A dos semanas de la apertura de sobres en la licitación para el control de la hidrovía Paraná-Paraguay, el proceso sigue generando disputas entre empresas y el Gobierno Nacional. Dos de las empresas que anteriormente denunciaron irregularidades en el pliego de licitación, la belga Dredging International (Deme) y la danesa Rohde Nielsen, volverán a la Justicia para intentar frenar el proceso, luego de que su primera presentación fuera rechazada por el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico, el pasado 15 de enero.
Esta vía navegable es clave para la exportación de granos y subproductos desde Argentina, representando más del 80% de la producción exportable del sector. Desde el Gobierno de Javier Milei aseguraron que la licitación avanzará sin modificaciones y que el 12 de febrero se conocerán los oferentes para la concesión.
Acusaciones Políticas
Desde el Gobierno Nacional insisten en que no hay un favoritismo en la licitación y apuntan contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusan de intentar frenar el proceso para favorecer a Boskalis. Según fuentes cercanas al oficialismo, Macri busca «embarrar la cancha» en beneficio de empresas neerlandesas.
Boskalis tiene una competencia directa, la empresa belga Jan de Nul. Santiago Caputo, uno de los más fieles asesores presidenciales de Milei y parte de su triángulo de hierro, parece preferir a Jan de Nul, que se hizo cargo de la hidrovía por más de 25 años, previo al 2021. De esta manera se produce el choque de intereses entre Caputo (Milei) y Macri, cosa que explica los últimos encontronazos entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).
Licitación de la hidrovía
Deme y Rohde Nielsen sostienen que los requisitos de la licitación favorecen a la empresa belga Jan de Nul, concesionaria del servicio desde 1995 y principal candidata a continuar con el contrato por 30 años más, con posibilidad de renovación por otras tres décadas. Estas empresas planean apelar el fallo judicial que desestimó su solicitud de suspensión del proceso licitatorio.
Otra firma que ha expresado disconformidad es la neerlandesa Boskalis, que solicita una concesión más corta, de entre 10 y 15 años. Boskalis también cuestiona que el Gobierno busca beneficiar a Jan de Nul para compensar una deuda de aproximadamente 80 millones de dólares, que la extinta Administración General de Puertos (AGP) mantiene con la concesionaria actual.
En representación de las empresas neerlandesas Boskalis y Van Oord, el embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, se reunió en diciembre con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para manifestarle su preocupación sobre un presunto direccionamiento del pliego en favor de Jan de Nul.
Por otro lado, la empresa china Shanghai Dredging fue excluida del proceso debido a una cláusula que impide la participación de compañías con capital estatal. Desde el ámbito diplomático y de expertos del sector, esta exclusión ha sido calificada como arbitraria.
Fuente: Diario Norte
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