La fiscal de Estado de la provincia de Formosa, Stella Maris Zabala, se refirió a la orden de desalojo que ejecutó la Justicia de Formosa en un terreno fiscal de más de dos mil hectáreas en el Departamento Bermejo.
La causa se originó porque los empresarios que ocupaban el terreno no contaban con la autorización del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, en contravención a la Ley de Tierras N° 113.
“Se dio cumplimiento a un desalojo que se produce por un planteo que se pide a través del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales a la Fiscalía del Estado de la provincia, que tiene que velar justamente por esto cuando se hacen los planteos judiciales y se hacen los pedidos”, explicó Zabala. Señaló que el procedimiento tiene lugar por cualquier intrusión a campos fiscales y es deber de la Fiscalía actuar.

“La Justicia se ha pronunciado por un desalojo anticipado, porque si se introducen en un campo sin permiso, eso es lo que corresponde. Se inicia la demanda, se pide el desalojo por intrusión, si la Justicia lo entiende atendible, provoca el desalojo y sigue la demanda, por supuesto”, enfatizó.
Precisó la funcionaria que “esto es nada más que lo que se ha hecho” y advirtió que “no es ni la primera ni la última vez”, ya que idéntico trámite se realiza cada vez que sucede. “No basta que uno quiera ocupar un campo, sino tiene que hacer los trámites pertinentes ante el organismo que es el que da la autorización. Cuando se desaloja, vuelve el terreno al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, al patrimonio de la provincia como corresponde”, subrayó.
El desalojo en Formosa afecta al senador Francisco Paoltroni
La justicia de Formosa ejecutó una orden de desalojo que afecta al senador nacional Francisco Paoltroni, así como a Héctor Novella, Lucas Novella y Roberto Shulz, quienes ocupaban de manera “ilegal”, un terreno fiscal de más de 2.000 hectáreas en el Departamento Bermejo, según la resolución judicial.

Orden judicial y rechazo de apelaciones
El 21 de octubre de 2024, la jueza Araceli Mocca emitió una orden de desalojo anticipado y exigió la «entrega inmediata» del predio a las autoridades provinciales. A pesar de los intentos de Paoltroni, y sus acompañantes, de revertir la decisión mediante recursos de apelación, la Cámara Civil y Comercial rechazó las solicitudes, y confirmó la legalidad del fallo original.
Con la sentencia firme, el procedimiento de desalojo fue ejecutado un mes después, devolviendo el control del terreno al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, organismo encabezado por María Isabel Atencia. Este instituto ahora supervisa la administración del predio, reafirmando la prioridad de regular el uso de tierras públicas en la provincia.
En el documento judicial, se aclara que «Paoltroni no tiene vínculo alguno con la superficie objeto de desalojo» y se detalla que se trata de «una ocupación ilegal y la intrusión ejercida por el mismo ha sido de mala fe desde el origen, esgrimiendo documentos privados no oponibles a terceros».
Por medio del documento judicial, la jueza Araceli Edith Mocca disposuo «la entrega inmediata del inmueble, debiendo Francisco Paoltroni y quienes resultan intrusos y cualquier otro ocupante y tenedores precarios y quienes exploten el predio proceder a desocupar el mismo de cosas y personas».
Fuente: Agenfor / Radio Formosa
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