La reciente intervención del jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos
ante la Cámara de Diputados encendió las alarmas en torno a la paralización de la obra de Dioxitek, la nueva planta de producción de dióxido de uranio (UO2) en Formosa. Según su Informe de Gestión, Francos aseguró que el Gobierno Nacional no tomó decisiones para detener el proyecto. Sin embargo, esta declaración no se condice con la realidad en la planta y el impacto financiero que tiene el freno de la obra.
“El Proyecto de la Nueva Planta de Uranio (NPU) en Formosa es crucial para garantizar el suministro de dióxido de uranio, un componente clave para las centrales nucleares de toda la Argentina. Además, representa una importante oportunidad de desarrollo económico y tecnológico para la región. La paralización total del proyecto pone en jaque estos objetivos, lo cual afecta directamente al suministro de combustible nuclear en el país”, expresó Julio Aráoz, expresidente del Directorio de Dioxitek.
Contrario a lo que comunica el Gobierno nacional, en la actualidad, la planta de Dioxitek en Formosa no avanza y opera sólo en un modo mínimo de seguridad. Además, la falta de financiamiento nacional llevó al despido de personal técnico y profesional: 36 trabajadores fueron desvinculados en lo que va del 2024.
La falta de transferencias comprometidas por parte del Gobierno nacional provocó la paralización total del proyecto NPU. Las deudas acumuladas con los contratistas que trabajan en el proyecto también producen un importante perjuicio económico y potenciales conflictos legales para Dioxitek, lo que pone en riesgo su poca estabilidad operativa.
El corte del proyecto también tiene implicancia para la planta de Dioxitek en Córdoba, cuyo futuro está directamente ligado al avance de la obra en Formosa. La renovación del permiso para operar más allá de diciembre de 2024 está en riesgo y perjudica el panorama de toda la energía nuclear.
Para el Informe de Gestión de Francos, se planteó la necesidad de aclarar por qué el Gobierno nacional incumplió el acuerdo homologado judicialmente para la construcción de la planta en Formosa y cómo se remediarán los más de 150 millones de dólares ya invertidos. También se pidió evaluar las consecuencias legales y económicas de la paralización, que aún no fueron adecuadamente analizadas.
Las respuestas del Gobierno nacional sobre el estado del proyecto dejaron mucho que desear. Guillermo Francos aseguró que no había decisiones para detener la obra, pero los hechos cuentan una historia diferente. Ellos sostienen que a diciembre de 2023 el avance del proyecto era del 69,5%, con una inversión de aproximadamente 149 millones de dólares, frente a una estimación total de 214,5 millones. Según Francos, la interrupción de las partidas del Tesoro desde septiembre de 2023 “demoraron” la construcción.
Esta respuesta demuestra contradicción en cuanto a su grado de avance, en una entrevista radial en el mes de julio el expresidente del Directorio de Dioxitek, Julio Aráoz, expresó: “Es una inconsistencia la paralización y el freno en las obras en una empresa que es clave en la industria y que está en un 80% terminada y próxima a quedar operativa”.
La planta opera sólo con personal mínimo de seguridad y despidió a 36 trabajadores técnicos.
Falta de respuesta del Gobierno sobre la obra de Dioxitek
“Desde el ministerio de Economía se informa que a la fecha no hay ninguna decisión ni comunicación del Gobierno Nacional en donde se informe o solicite a DIOXITEK no culminar o no continuar la Obra NPU en la Provincia de Formosa”
, sostuvo el ministro.
“Durante la gestión anterior de Gobierno, en el mes de septiembre del 2023 se dejaron de recibir partidas de parte de Tesoro de la Nación, por lo que el ritmo de la obra se ha disminuido y DIOXITEK se encuentra en una situación deudora con algunos proveedores, pero de ninguna manera se ha detenido la obra”, negó Francos.
“Al momento no hay un perjuicio patrimonial dado que se están haciendo las inversiones y tomando todos los recaudos para que esta ralentización no perjudique la infraestructura y los equipos existentes en la NPU. No se ha efectuado el análisis de eventuales consecuencias penales, no se ha solicitado o instruido a DIOXITEK a no culminar la obra”, respondió el funcionario, sin brindar certezas al respecto.
Francos argumentó que la desaceleración se debe a la falta de partidas del Tesoro y que, a pesar de la situación de deuda con proveedores, no se detuvo la obra. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de un análisis adecuado sobre las consecuencias legales y económicas de la paralización generan una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá a futuro con Dioxitek en Formosa.
El futuro de la planta y la seguridad del suministro de combustible nuclear en Argentina están en una encrucijada crítica. La disparidad entre la información oficial que da el Gobierno Nacional y la situación real pone en evidencia una falta de claridad y una crisis que requiere una pronta resolución, no sólo para el proyecto, sino para todo el sistema de generación de energía, cuya reactivación es crucial para mantener el equilibrio energético del país.
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