las 13 provincias (incluyendo provincias del NEA) que no transfirieron su caja previsional al Estado nacional durante la década de los 90. A cambio de sostener su autonomía previsional, la provincia resignó parte de su coparticipación federal, lo que generó un esquema en el cual el Gobierno nacional debe realizar transferencias periódicas de fondos para cubrir el déficit del sistema. Sin embargo, la administración de Milei paralizó esos envíos, generando conflictos judiciales y reclamos políticos por parte de las jurisdicciones afectadas.
En ese marco, aceptar el traspaso del IPS no solo implicaría un recorte concreto sobre los haberes y derechos de miles de jubilados correntinos, sino también una renuncia definitiva a un reclamo histórico por parte de la provincia. No es una cuestión técnica ni aislada: se trata del modelo de país que se discute en cada plaza, en cada movilización, en cada voto. Y en ese debate, las voces como la de Pocha Correa —que representan la lucha cotidiana por una vejez digna— se vuelven imposibles de ignorar
El golpe a los jubilados más allá del IPS
No se trata solo del IPS. El ajuste golpea con crudeza en todas las dimensiones de la vida de los jubilados. «No hay medicamentos, no hay turnos médicos, no hay entrega de pañales. El PAMI está completamente vaciado. Es una precariedad total», denunció la dirigente. Y agrega una preocupación particular en referencia al veto a Ley de Emergencia en Discapacidad: los jubilados que afrontan algún tipo de discapacidad también están siendo abandonados por el Estado.
En ese contexto, la referente de ATE Jubilados hace un llamado claro: «Todos los argentinos tendríamos que despertar un poco más. Corrientes es una provincia donde cuesta sacar a los compañeros a la calle porque casi todos están precarizados y tienen miedo a perder su trabajo. Pero de a poco la gente se está despertando».
La resistencia no es solitaria. La dirigente correntina afirmó que el reclamo forma parte de una multisectorial en la que confluyen sindicatos, organizaciones sociales, centrales obreras y agrupaciones de jubilados. «Nos apoyan la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el sindicato docente y otros espacios. La calle es nuestra, y ahí vamos a seguir», afirmó con convicción.
La situación de Corrientes es particularmente compleja. El IPS, la obra social y la Lotería Correntina están intervenidos hace más de 20 años, y los reclamos por una administración transparente y participativa han sido desoídos. «Nosotros decimos que esos directorios deben estar formados por compañeros activos y jubilados. No queremos más intervención, queremos representación y control social», sostuvo.
Este 31 de agosto la provincia va a elecciones para elegir Gobernador, Diputados e Intendentes. «Es un mes muy atípico. Hay tres listas fuertes: el oficialismo con el hermano del actual gobernador, ECO con Colombi, y el PJ con Tincho Ascúa. Yo creo que va a haber segunda vuelta», analizó. Sin embargo, más allá de los resultados, el reclamo de los jubilados seguirá presente: en las calles, en las plazas, en los barrios.
El reclamo a los funcionaros para ser escuchados
La petición es clara: “Que los legisladores escuchen, que los candidatos escuchen. Solo uno se reunió con nosotros, y el resto guarda silencio. Pero no nos van a callar. Vamos a seguir luchando por una jubilación digna, los pocos años que nos quedan”, concluyó.
La situación de los jubilados en Corrientes —y en todo el país— expone un escenario de emergencia social que se agrava con decisiones de gobierno nacional y correntino que priorizan el ajuste fiscal por sobre el bienestar de las personas mayores. La falta de medicamentos, el vaciamiento de programas como el PAMI, y la ausencia de respuestas concretas ante reclamos legítimos, configuran un panorama preocupante que merece atención y respuestas por parte del Estado en todos sus niveles.
En medio de este escenario, figuras como Pocha Correa encarnan una resistencia activa frente al avance de políticas regresivas. Con movilizaciones sostenidas y reclamos concretos, los jubilados correntinos visibilizan una lucha que interpela no solo al gobierno nacional, sino también a la dirigencia local. En tiempos de crisis, el derecho a una vejez digna sigue siendo una demanda urgente que no encuentra eco suficiente en la agenda pública.
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