La causa judicial que investiga la falsificación masiva de afiliaciones al partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del Chaco no solo avanza, sino que profundiza el escándalo que envuelve a la fuerza que lidera el Presidente Javier Milei. La fiscalía federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, tomó en los últimos días nuevas declaraciones que confirmaron las sospechas: de 25 personas citadas a testimoniar, 21 aseguraron no haberse afiliado jamás al partido libertario, pese a figurar como tales en los registros oficiales.
El patrón detrás de las víctimas de esta maniobra es especialmente grave: muchas son personas mayores, jubiladas, analfabetas o con enfermedades discapacitantes, residentes del interior chaqueño, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia de captación deliberadamente dirigida a sectores vulnerables. El fiscal Sabadini investiga, además, si se utilizaron bases de datos estatales (en particular de la ANSES) para concretar las afiliaciones apócrifas, lo que implicaría un uso ilegal de información sensible por parte de funcionarios públicos.
El principal apuntado en la causa es Alejandro “Capi” Rodríguez, Presidente de La Libertad Avanza en Chaco y titular de la oficina local de ANSES. La Justicia sospecha que Rodríguez utilizó su cargo institucional para acceder a datos privados y fraguar inscripciones al partido sin consentimiento de los supuestos afiliados.
Pero este escándalo no se circunscribe solo a la falsificación de documentos. La causa se desprende de una investigación anterior aún más preocupante: una trama de presuntas extorsiones a empleados de ANSES y PAMI, a quienes (según denuncias) se los habría obligado a realizar aportes económicos mensuales para financiar la estructura política de LLA. La Fiscalía maneja testimonios que dan cuenta de presiones y amenazas por parte de funcionarios del partido para garantizar esos fondos, lo que compone un cuadro de abuso de poder institucional con fines partidarios.
Ante este escenario, la indignación no tardó en escalar dentro del propio espacio libertario. Un grupo de 300 afiliados presentó una nota formal dirigida a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y principal referente organizativa del partido, solicitando la intervención urgente de la filial chaqueña de La Libertad Avanza. Argumentan que los hechos denunciados no solo violan la ley, sino que también contradicen los principios de transparencia y libertad con los que el partido se presentó ante la sociedad.
El caso crece en volumen e impacto, mientras la Justicia avanza sobre una red que mezcla clientelismo, amenazas, manipulación de datos públicos y presuntas asociaciones ilícitas en el seno de un partido que prometía “terminar con la casta”. La pregunta que crece es: ¿quién controla a los que llegaron prometiendo limpiar la política?
Fuente: Data Diario
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