Marine Le Pen fue inhabilitada para presentarse a elecciones debido a una condena por malversación de fondos públicos durante su etapa como diputada en el Parlamento Europeo. El tribunal correccional de París determinó que entre 2004 y 2016 desvió fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios para pagar a empleados de su partido, el Reagrupamiento Nacional (RN), incluyendo salarios de su guardaespaldas.
La medida se sienta sobre la ley Sapin II, creada en 2016 para combatir la corrupción, permite aplicar inhabilitaciones con efecto provisional inmediato, incluso durante la apelación. Esta incluye 4 años de prisión (2 suspendidos), 100.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos. Esta inhabilitación bloquea su posible candidatura presidencial en 2027, donde era considerada una de las favoritas.
Le Pen calificó la decisión como una «bomba nuclear» contra su carrera y denunció un «escándalo democrático«, acusando al sistema de interferir políticamente. Sin embargo, el tribunal enfatizó que las pruebas eran «abundantes» y la ley se aplicó sin irregularidades. Su recurso de apelación podría modificar la sentencia, pero la inhabilitación se mantendrá vigente hasta su resolución.
Las pruebas
Los fiscales probaron un «sistema centralizado» dirigido por Le Pen para gestionar los fondos. La líder ultraderechista ocupó un «papel central» al permitir que allegados se beneficiaran del dinero público, según la acusación.
Una pieza clave fue un correo del tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, donde advertía a Le Pen sobre la grave situación financiera del RN y la necesidad de usar fondos europeos para «aliviar» las cuentas. Este documento fue clave para demostrar la intencionalidad del esquema
El tribunal demostró que 12 asistentes parlamentarios de los eurodiputados del RN tenían contratos formalizados con el Parlamento Europeo, pero no realizaban labores relacionadas con la Eurocámara. Testimonios y registros evidenciaron que trabajaban exclusivamente para el partido en Francia, incluso con cargos asignados en la sede del RN.
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Se demostró que muchos asistentes nunca pisaron la Eurocámara, pero sí figuraban en nóminas europeas. Antiguos colaboradores declararon que Le Pen ordenó centralizar el presupuesto de asistentes para transferirlo al partido. Confirmaron que los eurodiputados solo contrataban un asistente real, mientras el resto del dinero se destinaba al RN.
Se comprobó que 2,9 millones de euros de fondos europeos se desviaron para pagar salarios de empleados del partido entre 2004 y 2016. De esa cifra, 474.000 euros correspondían directamente a contratos de Le Pen, incluidos su guardaespaldas y secretaria personal.
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La ultraderecha y la corrupción
Marine Le Pen adquirió relevancia mundial en los últimos años por formar parte, desde su partido en Francia, de una alianza de líderes y partidos de ultraderecha en Europa. Su partido integra esta coalición paneuropea con formaciones como FPÖ (Austria) y Chega (Portugal), que busca desafiar el centrismo en la Unión Europea y coinciden en culpabilizar a la inmigración de muchos de los problemas en sus países.
Desde esta alianza, mantienen también relaciones con otros líderes de derecha en el mundo, como lo es el caso de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump. Para elevar su perfil electoral, la propia Le Pen incorporó propuestas proteccionistas y críticas a la «élite globalista», estrategia usada por Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina.
Con esta inhabilitación, Le Penn se une a otras figuras políticas que en el último tiempo se destacaron como parte de un grupo de políticos de las «nuevas derechas». A Jair Bolsonaro el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil lo declaró inelegible por 8 años (hasta 2030) por cuestionar públicamente la seguridad del sistema electoral durante una reunión con embajadores extranjeros en julio de 2022, tres meses antes de las elecciones que perdió contra Lula da Silva.
Además, el El TSE determinó que Bolsonaro utilizó recursos públicos (como la TV oficial y actos institucionales) para promover narrativas que beneficiaban su campaña de reelección, violando la neutralidad requerida. Esta inhabilitación se suma a otros procesos judiciales, incluido un juicio por presunta conspiración golpista para anular los resultados de 2022, donde se lo acusa de formar parte de la planificación del intento de golpe de estado de enero del 2023.
A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!
Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!
— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025
A esto se suma el caso de Calin Georgescu, un líder de derecha de Rumania a quien el tribunal electoral rechazó su postulación en las próximas elecciones, alegando falta de firma en su declaración financiera. La fiscalía acusa Georgescu de falsificar y ocultar fondos, así como de haber tenido financiación externa como parte de un intento de injerencia rusa sobre las políticas del país.
Cabe destacar que el propio Donald Trump también tuvo procesos judiciales por falsificación contable, sin embargo las leyes de Estados Unidos no impiden que personas con procesos judiciales se presenten a elecciones, por lo que pudo ganar y ser elegido de todos modos.
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