Luego de la controversia de los seis Diputados de La Libertad Avanza visitando a 12 represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, la Diputada Gisela Marziotta exigió la expulsión de los mismos. La iniciativa fue rechazada con 121 votos negativos frente a 102 positivos y 5 abstenciones.
Entre los que votaron en contra, se encuentran 11 Diputados del NEA de los partidos de La Libertad Avanza, UCR e Innovación Federal. De las 5 abstenciones, 3 son de Diputados Misioneros de Innovación Federal.
Rechazo a la propuesta
Marziotta resaltó que su bloque, Unión por la Patria, representa a las víctimas del terrorismo de estado y condenó la visita de los Diputados a un grupo de represores, incluyendo al infame Alfredo Astiz. La Diputada consideró que dicha visita, realizada en un vehículo oficial del Congreso, aparentemente facilitado por Martín Menem, era incompatible con el rol de un legislador comprometido con la democracia.
El rechazo a la propuesta fue respaldado por una sólida alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Sin embargo, hubo una sorpresa: la Diputada Rocío Bonacci, quien formó parte de la comitiva que visitó a los represores, votó a favor de la autosanción, en un intento por distanciarse de la controversia.
En el día de ayer, la Diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien también participó en la visita, solicitó que el Presidente de la Cámara, Martín Menem, y el Diputado Beltrán Bénedit, brinden explicaciones sobre la organización de la visita. Arrieta pidió disculpas “a quienes se sintieron ofendidos”, y dijo que su intención era conocer las condiciones de detención y no apoyar a los represores.
Los actores del NEA
Los Diputados del NEA que rechazaron la propuesta de expulsión de los 6 Diputados de la Libertad Avanza que se juntaron a merendar con los represores de la última dictadura cívico-militar son:
Chaco
Gerardo Cipolini – UCR
Cuando se cayó la Primera Ley Ómnibus, Cipolini fue apuntado por el Presidente como «traidor» en una lista catalogada como «cacería de brujas». Esto había salpicado hasta al Gobernador Leandro Zdero, a quien le atribuyó el supuesto «voto en contra» de los legisladores chaqueños.
Marilú Quiroz – PRO
Quiroz fue una de las Diputadas que aprobó la Ley Bases. Para la Diputada, al contrario de una gran parte de la sociedad y de distintos sectores, las normas sancionadas “benefician al pueblo”.
Por supuesto que también estaba convencida que: “También va a hacer que las provincias puedan recibir mayor coparticipación y necesitamos ordenar las cosas para que las provincias puedan trabajar de una mejor manera”. Falta que se cumpla la promesa, al 3 de agosto, las provincias perdieron $5 billones de fondos y aún no se soluciona el asunto.
Corrientes
Manuel Ignacio Aguirre – UCR
Aguirre es un conocido político radical que está en el rubro desde 1982. En su momento, cuando estuvo la votación de la primera Ley Ómnibus, allá por febrero, había hecho enojar al Presidente Javier Milei por su supuesto voto negativo. En verdad el Diputado correntino aclaró que votó afirmativamente en cada uno de los artículos e incisos, siendo negativo solamente el Artículo 1.
Lisandro Almirón – LLA
El Diputado correntino estuvo varias veces en el foco de las noticias. En julio David Moulín, apoderado de La Libertad Avanza y cercano a Almirón, fue nombrado jefe del Distrito 10º de la Dirección de Vialidad Nacional, generando controversia por su relación con Almirón y las contrataciones en Virasoro.
En agosto, Almirón fue criticado por nepotismo tras contratar a su suegra y esposa para servicios viales en Virasoro. Además, el 8 de agosto, agresiones físicas y verbales contra la concejal libertaria Guadalupe Cristaldo y la ciudadana María Marta Silva Ortiz. Almirón también enfrenta críticas por la gestión de donaciones a través de la Fundación GEA.
Sofía Brambilla – PRO
Brambilla había sido noticia en abril al asegurar que la Ley Bases sería aprobada con el respaldo del PRO y subrayó, en ese momento, que en adelante la relación con la Nación debe centrarse en garantizar la transferencia de recursos, especialmente en la ejecución de obras.
