La economía argentina vivió en las últimas semanas una nueva escalada del dólar que puso en alerta al mercado financiero y obligó al Gobierno nacional a desplegar una batería de medidas de emergencia para contener la presión cambiaria. El tipo de cambio oficial avanzó más de $80 en apenas ocho ruedas, pasando de $1.142,5 hasta tocar récords nominales superiores a los $1.290, en un contexto de múltiples factores que convergieron para generar esta tormenta perfecta.
Las causas del rally alcista
El disparador principal de esta escalada cambiaria fue un cóctel de factores tanto internos como externos que crearon un escenario desafiante para el equilibrio del mercado de divisas. En primer lugar, la menor liquidación del sector agropecuario jugó un papel determinante.
Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante junio las empresas del sector agroindustrial liquidaron US$ 3.706 millones, pero las expectativas para julio apuntaban a una fuerte caída en el ingreso de divisas por esta vía. El segundo factor que alimentó la presión cambiaria fue la corrección del atraso relativo que venía mostrando el dólar frente a otros precios de la economía.
Pero quizás el elemento más disruptivo fue la aparición de informes internacionales que encendieron las alarmas en los mercados locales. El banco de inversión J.P. Morgan emitió un reporte aconsejando el desarme de las posiciones de «carry trade» en pesos, advirtiendo sobre la eventualidad de una suba del tipo de cambio. Este informe tuvo un impacto particular porque el mismo banco había realizado una advertencia similar en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que precedió a una fuerte crisis cambiaria.
Adicionalmente, factores coyunturales como el cobro del aguinaldo alimentaron la demanda de dólares del retail de manera transitoria, mientras que una licitación del Tesoro con un rollover de apenas 58,9% generó mayor liquidez en pesos que presionó hacia la compra de divisas.
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— BCRA (@BancoCentral_AR) July 18, 2025
El costo millonario de sostener lo insostenible
La magnitud de la intervención oficial para contener la presión cambiaria resulta abrumadora cuando se la compara con las restricciones presupuestarias que afronta el Estado en áreas críticas. Según estimaciones de analistas del mercado, el Banco Central (BCRA) desembolsó en las últimas 48 horas más de USD 600 millones en contratos de dólar futuro, una cifra que representa aproximadamente el 40% del presupuesto anual del Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes de América Latina.
Esta intervención masiva se complementó con la reactivación de los pases pasivos, un mecanismo mediante el cual el BCRA comenzó a remunerar depósitos bancarios al 35-36% de tasa nominal anual. En términos prácticos, esto significa que el Estado está pagando tasas de interés superiores a la inflación para mantener pesos en el sistema financiero, subsidiando a los sectores más concentrados de la economía mientras se ajusta el gasto social.
El economista Hernán Letcher estimó que solo en las últimas horas la intervención en el mercado de dólar futuro alcanzó contratos por más de USD 700 millones. Para dimensionar esta cifra, es equivalente a casi tres veces el presupuesto anual destinado a la Asignación Universal por Hijo para aproximadamente 4 millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
La trampa del carry trade: cuando la medicina es peor que la enfermedad
El modelo económico implementado por la administración de Javier Milei se basa en gran medida en la estrategia del «carry trade», que consiste en mantener el dólar artificialmente barato para atraer inversores que toman deuda en pesos a altas tasas de interés. Sin embargo, esta estrategia genera un círculo vicioso que obliga al Estado a comprometer recursos cada vez mayores para sostener el esquema.
Como explicó Eric Paniagua, socio de Dracma Venture Capital Consulting, varios factores convergieron para generar presión sobre la divisa: «Va a haber menos dólares ofrecidos por el campo por una cuestión estacional, ese atraso cambiario que se contrasta con la evolución de otros precios de la economía tenía que ser normalizado«. Pero el factor más determinante fue la aparición del informe de J.P. Morgan aconsejando el desarme de las posiciones de carry trade, el mismo banco que había anticipado la crisis cambiaria de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
La ironía es evidente: el Gobierno se ve forzado a gastar cientos de millones de dólares para defender un tipo de cambio que beneficia principalmente a especuladores financieros, mientras recorta partidas destinadas a sectores vulnerables. El analista financiero Christian Buteler fue categórico al señalar: «Hasta ahora la forma en que quisieron desarmar las LEFIs parece no haber sido la mejor«, refiriéndose a la necesidad de intervenir con pases pasivos al 35% como síntoma de «improvisación y mala praxis».
No solo están interviniendo desde el BCRA de forma directa e indirecta sino que hay apretadas a entidades bancarias privadas.
Hay grandes salidas de accionistas de los principales bancos de Argentina.
— r3fl3xite (@refl3xit3) July 16, 2025
El subsidio oculto a los más pudientes
La mecánica del carry trade funciona como un subsidio indirecto a los sectores de mayor poder adquisitivo. Al ofrecer contratos de dólar futuro por debajo del valor de equilibrio del mercado, el Gobierno permite que los inversores mantengan sus posiciones en pesos obteniendo altas tasas de interés sin asumir el riesgo de una devaluación. Es decir, el Estado se hace cargo de la incertidumbre cambiaria para que los inversores más sofisticados puedan obtener ganancias garantizadas.
El mecanismo es simple pero perverso: un inversor puede vender dólares al contado a $1.274, colocar esos pesos en Letras del Tesoro (Lecap) que ofrecen un rendimiento equivalente a un dólar a $1.297, y simultáneamente comprar un futuro de dólar a $1.287 para cubrirse del riesgo cambiario. La diferencia de $10 entre el dólar de equilibrio y el futuro representa una ganancia «regalada» por el Estado. Ese subsidio encubierto lo financia el conjunto de la sociedad a través de las arcas públicas.
Mientras tanto, las jubilaciones mínimas se mantienen en niveles de indigencia, los hospitales públicos enfrentan faltantes de insumos críticos, y las universidades nacionales ven recortados sus presupuestos. La paradoja es que los recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de millones de argentinos se destinan a garantizar las ganancias de un puñado de inversores financieros.
El precio social de la especulación financiera
Los USD 700 millones comprometidos en operaciones de futuro equivalen a recursos que podrían financiar la construcción de 140 jardines de infantes, mejorar el equipamiento de 350 hospitales rurales, o aumentar en un 20% las jubilaciones mínimas durante seis meses. Sin embargo, estos fondos se destinan a sostener un esquema que beneficia a quienes menos lo necesitan.
La menor liquidación del sector agropecuario, que según datos de CIARA y CEC fue de US$ 3.706 millones en junio, se combinó con factores coyunturales como el cobro del aguinaldo para generar presión sobre la divisa. Pero la respuesta del Gobierno fue recurrir a instrumentos financieros sofisticados que, en última instancia, representan una transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector financiero más concentrado.
El volumen operado en el mercado de futuros Rofex alcanzó los US$ 2.942 millones en una sola jornada, evidenciando la magnitud de la especulación que alimenta este sistema. Mientras el dólar mayorista retrocedía desde máximos de $1.291 hasta $1.260 como resultado de la intervención oficial, el costo de esta «estabilización» se trasladaba silenciosamente a las cuentas públicas.
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