El Gobierno de Javier Milei resolvió suspender temporalmente las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral que venían aplicándose en todo el país. La decisión se formalizó mediante la Resolución N.º 1172/25, publicada hoy en el Boletín Oficial, que deja sin efecto la anterior Resolución N.º 187/25.
Pensiones por invalidez: críticas a los procedimientos de la ANDIS
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había iniciado un proceso de revisión de más de un millón de pensiones por invalidez, con el objetivo de auditar y eventualmente dar de baja beneficios que no cumplieran los requisitos. Sin embargo, el procedimiento fue fuertemente cuestionado por su falta de claridad, inequidad y deficiencias técnicas y legales.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, su titular, el doctor José Leonardo Gialluca, advirtió que se venían registrando graves irregularidades en las notificaciones, plazos, lugares de citación y la imposibilidad de acreditar ausencias. Además, destacó que los sistemas informáticos de la ANDIS estaban colapsados y que el baremo médico utilizado para evaluar las discapacidades carecía de rigurosidad técnica y sustento legal.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de Formosa a los beneficiarios
A pesar de la suspensión de las auditorías, muchas personas ya recibieron citaciones para presentarse ante autoridades nacionales. Por eso, la Defensoría recomendó que los beneficiarios asistan a las convocatorias con toda la documentación médica disponible, ya que las notificaciones continúan en curso.
Gialluca remarcó que quienes necesiten ayuda legal o técnica pueden acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento gratuito sobre los trámites necesarios.
Piden mayor transparencia y plazos razonables
El defensor provincial también reclamó que el Gobierno Nacional implemente mayores controles de transparencia, plazos más razonables y mecanismos que no sobrecarguen al sistema público de salud provincial. Según explicó, muchas personas citadas no tienen recursos económicos para afrontar estudios médicos en el sector privado, lo que genera el vencimiento de plazos y puede derivar en la suspensión o pérdida definitiva del beneficio.
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