La trata de personas se está adaptando, como casi todo, se volcó a la tecnología. En 2025, la trata de personas avanza desde el anonimato de la computadora: la estafa en línea forzada. En esta nueva modalidad las víctimas son reclutadas con ofertas laborales falsas y son obligadas a cometer delitos digitales para redes criminales internacionales. Mientras este fenómeno crece a nivel global, Argentina enfrenta esta amenaza aún más grave, sin políticas públicas activas tras el desmantelamiento estatal promovido por el Gobierno de Javier Milei.
El Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), confirma la tendencia: entre 2019 y 2022, el número de víctimas detectadas en el mundo aumentó un 25%. La criminalidad forzada, incluida la estafa digital, pasó del 1% al 8% del total de casos. Además, se registró un incremento del 31% en las víctimas infantiles, con un 38% más de niñas. En paralelo, el Estado argentino desmontó las estructuras clave para prevenir, denunciar y asistir casos de trata: fue desfinanciado el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, la Línea 145 dejó de funcionar regularmente, y las campañas de prevención desaparecieron. La ley está, pero el Estado ya no actúa.
El caso Loan Peña: una desaparición que expuso el vacío institucional
En junio de 2024, la desaparición de Loan Danilo Peña, un nene correntino de 5 años sacudió al país. Lo que comenzó como una supuesta caminata al monte con familiares, pronto derivó en una investigación llena de contradicciones, vínculos con funcionarios públicos, pistas manipuladas y encubrimiento. Si bien la Justicia aún no confirmó que se trate de un caso de trata, esta hipótesis es una de las líneas investigadas por su posible conexión con redes criminales.
Más allá del desenlace judicial, la ausencia de protocolos oficiales de búsqueda rápida, la inacción de organismos nacionales de niñez y el desinterés del gobierno de Milei generaron indignación social. La falta de respuestas institucionales encendió alarmas en organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas en trata. Como señalaron desde La Casa del Encuentro, “la desaparición de un niño nunca puede ser tratada con indiferencia institucional”.
Loan se convirtió, incluso sin confirmación judicial, en un símbolo del retroceso estatal en la lucha contra la trata, particularmente en territorios vulnerables del país, donde las complicidades locales y la falta de controles facilitan la explotación.
De la explotación sexual al fraude digital
La evolución del delito obliga a pensar la trata en clave contemporánea. Según Kari Johnstone, representante de la OSCE para combatir la trata, muchas víctimas hoy son jóvenes con estudios, dominio de idiomas y habilidades digitales. “Pensaban que iban a trabajar en tecnología en el extranjero. Una vez allí, eran encerradas en instalaciones y obligadas a cometer estafas en línea bajo amenaza de violencia”, explicó.
Este modelo, que se consolidó en el sudeste asiático durante la pandemia, consiste en obligar a las víctimas a construir perfiles falsos, ganarse la confianza de otras personas y robarles ahorros o criptomonedas. Si no cumplen con los montos exigidos, sufren represalias brutales, que van desde torturas hasta ejecuciones. Ahora este fenómeno se está expandiendo a Europa y América Latina.
Con un mercado laboral precarizado, salarios en caída libre y jóvenes buscando salidas por internet, Argentina aparece como un blanco potencial para las redes de captación, ya no solo de explotación sexual o laboral, sino también digital.
Argentina, sin respuestas ni refugio
Según datos del informe regional de UNODC, Argentina detectó 1.186 víctimas de trata en 2022. Más de la mitad fueron explotadas laboralmente (728 casos), y 400 fueron víctimas de explotación sexual. Un 61% del total eran mujeres y niñas. Pero lo más preocupante no son los números, sino la falta de políticas activas para prevenir y asistir estos casos.
Durante la pandemia, el Programa Nacional de Rescate aún funcionaba. Hoy, las oficinas están desmanteladas, los equipos interdisciplinarios fueron desarticulados y las víctimas quedan a la deriva. La Línea 145, que permitía denunciar situaciones de trata de forma gratuita y anónima, fue vaciada de personal y presupuesto. En paralelo, organizaciones como la Fundación María de los Ángeles o La Casa del Encuentro reciben un aluvión de pedidos de ayuda que no pueden absorber.
“No tenemos dónde derivarlas, ni con qué acompañarlas. El Estado ha abandonado por completo su rol protector”
La estafa en línea forzada tiene otro aspecto muy complejo: la identificación de las víctimas. Muchas veces son detenidas por cometer delitos digitales, sin que se investigue si fueron captadas por redes de trata. “Las fuerzas de seguridad no están capacitadas para distinguir entre un estafador y una persona esclavizada para estafar”, alertan desde la Procuraduría de Trata (PROTEX).
Lo que falta
Mientras las redes de trata se adaptan, se diversifican y se vuelven cada vez más difíciles de detectar, las respuestas del Estado argentino se vuelven más escasas. Organismos internacionales como la ONU y la OSCE insisten en una serie de medidas básicas: volver a poner en marcha líneas de denuncia que funcionen, capacitar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, garantizar asistencia real a las víctimas (sin obligarlas a colaborar en las causas judiciales), y fortalecer los controles en aeropuertos y pasos fronterizos. Todo eso es urgente, pero también es lo mínimo.
Y sin embargo, hoy no está. La Línea 145 funciona de forma intermitente, los equipos de rescate fueron desarmados, y las campañas de prevención brillan por su ausencia. No se trata solo de recursos: lo que falta, sobre todo, es decisión política.
Mientras el Gobierno Nacional niega estadísticas, recorta programas clave y desarma estructuras de contención, las víctimas quedan solas. En muchos casos, ni siquiera llegan a ser reconocidas como tales. Son vistas como delincuentes, ignoradas o descartadas. La trata muta y evoluciona, es tarea del Estado estar pendiente y evitar que estos crímenes se multipliquen.
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