El flamante presidente de los Estados Unidos Donald Trump lanzó en sus primeras 24 horas de mandato una serie de órdenes ejecutivas bajo el lema de «Estados Unidos Primero», muchas de las cuales están destinadas a transformar la política migratorio del país y la asistencia internacional provista a quienes solicitan asilo.
Inmediatamente, los canales y medios oficialistas se llenaron de imágenes donde migrantes aún indocumentados eran esposados y trasportados a aviones del ejército norteamericano, para ser llevado de nuevo a sus países de origen o a la frontera con México en su defecto. Estas deportaciones masivas estan produciendo un escándalo que afecta también a las relaciones internacionales con los líderes latinoamericanos.
Reunión de la CELAC
La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a una reunión «urgente» para hablar de los problemas migratorios, en medio de la ofensiva estadounidense contra la migración irregular.
Hasta el momento confirmó asistencia al encuentro, que se programó para el jueves, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, mientras que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló hoy que probablemente irá su Canciller.
Deportaciones masivas
Donald Trump prometió durante su campaña electoral implementar deportaciones masivas y endurecer las políticas migratorias. Su victoria electoral se basó en parte en este mensaje antimigrante, que encontró apoyo entre una parte significativa de la población estadounidense. Por ello, entre las 22 ordenes ejecutivas que difundió apenas asumir la presidencia se encuentran las destinadas a intensificar las deportaciones.
Entre ellas está la modificación del artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se añadió a la legislación estadounidense en 1980 y da el derecho de solicitar asilo a cualquier persona que se encuentre físicamente en Estados Unidos y tema por su vida o su libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política en su país de residencia.
Gracias a esta ley, muchas personas que en sus países de residencia temían por sus vidas, ya sea por la violencia de las maras o grupos armados, migraran a los Estados unidos con el objetivo de pedir asilo y posteriormente la ciudadanía, buscando con ello poder rescatar a sus familias de la situación de violencia y penuria que estaban viviendo.
Hoy, se estima que en Estados Unidos viven 44 millones de extranjeros, de los cuales 11 millones siguen indocumentados. Con su orden ejecutiva, Trump declaró una «emergencia nacional» en la frontera sur del país y desplegó un total de 1500 soldados. Según el presidente, el objetivo es deportar entre 15 y 20 millones de migrantes indocumentados.
Para justificar esta medida, Trump viene criminalizando desde su campaña a los inmigrantes indocumentados, culpándolos de la mayoría de los robos, homicidios y violaciones que ocurren en los Estados Unidos. Los datos, sin embargo, reflejan que de los 11 millones de migrantes indocumentados, solo 655 mil tienen penas o cargos pendientes, y en su mayoría son producto de infracciones de tránsito.
Sin embargo, la American Inmigrant Council ya estima que para cumplir con los deseos de Trump, se requerirá de un costo del tesoro de 315.000 mil millones de dólares, equivalentes a un 5% del presupuesto total del país en 2024. Esto sin contar las consecuencias que traería en la economía local, ya que se estima que entre el 20 y el 40% de los trabajadores en sectores como la construcción y la agricultura son migrantes indocumentados.
Tensiones diplomáticas
Las deportaciones masivas han traído conflictos con algunos países latinoamericanos a quienes el gobierno de Trump exigió recibir a los migrantes indocumentados. Estos conflictos se produjeron por el modo de la exigencia o por el trato que reciben los migrantes, que son esposados y tratados como delincuentes.
Este es el caso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que en principio se negó a recibir los aviones de colombianos deportados de Estados Unidos. Petro exigió que los deportados sean enviados en aviones comerciales y no sean tratados como delincuentes.
El conflicto casi escala a una guerra comercial, ya que Trump amenazó con poner un 25% de arancel a todos los productos importados de Colombia y Petro amenazó con hacer lo mismo. Sin embargo, la casa blanca anunció poco después de Colombia había aceptado recibir los aviones de colombianos deportados sin ninguna condición.
Brasil también ha denunciado el trato indigno hacia sus ciudadanos deportados, lo que ha aumentado las tensiones con Estados Unidos. Ambos países ya tiene desde el 2018 un acuerdo para recibir aviones de brasileros deportados, sin embargo cuando en Manaos recibieron un avión con brasileros esposados y amedrentados las autoridades denunciaron que esto viola el acuerdo.
Desde México, Claudia Sheinbaum llamó a la calma anunciando que, si bien ya recibieron 4.000 mexicanos deportados, que esto no significaba un aumento significativo comparado a otra situaciones, por lo que no había por qué temer una saturación de las ciudades norteñas. La presidenta intentó tranquilizar la situación y asegurar que México ya estaba preparado para este tipo de deportaciones, pero pidió a Trump el respeto por los derechos humanos.
Como contracara, en El Salvador recibieron a los migrantes deportados y, a pesar de que hace varios meses Trump había criticado a Bukele quien aseguraba estaba enviando sus delincuentes a Estados Unidos, ambos presidentes hablaron y están en comunicaciones para que el país incluso reciba deportados de otros países, actuando como tercer país seguro.
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