En los últimos días, la provincia de Formosa fue perjudicada por una decisión arbitraria por parte del Estado nacional, que intentó despojar a la región de un transformador eléctrico vital no solo para esta provincia, sino para toda la región. Mientras el Gobierno nacional insiste en discursos sobre eficiencia, reducción del gasto y reordenamiento energético, lo cierto es que muchas decisiones se toman con una mirada centralista, perjudicando a regiones enteras que padecen las consecuencias de la falta de inversión y planificación. En este contexto, la cuestión energética cobra una dimensión alarmante.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, fue claro al señalar que existe una deuda histórica con la provincia en materia de infraestructura energética. Particularmente, advirtió sobre la intención del Gobierno nacional de trasladar un transformador clave desde Clorinda a Mendoza, lo que implicaría la «sentencia de muerte» de la interconexión Guarambaré–Clorinda, fundamental para garantizar el ingreso de energía desde Paraguay y permitir una distribución fluida en toda la región del NEA. Este megatransformador, único en el país, permite regular y rebajar la energía proveniente de la ANDE paraguaya y es la pieza central de una infraestructura que, sin él, simplemente no funciona.
El Gobierno de Javier Milei ha dejado en claro, una vez más, que su «motosierra» no corta parejo: castiga con dureza a quienes no se alinean políticamente y beneficia a sus aliados con privilegios selectivos. La reciente —y judicialmente frustrada— decisión de trasladar un transformador clave desde Clorinda, Formosa, hacia Mendoza no fue un hecho técnico ni aislado. Por el contrario, expone con nitidez el doble estándar del Gobierno nacional: ajuste implacable para las provincias no afines, favores y excepciones para las que respaldan su proyecto.
La justicia frenó el accionar de Nación: ¿Por qué llevar el transformador a Mendoza?
La medida fue detenida por la Justicia Federal tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de Formosa. El megatransformador, de 150 MVA, no sólo puede garantizar la estabilidad energética en Formosa, sino que forma parte del entramado nacional de seguridad eléctrica, aportando al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
¿Por qué entonces trasladarlo a Mendoza, una provincia sin vínculo con esa interconexión y con otras soluciones energéticas disponibles? La respuesta parece estar menos en la técnica y más en la política: Mendoza es la casa del Gobernador Alfredo Cornejo, un aliado clave de Milei en el Congreso Nacional y figura central en la nueva alianza con La Libertad Avanza. No se trata de energía, sino de favores. Mientras Milei impone ajustes brutales en todo el país, hay excepciones selectivas para quienes acompañan su proyecto.
Nación y sus constantes ataques a Formosa
En paralelo al intento de desmantelar la estación transformadora de Clorinda, la gestión de Milei ha paralizado o directamente cancelado obras fundamentales para el suministro eléctrico en la provincia y el NEA. La rehabilitación de la Línea de Alta Tensión Clorinda–Guarambaré fue suspendida pese a que la provincia ofreció cofinanciar su reparación, ignorando no solo una propuesta técnica viable sino también una salida estratégica para aliviar el sistema eléctrico regional. Como si fuera poco, también se cancelaron las centrales térmicas proyectadas para Formosa e Ibarreta, adjudicadas en 2023 y destinadas a generar 240 megavatios para reforzar el SADI. Estas plantas, que contaban con financiamiento, diseño técnico y empresas adjudicatarias, fueron archivadas con una simple resolución administrativa.
El ataque a la infraestructura energética se completa con la paralización de la planta de Dioxitek, que iba a producir dióxido de uranio para alimentar las centrales nucleares del país. Con un avance del 70%, la decisión del Gobierno de frenar su construcción implica no sólo una pérdida económica superior a los 150 millones de dólares, sino también la amenaza concreta de desabastecimiento de combustible nuclear para Atucha I, Atucha II y Embalse. Esta planta, moderna y automatizada, también representaba una oportunidad única para posicionar a Formosa como polo tecnológico y exportador en la industria nuclear.
Mientras tanto, los apagones en el norte son cada vez más frecuentes. La dependencia del suministro desde Paraguay, Brasil y Uruguay somete al sistema energético a un estado de vulnerabilidad permanente. Formosa y el NEA quedan atrapados en una lógica de centralismo energético, donde las provincias norteñas son relegadas.
Formosa defiende su soberanía
La provincia de Formosa se plantó ante este intento de Nación: la Justicia le puso un freno al desmantelamiento de su infraestructura energética. Una victoria judicial que, aunque temporal, marca un límite a la impunidad con la que el Gobierno nacional pretendía saquear el noreste. El fallo firmado por el juez Pablo Fernando Morán dispone lo siguiente: se dictó una medida cautelar que ordena mantener el importante transformador de Clorinda en su lugar, para no perder la interconexión eléctrica con Paraguay y proteger una infraestructura clave para el sistema energético del país.
La energía no es solo un insumo: es un derecho, un factor de desarrollo, un pilar de soberanía. Si el norte argentino queda a oscuras mientras se iluminan los despachos de los aliados de turno, entonces el proyecto de país que impulsa este Gobierno no es federal, ni republicano, ni liberal. Es simplemente excluyente.
Esa decisión no solo protege un recurso vital para Formosa y toda la región, sino que también reafirma la necesidad urgente de un federalismo real que respete y garantice el desarrollo equitativo de todas las provincias.
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