El Ministerio de Economía oficializó este jueves, mediante la Resolución 1049/2025, el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las empresas ferroviarias más estratégicas del país. La decisión responde al plan de desguace del Estado impulsado por Javier Milei, que ya había anticipado su voluntad de desprenderse de empresas públicas en la Ley de Bases.
El objetivo: convertir al Estado en un mero espectador y delegar a privados la explotación de servicios que fueron recuperados con esfuerzo luego de los fracasos de los ’90.
De lo público a lo privado, sin escalas
La resolución designa a la Secretaría de Transporte, bajo la órbita de Luis Caputo, como responsable de llevar adelante:
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El remate público del material rodante (trenes, vagones y locomotoras).
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La concesión de las vías férreas e inmuebles adyacentes de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
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La concesión del uso de talleres ferroviarios, esenciales para el mantenimiento del sistema.
Además, se autoriza al Banco Nación a crear una cuenta fiduciaria donde ingresarán los fondos provenientes de la venta de los activos estatales, que supuestamente se usarán para obras ferroviarias, aunque no se especifica qué tipo de obras ni en qué plazos.
Belgrano Cargas: una privatización con fecha de vencimiento
El gobierno le dio un plazo máximo de 12 meses a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para completar la privatización. Esta unidad especial deberá coordinar el proceso, incluyendo la valuación de los “flujos de fondos futuros” de la explotación ferroviaria. En la práctica, se traduce en ponerle precio a una estructura estatal compleja y esencial, para entregarla al mejor postor.
La falta de transparencia sobre los criterios de esa valuación y la nula participación de usuarios, provincias o trabajadores preocupan a sindicatos y especialistas del sector.
¿Qué se pierde con esta privatización?
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Control estatal de un servicio estratégico, esencial para las economías regionales.
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Infraestructura que costó décadas construir o recuperar tras el abandono neoliberal de los ‘90.
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Capacidad de planificación del transporte de cargas en función del desarrollo federal y no solo de la rentabilidad.
Aunque el gobierno de Javier Milei asegura que las vías seguirán siendo del Estado, en los hechos privatiza su uso y mantenimiento por décadas, lo que convierte al “dueño” en un actor ausente.
Sindicatos del sector y organizaciones de trabajadores estatales alertaron sobre el vaciamiento progresivo del Estado. La medida se suma a la ofensiva contra AySA, YPF, el Correo Argentino y otras empresas públicas. “Este gobierno es el peor pagador de salarios de la historia y quiere vender todo lo que no entiende”, señalaron referentes gremiales.
El modelo Milei: privatizar sin administrar
Desde que asumió el gobierno, Javier Milei repite que “el Estado no debe participar en la economía”, pero evita discutir cómo garantizará el acceso a servicios esenciales o cómo protegerá a los usuarios y trabajadores ante el poder del mercado.
La privatización del Belgrano Cargas no responde a un plan técnico ni a un debate público. Responde a una ideología que desconfía del Estado y apuesta a un modelo de país entregado a intereses privados, donde lo público molesta y se descarta.
El Belgrano Cargas es fundamental para el transporte de granos, minerales, madera y otros productos que se mueven desde el NOA, NEA, Cuyo y el Litoral hacia los puertos del centro del país. Su privatización afectará a cientos de localidades del interior, que quedarán sujetas a las decisiones de empresas que no tienen compromisos con el desarrollo regional.
Con información de C5N.
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