El ahora exconcejal salteño de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, renunció a su banca este jueves tras la difusión pública de un audio que expone una presunta extorsión sexual hacia una militante de su propio espacio político. La mujer, que según trascendió sería una convencional municipal electa con un contrato político, presentó pruebas ante la Justicia y recibió un botón antipánico.
La conversación fue publicada por el periodista Daniel Murillo y generó una rápida reacción mediática y judicial. En el audio, López hace referencia a retenciones arbitrarias del sueldo de la denunciante y sugiere que podría reducir esos descuentos si la mujer accedía a mantener relaciones sexuales con él.
“Por cada favor sexual te descontaba una parte menor del sueldo”, se lo escucha decir, en una frase que la denunciante contesta indignada.
Escándalo en Salta: investigación judicial en curso
La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, acompañada por una abogada particular y pruebas como chats y audios. Fuentes judiciales confirmaron que ya se inició una investigación bajo estricta reserva.
Desde el Concejo Deliberante de Salta, aún no hubo un pronunciamiento institucional, pero se confirmó que la renuncia fue aceptada y la banca quedará vacante hasta que se defina su reemplazo.
Una renuncia con justificaciones políticas
En su carta de renuncia, López se desligó de las acusaciones y aseguró ser víctima de una operación política. “Presento mi renuncia convencido de que no se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento y persecución personal. Prefiero dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones ajenas al bienestar de los salteños”, escribió el edil.
No obstante, ni el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo ni referentes del espacio libertario en Salta emitieron declaraciones públicas al respecto.
Silencio partidario y repudio social
El silencio institucional de La Libertad Avanza Salta tras la denuncia genera fuertes cuestionamientos. La falta de respuesta oficial, tanto del partido como del Concejo, contrasta con la gravedad de los hechos denunciados y el impacto que generaron en la opinión pública.
Organizaciones feministas y espacios sociales de la provincia expresaron su repudio y reclamaron una investigación rápida, así como sanciones ejemplares. También pidieron que el caso no quede impune ni se relativice bajo argumentos políticos.
Con información de El Tribuno.
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