Desde sus inicios y antes de ser electo incluso, Javier Milei y su entorno mostraban un fuerte discurso antifeminista. El problema es que ahora, eso se refleja en sus decisiones políticas y presupuestarias. Es por eso que hay que ver con detenimiento qué es lo que propone el famoso Presupuesto 2025 y los recortes que plantea. Muchos ajustes profundizan la violencia institucional hacia las mujeres y diversidades.
Si hay algo que Milei dejó en claro es que para él las políticas de género son un «privilegio» y no un derecho. No es casualidad que una de sus primeras medidas fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), una cartera que era clave para combatir la violencia de género. De hecho su discurso de achicamiento del Estado fue la excusa para eliminar políticas fundamentales que vienen desde hace años que buscan garantizar derechos básicos a las mujeres y personas LGTB+.
Uno de los principales mecanismos de gestión de políticas de género es el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), una forma de monitorear las desigualdades estructurales entre géneros. CEPA (Centro de Economía Política Argentina) la utilizó para elaborar su informe sobre el Presupuesto 2025 y advierte que se profundizarán los recortes en todas las áreas de género como el Potenciar Trabajo, el programa Acompañar, y la Línea 144, entre otros.

El recorte del 2024 y el Presupuesto 2025
Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo (que representa el 13,4% del presupuesto con perspectiva de género en 2023) sufrió un enorme retroceso. Mientras que a finales de 2023 esta ayuda económica equivalía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, en 2024 se decidió congelarlo en $78.000, es decir una pérdida de poder adquisitivo del 62,8%. Si el gobierno decidiera actualizar esta cifra según la inflación, el monto debería ser de $209.443.
Potenciar Trabajo era un programa de inserción laboral que buscaba mejorar la empleabilidad y la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad. Este ajuste no sólo deja a miles de personas sin recursos suficientes para vivir dignamente, sino que también afecta a las mujeres habían logrado un trabajo gracias al programa, muchas de ellas responsables de las tareas de cuidado y sin acceso a otros ingresos.
Otro caso alarmante es el de Registradas, el programa que incentivaba la formalización del trabajo en casas particulares, un sector altamente feminizado. Esta iniciativa venció en diciembre de 2023 y no fue renovada, lo que generó la pérdida de miles de puestos de trabajo en un sector con pocos o nulos derechos laborales.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en 2024 se registraron más de 13.000 bajas en los puestos de trabajo en casas particulares. Un escenario similar afecta a Potenciar Inclusión Joven, otro programa que también quedó discontinuado, dejando a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad sin el apoyo económico que garantizaba la participación en proyectos productivos o sociales.
El retroceso en la protección contra la violencia de género
Lo peor es que el ajuste más dramático es en las políticas destinadas a la protección de víctimas de violencia de género, que sufren una desmantelación casi total. El Programa Acompañar, creado para ofrecer una asistencia económica a mujeres y diversidades en situación de violencia, sufrió una caída del 86% en su ejecución en 2024.
El monto “ahorrado” al no ejecutar este programa es tan insignificante que hace pensar que hay una intención de desprotección hacia las personas más vulnerables. Entre enero y marzo de 2024, solo 471 personas fueron incluidas en el programa, frente a las 34.229 que recibieron la ayuda en el mismo período de 2023. Todo esto está acompañado de una realidad terrible: Argentina ya superó los 200 femicidios en lo que va del año.
Desmantelamiento de programas clave gracias al Presupuesto 2025
El análisis realizado por el CEPA también apunta a la desaparición de varios programas cruciales. La Línea 144, una herramienta vital para la asistencia a víctimas de violencia, no sólo ha recibido fuertes recortes, sino que ni siquiera está contemplada como parte del Presupuesto 2025.
Lo mismo ocurre con la Ley Lucio, una normativa destinada a prevenir la violencia infantil, y con la Educación Sexual Integral (ESI), que tampoco aparece en el presupuesto. Esta ley presenta un derecho fundamental para todas las infancias y juventudes del país. Además, la eliminación del Ministerio de las Mujeres ha dejado un vacío institucional grave: la falta de coordinación y presupuesto para las políticas de género las dejó al borde de la ruina.
Las víctimas de trata también sufrieron la motosierra
El gobierno de Javier Milei también decidió disolver el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que había sido creado por ley en 2019 para garantizar que las víctimas recibieran una reparación económica. Esto pasaba a través de los bienes que se decomisaban en causas de trata y explotación sexual. Este fondo era manejado por una Unidad Ejecutiva dentro del Ministerio de Justicia, que se encargaba de administrar los recursos obtenidos de estos delitos.
Según la ley, cuando una causa judicial tenía sentencia firme, se decomisaban los bienes relacionados. Éstas se vendían en subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Lo recaudado se destinaba a un Fondo Fiduciario administrado por BICE Fideicomisos, que luego pagaba las indemnizaciones a las víctimas.
El gobierno justificó esta disolución diciendo que el fondo tenía “múltiples falencias”, como los incumplimientos del Fiduciario en los pagos a las víctimas y el no cumplir con los plazos establecidos para hacerlo. Sin embargo, eliminar una medida de este estilo por algo así en vez de intentar arreglar las falencias sólo acentúa la violencia institucional de la indiferencia del Estado.
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