En el nuevo marco de desregulaciones, la Dirección de Migraciones dictó una disposición que le quita la responsabilidad a las empresas de transporte internacional de pedir documentación a los menores de edad que viajen. Ésta medida en teoría ayudaría a agilizar el papeleo para las empresas de transporte, pero también puede presentar una grave vulneración de los derechos de los niños y niñas, facilitando delitos como la trata de personas.
El contexto de la medida
El 30 de enero, la Dirección Nacional de Migraciones publicó la Disposición 166/2025, que exime a las empresas de transporte internacional, ya sean aéreas, terrestres, marítimas o fluviales, de solicitar los permisos de viaje para menores de edad al momento de la compra de boletos y en el proceso de embarque. Antes, las empresas estaban obligadas a verificar la documentación necesaria que constataba que los padres o tutores autorizan que los menores pudieran viajar fuera del país.
Ante las críticas, el Gobierno Nacional salió a explicar que el personal de Migraciones seguirá realizando los controles de permisos en los puntos de entrada y salida del país. Sin embargo, lo delicado del asunto yace en el aumento del riesgo de delitos graves, como la trata de personas. Recordemos que hace poco, el Gobierno Nacional también disolvió el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
La trata de personas
No es casual que la mayoría de las críticas vengan de provincias limítrofes, como algunas del NEA. La trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual, laboral o de mendicidad es un delito que sigue siendo una preocupación importante en muchas partes, y en estos lugares es donde más se nota.
José María Serbin, titular de la Fundación “La Alameda» en Corrientes, señaló que los controles preventivos son una herramienta clave en la lucha contra este delito. Según Serbin, cuantas más instancias de control existan, más difícil será para los traficantes de personas llevar a cabo sus actividades. Cuando se obliga a las empresas de transporte a verificar permisos de viaje, se realiza un doble control, lo que constituye un paso muy importante en la prevención.
Es más, Serbin explica que en su experiencia, muchas veces se rescataron víctimas de trata gracias a la atención de los empleados de las empresas de transporte, que identificaron actitudes sospechosas o hicieron un doble chequeo. Entonces, con la nueva medida se produce un vacío que las redes de trata pueden aprovechar para que no haya una detección temprana en el proceso.
Más pasos para evitar la trata
“Cuando más controles hay es mucho mejor”, explica Serbin defendiendo los múltiples controles. “Nosotros, junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es el organismo que regula las empresas del transporte, hemos rescatado víctimas justamente porque han habido en algunas boleterías donde se han percatado de situaciones de trata”.
El sistema de “multicontroles” propuesto por Serbin y otros defensores de la regulación actual tiene como objetivo crear diversas barreras que dificultan la actuación de las organizaciones criminales. Esto dificulta a la persona que quiere cometer un crimen, porque tiene que evadir varias barreras en vez de una sola. El sistema de múltiples controles puede atraparla en otro punto del trayecto.
Es por eso que los críticos sostienen que la medida va a ser perjudicial para los funcionarios de Migraciones, al depender completamente de ellos para identificar irregularidades. Cuando todo depende de los oficiales de frontera, se pueden generar cuellos de botella en los puntos de trabajo y, en el peor de los casos, facilitar la evasión de los traficantes de personas.
La opinión de los legisladores
Diputados de la oposición, como Ana María Ianni y Mónica Frade, han manifestado su preocupación sobre el impacto de la medida en la seguridad de los menores, señalando que esta desregulación facilitará los traslados irregulares y sin control de menores fuera del país.
Ianni, por ejemplo, calificó la decisión de “irresponsable” y alertó sobre los riesgos que implica para los menores de edad, especialmente aquellos más vulnerables. Por su parte, Frade concordó también con que la medida favorece a las redes de trata, al eliminar un control crucial en el proceso de viaje de los niños.
Además de las críticas de los legisladores, varios especialistas en derecho penal y migratorio cuestionaron la medida. La abogada Deborah Huczek, si bien entiende la intención de simplificar los procesos y hacerlos más eficientes, advierte que las mafias pueden aprovechar la laguna de control que deja la eliminación de la obligación de las empresas de transporte de verificar la documentación de los menores.
Fortalecer los controles
En un comunicado de la Fundación Alameda señalan que: “En un informe del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de Nación se informa que durante 2024 fueron rescatadas 1.372 víctimas en 160 allanamientos, de las cuales solamente 400 recibieron asistencia. Cuando hablan de asistencia se refieren exclusivamente a los primeros días que las víctimas son contenidas por el Programa de Rescate hasta su primera declaración testimonial.”
“Esto significa claramente que 974 víctimas no tuvieron ninguna asistencia y muy probablemente hayan permanecido en los lugares de explotación, sean prostíbulos, talleres clandestinos o establecimientos rurales o simplemente que hayan sido retiradas de esos lugares y las hayan dejado a la deriva. También significa que las 400 asistidas solo lo fueron por pocos días y luego también fueron abandonadas a su propia suerte”, explica el resto del comunicado.
Desde la Fundación La Alameda y otras organizaciones que luchan contra la trata de personas, se hace un llamado a reforzar los controles migratorios en los puntos de salida y entrada al país, pero sin delegar la responsabilidad en actores privados. Para estas organizaciones es crucial que el Estado garantice la verificación de los permisos de viaje en todas las etapas del proceso de traslado de menores, desde la compra del boleto hasta el embarque y el cruce de la frontera.
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