El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 hizo lugar a una cautelar porque corroboró que el Gobierno de Javier Milei no está garantizando los derechos que debería. En su afán por lograr un “ajuste fiscal” y demostrar la “efectividad” de las reformas neoliberales, Milei ha atacado sectores históricamente vulnerados, como las mujeres, el colectivo LGBTI+ y, especialmente, las personas trans con su ataque a las políticas de género.
Las políticas de género fueron una de las primeras víctimas de la motosierra de Javier Milei, allá por el comienzo de su mandato. El entonces recién asumido Presidente hizo del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad una de sus piedras fundacionales e impulsó una serie de medidas que marcaron un profundo retroceso en las políticas que buscaban el bienestar de las mujeres y las diversidades.
El juez entendió que ya estaban dadas las condiciones para pedir que se deje de desmantelar las estructuras y equipos esenciales para darles apoyo a las mujeres víctimas de violencia, mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Cuando llegue la notificación, el Estado no podrá despedir más trabajadores de esas áreas clave ni seguir recortando la infraestructura destinada a las políticas de prevención de la violencia de género.
El ajuste en las políticas de género y la respuesta judicial
Esta medida se dio porque movimientos feministas denunciaron que el gobierno no estaba cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. En especial, se constató que las políticas de protección contra la violencia de género habían sido desmanteladas sin justificación adecuada y que los derechos de las víctimas de violencia estaban siendo vulnerados.
El juez Enrique Alonso Regueira resolvió que el Estado debía garantizar que no se realizaran más despidos en las áreas clave de atención a la violencia de género, ni en los Centros de Acceso a la Justicia, de los cuales ya habían sido cerrados 81. La medida también ordenó la reasignación de recursos para programas esenciales como el Programa Acompañar, que brinda asistencia económica a mujeres en situación de violencia, y la línea 144, que ofrece contención telefónica a víctimas.
El fallo judicial expide que el Gobierno de Milei no presentó ninguna evidencia de cómo había reorganizado los servicios de atención a las víctimas, y que la desaparición de estos programas no sólo era ilegal, sino también irresponsable e insensible ante una problemática de violencia que afecta a todo el país.
Los impactos del ajuste a las políticas de género
El ajuste fue devastador para varios sectores de la sociedad. Entre ellos, las mujeres y el colectivo LGTB, pero fue especialmente cruento con las personas trans. Desde la asunción de Milei, se han registrado despidos masivos en instituciones públicas que trabajaban en la implementación de políticas de inclusión para personas trans, además de un fuerte recorte en el acceso a salud, educación y trabajo.
El Programa Acompañar, que hasta finales de 2023 había asistido a más de 350.000 personas en situación de violencia de género, sufrió un recorte del 98,6% en su ejecución. Durante el primer trimestre de 2024, sólo 434 personas recibieron apoyo. De igual manera, la línea 144 sufrió un recorte del 25% en el seguimiento de casos, y no tiene presupuesto para 2025, lo que supone una eliminación tácita.
Los despidos también fueron terribles para todos. A través de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, durante el gobierno anterior se habían logrado importantes avances en la incorporación de personas trans al empleo público. Sin embargo, con el ajuste de Milei, se estima que alrededor de 150 personas trans fueron despedidas del Estado en 2024.
Cuando despiden a una persona, ésta no sólo pierde un salario registrado que le permite tener una vida más digna, sino que las personas también pierden su obra social. La misma le había permitido a muchas personas del colectivo travesti trans la posibilidad de acceder a tratamientos y cirugías de afirmación de género.
El desfinanciamiento de la salud
Durante 2024, el gobierno ejecutó un total de $0 en las «Acciones de Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgénero». Ésto, por supuesto, afecta a quienes requieren tratamientos médicos específicos. La reducción de servicios como los suministros de preservativos y las terapias de reemplazo hormonal ha puesto en riesgo la salud de muchas personas.
Además, la situación con los tratamientos para las personas que viven con VIH es cada vez más preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que ya en el 2024, hubo faltante de medicamentos. Las licitaciones para la compra de estos fármacos todavía no se concretaron en varias provincias. En algunos lugares, como en Corrientes, las autoridades locales tuvieron solventar la compra de los medicamentos para que no se corten los tratamientos, pero esas soluciones son como parches que no van a aguantar a largo plazo.
Además, la falta de acceso a diagnósticos esenciales, como las pruebas de carga viral y el recuento de células CD4 (análisis de sangre que mide la cantidad de linfocitos CD4 presentes en la sangre), está poniendo en riesgo la salud de miles de personas.
La batalla cultural y el vaciamiento de derechos
El ajuste de Milei no sólo ha sido económico, sino también simbólico. La eliminación de la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad y el desmantelamiento de instituciones que promovían los derechos LGBTI+ son parte de una estrategia más amplia que busca borrar las conquistas de los movimientos sociales en términos de género y diversidad.
Karla Ojeda, activista trans de Rosario, denunció que las políticas de Milei representan una «violencia sociopolítica» contra el colectivo LGBTI+. Aunque la justicia ha dado un paso importante al frenar algunos de estos recortes, el futuro sigue siendo incierto para miles de personas que dependen de las políticas de género y diversidad para vivir con dignidad.
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