En Argentina, los símbolos jamás son neutrales; borrar, renombrar o resignificar los espacios públicos no solo es un mero acto administrativo; más aún es una declaración de poder y una lucha por el control de las narrativas históricas. Con la prohibición del peronismo en 1956 a través del tristemente célebre decreto n° 4161, hasta las recientes medidas de Javier Milei para eliminar referencias al kirchnerismo y al peronismo en edificios públicos, el país parece estar siempre en un debate entre el pasado y el presente. Pero ¿qué significa esta obsesión por escribir una y otra vez la historia? ¿Viviremos condenados a volver siempre al mismo punto, o estas decisiones moldean un futuro diferente? En este análisis, veremos los paralelismos entre estos momentos históricos y lo que nos dicen sobre nuestra identidad colectiva presente y futura.
Podemos identificar sin mayores problemas los ecos del pasado en las políticas simbólicas del presente, la historia argentina tiene una constante que nadie discute, y esa constante nos indica que los símbolos lejos de ser neutrales siempre han sido disputados por el poder; desde los retratos de Perón en las oficinas públicas hasta los murales de Néstor Kirchner en edificios emblemáticos, cada etapa política ha impreso su sello en el espacio público dejando huellas en el espacio mental de los ciudadanos. Pero, ¿qué ocurre cuando una nueva administración decide erradicar esas marcas? ¿Es neutralidad institucional o un acto de imposición cultural?.
Al cumplirse el año de gestión del presidente anarcocapitalista, vemos cómo dos momentos históricos separados por casi 70 años, parecen converger en un mismo propósito; el intento por redefinir qué memoria tiene lugar en el espacio público. Ya en 1956, el decreto ley n° 4161 promulgado por la dictadura de la Revolución Libertadora buscó borrar toda referencia al peronismo de todos los sentidos con que se podrían percibir, hasta del pensamiento. En 2024, el gobierno de Javier Milei avanza en una serie de medidas destinadas a eliminar los símbolos asociados al kirchnerismo y al peronismo; aunque el contexto político y las justificaciones discursivas son diferentes, la similitud de los objetivos que persigue es innegable.
El contexto que acompaña la sombra del decreto n° 4161 es recordado como uno de los momentos más oscuros de la historia argentina en cuanto a represión cultural y política, aquel decreto promulgado en marzo de 1956 prohibió la mención de nombres, símbolos y referencias al peronismo, de ese modo decir “Perón” o entonar la marcha peronista podía ser motivo de persecución, detención y todo lo malo que estaba relacionado con el accionar de ese momento.
Era sumamente necesario borrar toda huella de un movimiento político que había moldeado la identidad social de amplios sectores populares, y se llevó adelante desde una política que no solo fue represiva, sino que además fue profundamente simbólica al eliminar imágenes y nombres, el régimen buscaba erradicar una narrativa histórica de toda memoria posible con el objetivo de reconstruir un relato nacional donde el peronismo fuese solo una anomalía indigna de ser nombrada ni recordada. ¿Cuál fué el resultado?, en lugar de lograr su cometido, el decreto n° 4161 consolidó al peronismo como un movimiento de resistencia, transformando sus símbolos en actos de desafío frente a un orden impuesto por la dictadura cívico-militar eclesiástica.
Casi siete décadas después Milei parece estar librando su propia batalla contra los símbolos del pasado y del presente que le generan molestia en su batalla cultural. La eliminación de bustos, la cobertura de murales y el renombramiento de edificios no se presentan como actos represivos, sino como decisiones de gestión desde el argumento de que estas acciones buscan “neutralidad institucional”, desvinculando al Estado de referencias políticas específicas, sin embargo, el paralelismo con 1956 es evidentemente inevitable. Cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner por “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento” o evaluar la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social por razones de tránsito urbano parecen medidas cargadas de simbolismo.
¿Es posible desvincular estas decisiones del contexto político de Milei, quien ha prometido un quiebre total con el «legado de la casta»? ¿No se está buscando, al igual que en 1956, redefinir qué figuras y relatos merecen un lugar en la memoria colectiva y cuáles no? ¿Qué nos dicen estas similitudes? El decreto n° 4161 y las acciones actuales comparten el objetivo común de intentar tener el control de las narrativas históricas y simbólicas, cuando vemos que ambos parten de la idea de que los espacios públicos no deben ser monopolizados por un movimiento político específico, pero actúan en un contexto y con métodos distintos. En 1956 la dictadura actuaba desde una posición de fuerza, imponiendo su visión mediante leyes coercitivas y represión abierta; en 2024 las medidas se justifican desde un discurso de modernización y funcionalidad pero el efecto simbólico es el mismo, intentar borrar la huella de un proyecto político para imponer la narrativa de otro proyecto político.
Entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir qué símbolos permanecen y cuáles deben desaparecer del espacio público? La memoria colectiva no es un terreno neutral, y cada cambio en el espacio público es una declaración de poder que no tiene nada de neutralidad. ¿Es posible alcanzar una verdadera neutralidad o cada decisión está inevitablemente cargada de ideología? Los paralelismos entre 1956 y 2024 invitan a reflexionar sobre el lugar de la memoria en la política argentina ya que podemos pensar que si las decisiones actuales buscan neutralidad, ¿por qué no aplicar esa misma lógica a otros símbolos históricos que también reflejan ideologías específicas? ¿Qué diferencia hay entre un busto de Eva Perón y el nombre de Sarmiento en un edificio público?, parece que como ya hemos vivido en el pasado, lo simbólico es válido de acuerdo a la valoración que le dé el poder de turno.
¿Podemos separar completamente a los espacios públicos de las narrativas políticas? La historia argentina está atravesada por movimientos que moldearon la identidad de generaciones, de esta manera borrar sus símbolos implica también borrar las huellas de las luchas y conquistas que definieron al presente de un país entero, por lo que la memoria selectiva siempre trae consecuencias, en 1956 fracasó el intento de borrar al peronismo fortaleciendo su identidad como movimiento de resistencia popular; hoy las acciones contra el kirchnerismo y el peronismo podrían tener un efecto similar ya que cada busto removido, cada mural cubierto o derrumbado, podría convertirse en un símbolo aún más potente para quienes se identifican con esos movimientos políticos y sociales.
En un país donde los símbolos son el campo de la batalla cultural, la pregunta no debería ser qué borrar, sino cómo incorporar múltiples voces en el relato nacional construido desde con consensos, ya que al final del día, ¿no son los espacios públicos el reflejo de nuestra diversidad pluriétnica y multicultural, con sus contradicciones, conquistas y desafíos? La política de la memoria no es solo una cuestión de gestión, sino una decisión ética sobre qué y cómo nos queremos recordar como sociedad, como pueblo, como nación. ¿Estamos dispuestos a aceptar la pluralidad de nuestra historia o seguiremos luchando por imponer un único relato?
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