Parece que Nación no cumplió la promesa porque en una entrevista reciente dijo que: «El Gobierno de Milei tiene suerte de tener al bloque del PRO bancándolo, lo estamos ayudando mucho, en cosas que no se ven».
Jose Federico Tournier – UCR
Tournier es oriundo de Goya y miembro del partido Encuentro Liberal (ELI), sin embargo, en la Cámara de Diputados representa a la UCR. Este movimiento político es parte de una reconfiguración dentro de la alianza ECO-Vamos Corrientes, donde se produjo un intercambio de posiciones entre la UCR y ELI, permitiendo que Tournier, que estaba en la lista de candidatos como tercer suplente, ocupe ahora la banca en la Cámara Baja
Formosa
Fernando Carbajal – UCR
Acorde a su partido, Fernando Carbajal emitió un largo comunicado de repudio que publicó en sus redes sociales, jactándose de su compromiso a defender los derechos humanos y la política de “Memoria, verdad y justicia” de Raúl Alfonsín. Votó en contra.
Respecto a la visita a los genocidas: Entre el negacionismo de los libertarios y la sobreactuación de los kirchneristas, elegimos el camino del Estado de Derecho y la Republica. En el adjunto, lo que paso y lo que pienso pic.twitter.com/F8nD5jKaZk
— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) August 16, 2024
Misiones
Emmanuel Bianchetti – PRO
Junto a Arjol, fue uno de los más criticados por el FTEL. El macrista Bianchetti presentó un proyecto de Ley y cuatro de Resolución, todos relacionados con temas educativos, como establecer la obligatoriedad de la educación inicial
Con respecto a su voto, a través de un duro comunicado el partido Justicialista de Misiones repudió la acción de los Libertarios, así cómo la decisión del cuerpo legislativo que el pasado 14 de agosto no quiso sancionarlos. El partido consideró la acción de la Cámara baja como “antidemocrática, falta de conciencia y de memoria histórica”.
Martín Arjol – UCR
El viernes, docentes de Misiones rechazaron la media sanción de la “Ley Finocchiaro”, que declara la educación como “servicio esencial” y limita el derecho a huelga. El FTEL criticó a varios Diputados, incluyendo a Martín Arjol, así como a la senadora Sonia Rojas Decut, por promover la ley.
Juan Carlos Soto, de Udnam, anunció movilizaciones contra el proyecto, argumentando que restringe derechos de los trabajadores y desvía la atención de problemas como la falta de recursos y salarios. Soto también recordó otros ataques a derechos laborales en Misiones y el incumplimiento de promesas salariales.
Alberto Arrua – Innovacion Federal
Tras su voto Afiliados del PJ misionero solicitaron la expulsión del Diputado Nacional Alberto Arrúa. Este martes por la mañana presentaron una nota manifestando que el pedido es «en función de la inconducta partidaria que reflejan sus votos en el Congreso de la Nación”.
Florencia Klipauka Lewtak – LLA
Klipauka es quizás más conocida por haber votado en contra de la primera Ley Ómnibus, siendo pichettista y luego pasarse a La Libertad Avanza en marzo, donde comenzó a votar a favor del oficialismo.
Su voto en contra no causó tanto revuelo como cuando hace un mes presentó el proyecto de declaración “Ley de Bioinsumos”, una ley que permite a los productores agrícolas utilizar glifosato en sus siembras.
Comisión de Diputados y organismos de DD.HH.
La Diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien formó parte del grupo que se reunió con represores condenados por delitos de lesa humanidad, solicitó también que se investigue al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, según se alega, habría autorizado la visita.
Este martes, durante la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Arrieta argumentó que su objetivo es promover la transparencia y recuperar la credibilidad, señalando que “la credibilidad es lo más importante que uno tiene”.
Por otro lado, el Diputado nacional del PTS-FIT, Nicolás del Caño, también participó en la Comisión y abogó por una investigación urgente. Del Caño propuso la formación de una comisión mixta que incluya tanto a legisladores como a organismos de derechos humanos, para asegurar una investigación exhaustiva y transparente sobre el asunto. La presión por esclarecer estos hechos sigue creciendo en el Congreso.
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