Desde diciembre de 2023, la política previsional adoptada por el gobierno de Javier Milei generó la constante pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La aceleración inflacionaria y la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 consolidaron esta situación, además de la licuación de los bonos otorgados a las jubilaciones mínimas.
Uno de los principales mecanismos utilizados por el gobierno para sostener el superávit fiscal fue el ajuste en las jubilaciones. En 2024, el 19,2% del recorte del gasto estatal se explicó por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y las pensiones.
Con el DNU 274/2024, el presidente Javier Milei modificó la fórmula previsional, atando los aumentos al índice de precios al consumidor (IPC) y derogando la Ley 27.609, vigente desde 2021. Si bien esta medida permitió una leve recuperación durante el primer trimestre de 2024, con el tiempo se comprobó que la fórmula anterior hubiera sido más beneficiosa para los jubilados.
En septiembre y diciembre de 2024, y marzo de 2025, los aumentos de la fórmula anterior habrían superado a los otorgados por la nueva metodología. En marzo de 2025, la jubilación mínima sin bono será de $279.122, mientras que con la fórmula derogada alcanzaría los $356.962, un 27,9% más.
Otro factor que agrava la situación es la decisión del gobierno de congelar desde marzo de 2024 el bono compensatorio de $70.000, lo que erosionó su capacidad de compra. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los haberes aumentaron un 103,1%, pero la jubilación mínima con bono sólo creció un 67,8%. Para mantener su valor real, el bono debería haber sido de $142.161 en febrero de 2025, es decir, más del doble de lo que actualmente se paga.
Los jubilados no le ganaron a la inflación
Contrario a lo afirmado por el gobierno, los jubilados no le ganaron a la inflación. En el trimestre enero-marzo de 2025, las jubilaciones sin bono tienen un poder adquisitivo 1,9% menor al del último trimestre de la gestión anterior, y aquellas con bono cayeron un 13,3%. La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.
La Ley 27.756, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, proponía una mejora en la situación de los jubilados, incluyendo una recomposición del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la canasta básica total de un adulto y una cláusula de ajuste anual si hubiera recuperación real de los salarios.
Qué sucede con los medicamentos de PAMI
A la pérdida de poder adquisitivo se suman las modificaciones en la política de medicamentos del PAMI. Se redujeron los fármacos cubiertos al 100% y se endurecieron los criterios de acceso a los medicamentos gratuitos, lo cual afecta a los jubilados. Además, los precios de los medicamentos aumentaron por encima de la inflación: la canasta PAMI subió un 361,6% entre diciembre de 2023 y enero de 2025, superando el incremento de la jubilación mínima con bono y del índice de precios.
Para 2025, el proyecto de Presupuesto contemplaba la ratificación de la fórmula por IPC y el bono para la mínima congelado en $70.000 durante todo el año. Si bien el Presupuesto no se sancionó, ya que el Ejecutivo decidió prorrogar nuevamente el de 2023, y el titular de ANSES fue desplazado, la política previsional continúa siendo regresiva: las jubilaciones no mejorarán su poder de compra, el bono continuará congelado y finalizará la moratoria previsional.
El gobierno confirmó que la moratoria no se prorrogará por lo cual vencerá en marzo de 2025. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.
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