Con lo fanático que es la gestión Libertaria de las efemérides, no es casualidad que en la semana del NiUnaMenos el Gobierno decidiera disolver la Subsecretaría contra la Violencia de Género. La Subsecretaría es lo poco que quedaba del ex-Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Entre sus labores, se encarga de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares.
Lo que antes era un Ministerio ahora estuvo boyando en la incertidumbre. Hace dos semanas, la Subsecretaría pasó de la cartera del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia, donde serían absorbidas algunas de sus funciones. El jueves, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero.
“El martes 4 de junio fuimos notificados por las directoras. La subsecretaria Barcia le pidió a las directoras, que dejaran en claro que la planta de 600 trabajadoras iba a pasar a 100 trabajadoras al otro día,” dijo a NEAHOY, Nani Smith, Secretaria de comunicación del ex Ministerio de Género y Consejo Consultivo de ATE Capital.
En cuanto a cómo se enteraron dentro del organismo, explicó: “nosotros tomamos una medida de fuerza, hicimos una asamblea y en el medio de la misma nos enteramos que la Subsecretaria había renunciado y que el motivo de su renuncia era porque le habían pedido desde el Ministerio de Justicia la disolución completa de la Secretaría”.
El cierre y las no razones
El día viernes el Ministerio de Justicia publicó en su instagram el siguiente Comunicado Oficial. En el mismo explica que se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer en pos de la línea de mandato de Javier Milei de achicar el Estado y eliminar los organismos “politizados.”
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Según Smith, a las trabajadoras no se les dió ninguna explicación “nada más lo que sacaron por Instagram. El Ministerio de Justicia justificaba que se superponían tareas y que no habíamos cumplido con la baja del delito.”
¿A que se refieren con la baja de delito? Desde la ex-Subsecretaría asumen que se refieren a la tasa de femicidios. “Cosa que no es cierta, porque durante nuestra gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la tasa de femicidios bajo un 15%”,afirma la Secretaria de Comunicación.
¿Qué significa esta pérdida para las víctimas de la violencia de género?
El año pasado un total de 665 mujeres en situación de violencia por razones de género recibieron asistencia de la Secretaría de la Mujer y Diversidad. En el 2022, de enero a noviembre, se relevaron un total de 776 casos de violencia y vulneración de derechos.
Del total del primer semestre del 2023, el 54% de las víctimas solicitó acompañamiento de manera espontánea, el 41% de los casos ingresaron por oficina judicial y un 4% por derivación interinstitucional y vía telefónica. Y, en el 54% de las situaciones se realizaron denuncias.
Respecto de los tipos de violencia por razones de género el 88% es psicológica, el 69% económica y patrimonial, 65% física, 46% ambiental, 45% simbólica y 26% sexual. Además, durante el primer semestre del 2023 brindaron alojamiento proteccional a 12 personas en situación de violencia y vulneración en el Hogar de Protección Integral.
“Nosotras tenemos una línea que atiende las 24 horas, es una línea gratuita», ejemplifica Smith. “Esta es una de las políticas públicas que se retiran.” Se refiere a la línea 144 que era anónima, gratuita y nacional. “Que el Estado se retire es terrible, podemos brindar asistencias como militantes, como organizaciones políticas, pero no como cumple el Estado que es de forma directa.»
El Poder Ejecutivo está ignorando sus obligaciones fijadas por la Ley Nacional y las Convenciones Internacionales
Sin embargo, hay un problema: la medida expresada por el Gobierno Nacional ignora la Ley 26.485 de “Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres” que está sostenida no sólo en la legislación nacional sino también en Convenciones Internacionales.
Nuestro país ha firmado tratados internacionales ratificados que comprometen a la Argentina en avanzar, sostener y garantizar el principio de progresividad en la conquista de los Derechos Humanos. Por ejemplo, está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), un instrumento internacional fundamental que protege los derechos humanos de las mujeres y que desde 1994 tiene jerarquía constitucional.
La misma fue posible de ratificar gracias a la institucionalización de las políticas de género que en 1992, con Carlos Saúl Menem, el ídolo de Milei, crearon el Consejo Nacional de las Mujeres. Fue el primer organismo nacional para la aplicación de políticas públicas de género que hoy desaparece de la esfera pública nacional.
“Nosotros tenemos tratados internacionales, organismos internacionales también que han apostado a este Ministerio”, explica Smith. “Tenemos cláusulas, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio que fue donado por el Ministerio de Economía y la cláusula para el uso de ese edificio es que sea habitado por políticas contra la violencia. Entonces existen tratados que impiden que se tomen estas decisiones y no se dan cuenta de que hay leyes y tratados que no pueden romper.”
La apelación
Hoy, las trabajadoras del Ministerio se presentaran frente a la Cámara de Diputados para poder establecer y contar qué es lo que el Gobierno Nacional está incumpliendo, punto por punto. En el calendario de Diputados, la misma figura como “Fueron invitados especialistas con el objeto de abordar la situación de desmantelamiento de la institucionalidad de género y diversidad en Argentina.”
La líder del bloque justicialista en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, Mónica Macha, se unió a las trabajadoras en las puertas del antiguo edificio de la Subsecretaría.
En sus palabras, el gobierno de Milei ha añadido otro eslabón a la cadena de acciones que atentan contra mujeres, lesbianas, travestis y personas trans. Criticó la promoción de discursos de odio, la tolerancia hacia la violencia y la negación de la desigualdad de género por parte de la administración. Macha subrayó que la disolución de esta área no solo afecta la política pública, sino que también envía un mensaje preocupante a la sociedad: que la violencia contra las mujeres no es una prioridad.
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