Tras el Congreso Extraordinario que se llevó adelante este jueves, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó que el próximo lunes 26 de febrero realizará un paro nacional con una gran marcha a Plaza Pizzurno y movilizaciones provinciales como respuesta al brutal ajuste educativo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y ante la actitud de Casa Rosada frente a las negociaciones de paritaria docente, según aseguraron fuentes de ese sindicato.
Si bien Nación convocó a una reunión para el martes 27, a la cual técnicamente no llaman “paritaria nacional”, desde los gremios desconfían del objetivo del cónclave y creen que el objetivo es “desactivar” el plan de lucha de los trabajadores.
Desde Ademys CABA señalaron más temprano que llevarán a cabo una asamblea abierta de afiliadas y afiliados, desde las 18, con el objetivo de “discutir y resolver un plan de lucha de paro y no inicio de clases” frente a los embates de la gestión actual.
En repetidas ocasiones, exigieron la convocatoria a un paro para el lunes “que tenga continuidad” para que las diferentes provincias y jurisdicciones no luchen “por separado”.
Ahora, dicho paro nacional es una realidad y lógicamente, tal como solicitaron, se van a adherir.
Las provincias que se verán afectadas por el paro nacional del lunes 26 de febrero serán la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
El martes, por su parte, lo harán Catamarca y La Rioja, y el jueves, Santa Cruz; aunque resta esperar qué sucederá con el encuentro que tendrán los cuatro gremios nucleados en la CGT (AMET, CEA, SADOP y UDA).
Si bien decidieron “dejar en suspenso el paro” por la convocatoria del Gobierno -antes de la determinación de CTERA-, manifestaron en un comunicado que “se mantienen en estado de alerta (…), en espera de los resultados de la reunión del día martes”, añaden.
En este marco, repleto de dudas en relación a las intenciones del Ejecutivo y con muchas tensiones en la relación con los docentes, el Gobierno nacional analiza declarar la educación como servicio esencial.
“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”, confirmó el portavoz Manuel Adorni en la conferencia del último martes.
“No significa mejorar salarios o aumentar los presupuestos educativos para construir escuelas y bibliotecas, para que haya mayores recursos, para entregar libros o mejorar salarios docentes sino que intenta limitar e impedir el derecho a huelga. Sobre esto, la justicia ya dictaminó que es inconstitucional y estaba en la Ley Ómnibus que cayó por la movilización popular”, remarcaron a este medio desde Adeyms.
Más allá de la discusión por la paritaria docente, hay diversas áreas de Educación que se vieron afectadas y brutales recortes que complicaron la relación entre gremios docentes y Nación.
Entre ellos, se destacan: el fin del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador de Desigualdad Salarial, el aumento del 450% de la canasta escolar, el desfinanciamiento de los comedores escolares -con un 57% de pobreza en el territorio-, el ninguneo a la Ley de Financiamiento Educativo -que influye, entre otros, en la parálisis de obras de infraestructura- y lógicamente, la disputa de la paritaria.
Fuente: El Destape.
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