En un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional, los gobernadores de varias provincias volvieron a reclamar por el mal estado de las rutas nacionales y la falta de inversiones en infraestructura vial. En las últimas horas, fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien encabezó los reclamos, señalando que la situación representa un riesgo para la vida de miles de personas.
“Muchos santafesinos ponen en riesgo sus vidas al transitar estas rutas”, alertó Pullaro, al tiempo que solicitó formalmente a la Nación que le ceda las trazas que no piensa reparar. El mandatario provincial recordó que su gestión ya aportó 7000 toneladas de asfalto para reparar tramos críticos de rutas nacionales, y reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que transfiera las competencias necesarias para que Santa Fe se haga cargo del mantenimiento.
La provincia, además, instaló carteles señalizando los accesos a las rutas nacionales para que la población reconozca que la responsabilidad es del Estado nacional. En paralelo, recomendó a los conductores optar por rutas provinciales cuando sea posible.
Reclamos similares desde Córdoba
En Córdoba, la semana pasada se vivió una situación crítica cuando colapsó un puente peatonal sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Vicuña Mackena, tras el impacto de un camión que transportaba maquinaria pesada. La estructura, inaugurada en 2017 por la ahora disuelta Vialidad Nacional, cayó generando un corte total durante dos días.
Tras las quejas del gobierno de Martín Llaryora, la empresa estatal Corredores Viales liberó la traza, aunque el puente aún no fue restituido. Desde Nación aclararon que “las grúas fueron puestas por la Municipalidad” y que el operativo fue “a cuenta y cargo de ellos”.
Buenos Aires: reclamos vecinales por la Ruta 3
En la localidad bonaerense de Azul, el intendente Nelson Sombra se sumó al reclamo por el estado crítico de la Ruta Nacional 3. Los vecinos exigen desde hace años que se convierta en autovía entre Las Flores y Chillar para reducir la siniestralidad vial. Además, piden obras de mantenimiento urgentes en una traza muy transitada.
Salta denuncia «rutas de la muerte»
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también criticó duramente la falta de respuestas de Nación. En declaraciones recientes afirmó: “Tenemos rutas de la muerte. Las provincias del norte no tienen vías seguras. Desde allá no se ve ni se siente lo que pasa acá”. Invitó a los funcionarios nacionales a recorrer el interior profundo para constatar el abandono en materia de infraestructura.
Río Negro: “heridas, rotas y olvidadas”
Desde Río Negro, Alberto Weretilneck denunció que las rutas nacionales 22, 23, 40 y 151 están en estado deplorable. “La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata?”, cuestionó el gobernador.
Mendoza: ejemplo de autogestión
En contraste, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado de Javier Milei, resolvió firmar un acuerdo con Nación para hacerse cargo por 36 meses del mantenimiento de 235 kilómetros de rutas nacionales. Asumió el financiamiento sin derecho a reintegro, y también la responsabilidad frente a eventuales reclamos legales o previsionales.
El debate por los fondos viales y el proyecto de ley de los gobernadores
Uno de los proyectos de ley impulsado por los 24 gobernadores y ya con media sanción en el Senado, propone cambiar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y eliminar los fideicomisos que actualmente captan gran parte de esos recursos.
Según datos del IERAL de la Fundación Mediterránea, entre 2015 y 2025 esa carga tributaria representó el 0,7% del PBI. Sin embargo, solo el 25,47% de lo recaudado se distribuye a las provincias, mientras que el resto queda en manos de Nación y organismos como ANSES.
De aprobarse el nuevo esquema en Diputados, las provincias pasarían a recibir el 57,02% del impuesto a los combustibles, frente al 42,98% que conservaría la Nación. En promedio, esto implicaría una suba del 124% en los fondos automáticos para las provincias, lo que permitiría reforzar las partidas destinadas a infraestructura vial.
Los reclamos de los gobernadores por el deterioro de las rutas nacionales reflejan no solo una problemática concreta de infraestructura, sino también un debate más profundo sobre el federalismo fiscal y la distribución de los recursos. Mientras la Nación continúa sin dar respuestas concretas, varias provincias ya empezaron a asumir costos y tareas que legalmente no les corresponden.
Con información de La Nación.
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